La ‘S’ y la creación de empleo en el desarrollo de los criterios ASG

La sostenibilidad social de las compañías exige la generación de valor para sus grupos de interés y debe dar resultados positivos a largo plazo

Como todos bien sabemos, los criterios ASG o ESG se clasifican en tres grandes grupos: criterios ambientales, ampliamente establecidos y desarrollados ya en la gran mayoría de los informes de sostenibilidad de las grandes empresas; criterios de gobierno corporativo, también profundamente desplegados en la mayoría de las compañías y reclamado por parte de los organismos reguladores; y por último, los criterios sociales, esto es, los relacionados con la gestión de las compañías hacia las personas afectadas por su actividad, desde empleados, proveedores, clientes, accionistas, partes interesadas y conjunto de la población.

Aun siendo inicialmente el germen de lo que podría considerarse como inversión socialmente responsable o responsabilidad social corporativa, lo social es lo que menos desarrollo ha tenido a lo largo de estos años dentro de los criterios ASG en cuanto a la cuantificación y medición de sus objetivos. Siendo más exactos, existen unos objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pero no se han fijado con claridad los resultados clave que se pretenden lograr.

Las razones de esta falta de desarrollo tal vez estriben en la dificultad que existe en establecer unos objetivos cuantificables y medibles en lo que lo social se refiere. La fijación de objetivos y resultados claves es absolutamente necesario para lograr lo propuesto –“lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar (William Thomson Kelvin)”–, pero esta fijación de objetivos medibles, como cualquier sistema de gestión, puede aplicarse bien o mal.

Un ensayo de Harvard Business School del año 2009 señalaba que la fijación de objetivos demasiado estrictos puede generar un efecto de visión túnel que puede dar lugar a comportamientos poco éticos, con asunción de mayores riesgos, haciendo que disminuya la motivación y la cooperación en las compañías. Recientemente hemos visto las acusaciones de greenwashing que afronta una gestora de fondos alemana por calificar un volumen enorme de activos como activos integrados de ESG, utilizando para ello unas valoraciones cuando menos subjetivas. Podríamos pensar que si existen unos objetivos y resultados clave desde el punto medioambiental y de gobierno corporativo, las empresas con alta puntuación en ambos criterios también desarrollarían criterios sociales y calificarían alto en los mismos, pero parece que esto no es necesariamente así.

En la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad de febrero de 2022, el foco social se centra en tres conjuntos de especial interés: empleados o colaboradores, clientes o consumidores y partes interesadas (que englobaría proveedores, accionistas y conjunto de la población).

La sostenibilidad social de las compañías exige la generación de valor para todos estos grupos de interés y debe dar resultados positivos a largo plazo. Ahí es nada. ¿Cómo se consigue esto? A través de la generación de una cultura corporativa establecida sobre valores. Las compañías son personas, sobre todo personas, pero también políticas, procesos, conductas, planes, riesgos, compromisos y resultados, y todo eso es medible.

Lo que resulta más interesante de todo este proceso es la traslación que se está produciendo desde el Estado hacia las empresas no solo desde el punto de vista de responsabilidad sino de creación de valor social.

Recientemente hemos visto, con satisfacción, en algunos informes de compañías privadas y centros especiales de empleo lo que llaman tasa social de reversión o tasa de retorno social. Esto es la medida para definir la reversión a la sociedad de cualquier tipo de ayuda que una compañía reciba en concepto de ayudas y prestaciones del Estado, comunidades autónomas, etc., frente a lo que la actividad de la compañía retorna nuevamente a la sociedad en concepto de salarios de los trabajadores, cotizaciones sociales, IRPF, IVA, impuesto sobre sociedades…, y que en muchos casos supera las tres veces. Es decir, se generan tasas sociales de reversión de más de tres veces.

Esto quiere decir que las empresas privadas en colaboración con la Administración pública son capaces de generar bienestar social a mayores niveles y de forma más eficiente que actuando cualquiera de las dos de forma separada.

La mejor política social es la creación de empleo. Mantra repetido por políticos, representantes públicos, empresarios, incluso médicos, al hablar de la tan importante salud mental. El empleo es fundamental y es la base del bienestar económico, físico y mental de las personas.

En consecuencia, el crecimiento en número de empleados debería ser un medidor básico para incorporar en todos los informes de sostenibilidad. Junto con la protección social, los derechos laborales de los empleados y colaboradores, la formación de los mismos, la no discriminación y equidad en los sueldos, la inclusión de trabajadores con discapacidad, el mantenimiento y la promoción en los tres grupos de interés de los derechos económicos y sociales, el mantenimiento de políticas de privacidad en cuanto a datos personales, el ejercicio de un marketing responsable, el establecimiento de políticas de protección social, la producción de productos o servicios que mejoren la calidad de vida y sean duraderos y sostenibles. Todo esto es medible y cuantificable. En fin, lo dicho, personas, personas y personas, pero también procesos, políticas, planes, conductas, códigos, compromisos y resultados.

Javier López Casado es Presidente de Finaccess Value AV y presidente de Soltra