Premios y castigos bursátiles al buen gobierno corporativo

Los escándalos de malas prácticas pasan una costosa factura. Las decisiones polémicas y controvertidas de menor calado también tienen efecto, aunque difícil de cuantificar pese al auge de los rating en materia ESG

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Un escándalo de malos tratos puede llevarse por delante la mitad de la cotización de una compañía en apenas tres sesiones. Le ocurrió a finales de enero a la multinacional francesa de residencias de ancianos Orpea, a raiz de la publicación de un libro que denunciaba las malas prácticas sistemáticas en el trato a los mayores y una gestión que primaba los beneficios en perjuicio de la atención. El escándalo se llevó por delante al consejero delegado y ha desembocado en una investigación por parte de las autoridades sanitarias francesas, con las que Orpea mantiene importantes convenios que sostienen su negocio.

El derrumbe de su cotización, del que Orpea sigue sin recuperarse, es la respuesta obvia a una crisis que va a exigir una revisión de la actividad de la compañía e inversiones con las que mejorar la calidad de su atención a los ancianos, impactando con ello en los beneficios. Y es además un ejemplo evidente de cómo un mal gobierno corporativo, que desatiende valores elementales de respeto y cuidado, con graves consecuencias humanas, pasa una dura factura en Bolsa.

Los accionistas cada vez se implican más con la denominada inversión responsable, alineada con criterios de respeto al medio ambiente, la sociedad y el buen gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés). Y las empresas ya han interiorizado en su gestión estos criterios, en respuesta a esa demanda de sus accionistas. El impacto de las malas prácticas en las cotizaciones bursátiles se hace evidente sin embargo solo en las situaciones más escandalosas.

Volkswagen dio la campanada en septiembre de 2015, cuando se conoció que había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015. Fue el inicio de un calvario empresarial del que tardó años en recuperarse. También han sufrido los rigores bursátiles por malas prácticas Facebook –que en 2019 encajó multas milmillonarias por una gestión irresponsable de los datos de sus usuarios y la vulneración de su privacidad– o la minera brasileña Vale, protagonista de una tragedia medioambiental en 2019.

La reacción de los inversores ante tales escándalos era inevitable pero, sin esperar a crisis de tal magnitud, la responsabilidad en materia ESG ha empezado a calar como lluvia fina entre los inversores y ofrece su mejor ejemplo en las juntas de accionistas. “Es donde se hace más evidente la preocupación de los inversores por el buen gobierno, en los puntos que tienen que ver con la composición del consejo de administración y con su retribución”, explica Borja Miranda Johansson, responsable de fusiones y adquisiciones y activismo para Europa del proxy solicitor Morrow Sodali.

Miranda señala además que la presión de los accionistas está introduciendo un nuevo orden del día en las juntas, la aprobación de un plan de transición energética, tal y como empezó a serlo en su día la política de remuneración de la directiva, que ya por regulación debe someterse a la junta. Así, Aena ha sido la primera compañía del mundo en llevar a la junta de accionistas de forma voluntaria su plan de transición climática, a iniciativa de su accionista The Children’s Investment (TCI).

Según explica Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, “el buen gobierno corporativo por supuesto que influye en las cotizaciones, aunque es muy difícil estimar cuánto. La gran pregunta que deben hacerse los inversores es si una mala práctica es algo anecdótico, un desliz que puede suceder en cualquier organización grande, o algo sistémico que puede poner en riesgo la salud a largo plazo del negocio. La experiencia demuestra que cuando una compañía va a la ruina, suele ser por una mala ética en la gestión”.

Las malas prácticas contables fueron las que se llevaron por delante Banco Popular. Sin embargo, también hay decisiones de gobierno corporativo que sin llegar a esos extremos, provocan cierta sacudida en las cotizaciones, aunque sea pasajera y finalmente cuente con la indulgencia o el voto de confianza de los accionistas. Sucedió con el fichaje fallido de Andrea Orcel como consejero delegado de Banco Santander, que le ha supuesto una costosa indemnización a la entidad que preside Ana Botín, o con la designación de Marta Ortega, hija del fundador y principal accionista de Inditex Amancio Ortega, como presidenta de la compañía en sustitución del veterano Pablo Isla.

Los accionistas están alerta. Los consejos de administración ya no pueden tomar decisiones con la ligereza ni las manos libres de antaño, aunque calibrar el impacto bursátil de los principios corporativos resulta difícil.

Cómo ponerlo en precio

La comunidad inversora sí es unánime en que un buen gobierno es sinónimo de buena gestión y una positiva trayectoria bursátil, pero la evaluación de ese compromiso con las buenas prácticas tiene todavía muchas luces y sombras. Y zonas oscuras donde puede crecer el falseamiento de esas supuestas buenas prácticas respetuosas con el medioambiente o la diversidad social y de género. Es lo que se conoce como greenwashing y que también es capaz de pasar factura a sus supuestos autores. DWS sufrió una fuerte caída en Bolsa el verano pasado al conocerse que la SEC y el regulador investigaban a la gestora por haber etiquetado de forma errónea sus fondos sostenibles.

“Valorar el grado de compromiso de una compañía con las buenas prácticas ESG presenta varios problemas. No hay una definición única de qué es sostenibilidad. Tampoco hay una metodología única para medirlo, como demuestra que mientras los rating tradicionales de distintas agencias coinciden al 90%, la coincidencia en las calificaciones ESG se reduce al 50% ó 60%. Y además, hay muchas maneras de presentar la información de las políticas ESG, demasiado ruido”, explica Ramón Pueyo.

Hay numerosas firmas especializadas en la valoración de la sostenibilidad y los compromisos ESG de las compañías, como Sustainalytics, MSCI o Vigeo Eiris, de la agencia Moody’s o la propia S&P. Son una de las referencias clave de los inversores si bien, como apunta Pueyo, sus valoraciones no son uniformes, lo que revela el distinto rasero, y el diferente rigor, con que se califica el compromiso medioambiental o las prácticas de buen gobierno corporativo de una compañía.

En el mercado de deuda sí ha habido un esfuerzo regulatorio por dar la máxima autenticidad a los bonos verdes, por acreditar que la financiación que logra una empresa se destina a verdaderos proyectos de sostenibilidad. “En el momento actual, un bono que se califica de verde, realmente lo es. Y su coste resulta más barato para el emisor que uno convencional”, señalan desde el área de mercado de capitales de un banco extranjero. En las emisiones convencionales, sin la etiqueta verde, los inversores también van a mirar con detalle los rating de sostenibilidad de una compañía. “Es importante tener un buen rating ESG para cualquier emisión”, añaden. Los criterios ESG están contribuyendo incluso a facilitar los procesos de refinanciación de algunas compañías, como Mango, que se ha comprometido ante sus acreedores a alcanzar en 2025 un 100% de uso de algodón sostenible.

La ESG y la guerra

El interés por la inversión sostenible se disparó con la pandemia y ha tomado nuevo impulso con la guerra de Ucrania y la necesidad de la UE de apostar por las renovables y reducir su dependencia del petróleo y gas ruso. El conflicto también ha abierto un nuevo foco para el gobierno corporativo. El mercado ha presionado a las compañías con exposición a Rusia a abandonar el país. Casi nadie ha querido arriesgarse a permanecer sabiendo que sus accionistas, y la opinión pública, iban a estar en contra.

La polémica interminable que rodea a Iberdrola

Caso Villarejo. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán afronta una grave crisis reputacional por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para seis supuestos encargos de espionaje. Su presidente ya declaró por ello en la Audiencia Nacional como imputado y el juez instructor aún tiene pendiente decidir si imputa también a Iberdrola como persona jurídica. El caso ya le ha causado un importante revés en EE UU, donde el regulador rechazó por ese motivo la compra de PNM Resources. Sin embargo, la acción cuenta con el claro favor del mercado. “Los inversores saben que hay un conflicto grave de reputación pero prefieren no adelantarse a una sentencia judicial”, explican fuentes financieras.