Los siete desafíos a los que se enfrenta el nuevo gobierno para mejorar la vida en Castilla y León

Los bajos salarios y la falta de empleo cualificado agravan la despoblación en la comunidad Cinco de las nueva provincias se enfrenta a una preocupante falta de cotizantes para sostener las pensiones

Infografía: Belén Trincado

Una vez pasadas las elecciones llega el momento más importante: gobernar. La nueva administración se enfrenta a una fuga de talento joven que no cesa. Los bajos salarios y la pérdida de músculo empresarial agravan la situación que se vive en Castilla y León. Estos son los siete desafíos de la comunidad más extensa de España.

1. Despoblación: A pesar de ser la comunidad más extensa de España, Castilla y León era en 2019 el territorio menos habitado del país, según la información oficial del Consejo Económico y Social de la autonomía. La despoblación es tan intensa que de los 2.248 municipios que tiene, más de 1.500 no alcanzan los 10 habitantes por km2, y de ellos, el 43% ni siquiera los 5 habitantes. Las proyecciones a futuro son aún más preocupantes; de aquí a 2035 Castilla y León será la segunda región que más población perderá, solo por detrás de Asturias, según constata el documento España 2050 presentado por el Gobierno en mayo del año pasado. Se trata, en suma, de regiones que están abocadas a desaparecer a medio plazo si el gobierno autonómico no fomenta su repoblación.
2. Falta de jóvenes: El éxodo rural tiene rostro joven. En una década, Castilla y León ha perdido 113,830 personas menores de 30 años, según el INE. Actualmente, representan el 24,7% de la población local. Una tasa que se encuentra casi cinco puntos por debajo de la nacional. Su ausencia se ve agravada por el envejecimiento de los habitantes, pues el 33,2% es mayor de 60 años. La tasa está siete puntos por encima de la nacional (26%) y las estimaciones indican que la tendencia se mantendrá durante la próxima década, de tal suerte que para 2035 será la segunda comunidad más habitada por personas con 65 años o más, según las proyecciones gubernamentales.
3. Desempleo: Castilla y León cerró 2021 con un paro del 10,33%, tres puntos por debajo del desempleo nacional. No obstante, detrás de esa diferencia se esconde una menor tasa de generación de empleo de la comunidad, según admite el Consejo Económico y Social. A ello se suma la falta de gente en edad de trabajar. Desde 2010 no ha dejado de menguar su población activa, pasando de 1.195 millones a 1.102 millones en 2021, según la última EPA autonómica. Se trata de un reflejo más de la fuga de habitantes, fomentado por un contexto laboral en el que escasean empleos cualificados. El problema se agrava por la pérdida de talento, pues el 60% de sus emigrantes tienen estudios universitarios, frente al 31% de la población que se queda, según consta en el informe Del éxodo rural al éxodo interurbano de titulados universitarios: la segunda oleada de despoblación.
4. Salarios y precios: Desde hace años Castilla y León libra una batalla por equiparar sus salarios medios a los del conjunto del país. El año pasado los castellanoleoneses ganaban un 12,1% menos que el promedio nacional, lo que redunda en un peor nivel de vida de los trabajadores y un aumento de la migración. Por otra parte, la evolución de los precios coloca la venta de bienes y servicios de la comunidad en una posición de desventaja frente al resto de regiones de España. Al cierre de 2021 la inflación se disparó hasta el 7,3% en Castilla y León, ocho décimas más que la media del país (6,5%), según el INE.
5. Pensiones: La comunidad se enfrenta a una preocupante falta de cotizantes por pensionista. De acuerdo con el informe España 2050, para ese entonces el país tendrá 1,5 afiliados por cada pasivo, lo que haría insostenible el sistema de pensiones. El problema para Castilla y León es que, a día de hoy, cinco de sus nueve provincias ya están en ese escenario. Se trata de Palencia (1,47), Zamora (1,19), León (1,12), Salamanca (1,47) y Ávila (1,3). Las cifras demuestran una vez más, que su fuerza laboral es decreciente mientras que avanza la masa de jubilados. Se trata de un problema que solo puede solucionarse con el avance intenso de la ocupación, pero actualmente España vive un contexto de baja fecundidad, crecimiento natural negativo y escasa afluencia de inmigración extranjera hacia las regiones rurales.
6. Fondos europeos: El dinero que llega desde Bruselas se debe aprovechar no sólo para superar los efectos de la pandemia, sino para modernizar el tejido productivo. A Castilla y León se le presenta el reto de dotar de mayor protagonismo a la industria, pero primero debe garantizar la conexión a internet de todo el medio rural, mejorar la asistencia médica a las personas mayores y paliar la despoblación. Entre medias está la transición verde con proyectos de agricultura y ganadería ecológica, las centrales termosolares, la rehabilitación energética de vivienda y la restauración de ecosistemas, en particular de las zonas degradadas por las explotaciones mineras. Con estos objetivos en mente, el Gobierno asignó a la comunidad 742 millones de los 11.151 millones repartidos en 2021 como parte del Plan de Recuperación.
7. Tejido empresarial: De acuerdo con los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), en Castilla y León se contabilizaron 157.131 empresas en 2021, lo que representa una pérdida de más de 4.000 compañías respecto a 2019, previo a la pandemia. Ya antes del estallido del Covid, la comunidad se caracterizaba por disponer de una densidad empresarial inferior a la del total nacional, con 61,3 negocios por cada 1.000 habitantes mientras que la media española era de 71,5, según un informe de Caixabank Research publicado el año pasado. De acuerdo con el mismo informe, la región se encuentra por debajo de la media española en empresas innovadoras. Para mejorar en este aspecto es necesario el fomento de las colaboraciones público-privadas a escala sectorial que faciliten la adquisición de conocimiento a las empresas pequeñas a fin de mejorar su competitividad.