Por qué los expertos piensan que el nuevo mecanismo de equidad es inequitativo e insuficiente

Investigadores de Fedea argumentan que la herramienta aprobada para garantizar un sistema saneado exigirá más esfuerzos a los jóvenes y no recaudará lo suficiente

La nueva reforma de las pensiones sigue recolectando críticas de una parte de los expertos en materia de Seguridad Social. Angel de la Fuente investigador de Fedea, del Instituto de Análisis Económico y del CSIC; Miguel Angel García Díaz, de la Universidad Rey Juan Carlos y Fedea; y Alfonso R. Sánchez, también de Fedea, tres de los académicos que más conocen esta cuestión acaban de hacer un análisis para este último think tank, que supone un duro diagnóstico de la nueva ley, que consideran “un paso atrás en términos de la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues contiene cambios que aumentarán muy considerablemente el gasto en pensiones durante las próximas décadas sin introducir medidas compensatorias significativas en materia de contención del gasto o incremento de los ingresos”.

Así aseguran que los incentivos al alargamiento de las carreras laborales tendrá, en el mejor de los casos, un efecto neutro; y menos efectos positivos tendrá aún el traslado al Estado del grueso de gastos “impropios” del sistema, que en general no son tales. “Esto cambia el agujero de sitio, pero ciertamente no lo cierra y podría tender a aumentarlo si sirve para transmitir a la ciudadanía la impresión de que no hay ningún problema con el sistema de pensiones”, advierten. Si bien, dicho esto, centran sus críticas en el diseño del que consideran “mal llamado” Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) al aportar datos que indican que no solo es inequitativo sino también claramente insuficiente para restaurar el equilibrio del sistema.

Así, estos expertos en pensiones niegan la mayor de la reforma ya en vigor, al asegurar que “su contribución a la equidad intergeneracional es más que dudosa”. Su argumento para sostener esto es sencillo: la única medida que ya se especifica en el mecanismo es un aumento de las cotizaciones que eleva la carga fiscal sobre los activos —en lugar de reducirla, como hubiera hecho el derogado factor de sostenibilidad a través de un mayor control del gasto—.

Esto se traduce, según explican en que “la nueva normativa tiende a perjudicar a las cohortes más jóvenes, que son precisamente las que merecerían un respiro dado que su menguante tamaño en relación con el stock de jubilados exigirá un aumento significativo de su carga fiscal”. Así, aunque estas cohortes perciban una pensión en condiciones similares a las actuales, los investigadores de Fedea resaltan lo evidente: que se les exigirá un esfuerzo de cotización más elevado que a sus mayores.

En cuanto a la denuncia de insuficiencia para la sostenibilidad que hacen la justifican en que la subida de seis décimas de las cotizaciones sociales generará previsiblemente unos ingresos anuales en torno al 0,20% del PIB, lo que supondría unos 2.200 millones de euros en 2020, según ha calculado otro experto, Enrique Devesa. Esta sería, a todas luces, una cuantía muy inferior a la que sería necesaria para restaurar la sostenibilidad del sistema.

De hecho, estos autores muestran como referencia, que la Seguridad Social presentaba en 2019, el último ejercicio antes de la crisis del Covid y del inicio del trasvase de su déficit al Estado, un déficit de unos 16.600 millones 4 de euros o un 1,3% del PIB,1 que previsiblemente tenderá a aumentar con el tiempo como resultado del rápido proceso de envejecimiento que estamos experimentando. A lo que hay que sumar los efectos de haber eliminado el factor de sostenibilidad, que actuaba sobre el gasto de los futuros pensionistas, que vivirán más años, para entregarles pensiones equitativas a las que se han recibido hasta ahora.

Todo ello indica que antes de llegar a la fecha de 2033 –cuando empezará a poder utilizarse el fondo que se va a crear con el aumento de seis décimas de las cotizaciones-- estos autores consideran que “no está claro que el sistema de pensiones no vaya a presentar déficit durante el período 2023-32, con lo que el fondo de reserva podría verse anulado por una acumulación de deuda que lo dejaría prácticamente sin sentido. De hecho, “salvo que se continúe ampliando la lista de gastos supuestamente impropios cuya financiación asume el Estado, todo apunta a que la Seguridad Social se mantendrá en números rojos de aquí al 2032”, incluso sin nuevas crisis económicas.

En este escenario, las previsiones existentes de organismos oficiales y expertos sitúan el coste del núcleo de la contrarreforma de pensiones en curso, medido en términos de gasto adicional en 2050, entre los 3,2 y los 4,7 puntos de PIB. “Pero ese incremento del gasto no llegará de golpe en 2050 –advierten-- sino que se irá generando de hoy en adelante, absorbiendo un volumen acumulativo de recursos muy significativo durante las próximas tres décadas”. En ese caso, suponen que si este incremento se produjera en un ritmo uniforme, el aumento del gasto anual en pensiones de entre 1,60 y 2,35 puntos de PIB durante los próximos treinta años, entre 8 y 12 veces más de lo que se recaudará anualmente con la subida de cotizaciones que incluye el MEI, que además sólo se aplicaría durante 10 años.