Reforma laboral: fuese, y no hubo nada

La montaña ha parido un ratón, pero eso dista mucho de ser negativo,

y es, por el contrario, una buena noticia

Al matasiete (en sentido figurado, con referencia al ambiente colectivo y no a una persona u organización en concreto) de la reforma laboral, que lleva ya un par de años con la tabarra de la “derogación íntegra” de la normativa de 2012, con la cantinela de la inminente recuperación de los derechos laborales “injustamente expropiados” y con la amenaza de quebrar el espinazo de la malvada patronal a golpe de BOE, le viene como anillo al dedo el poema cervantino al que recurro para titular este artículo, del valentón que, en el momento crítico caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. Si analizamos el reciente acuerdo tripartito para la reforma laboral, no podemos sino concluir, en efecto, que la montaña parió un ratón. Lo cual, sin embargo, dista mucho de ser negativo y es, por el contrario, una buena noticia.

Una vez propinado el pellizco de monja que contienen las líneas precedentes, he de reconocer que estamos ante un buen acuerdo, por el que hay que felicitar a todo sus protagonistas: al Gobierno, por una parte, que ha sabido aparcar planteamientos extremistas y propiciar un acuerdo equilibrado; a los sindicatos, que han debido de hacer un ejercicio de realismo y de flexibilidad; y, sobre todo, a la representación empresarial, comandada por la CEOE, que ha marcado en los momentos decisivos el rumbo de la negociación y que ha convertido una debacle anunciada en una clara victoria de lo esencial de sus planteamientos.

Tras las felicitaciones, las reflexiones. Una primera. Este acuerdo nos debería curar definitivamente del síndrome de Penélope que aqueja a una política inmadura e impropia de una democracia consolidada. No podemos perdernos en un continuo tejer y destejer de leyes y políticas. Es descorazonador que muchos programas políticos se construyan mirando al pasado y no al futuro. No debería merecer ningún aval ciudadano la propuesta de derogar íntegramente la normativa aprobada por el Gobierno precedente, para partir continuamente de cero. Esa propuesta encierra la idea perversa de que el contrincante no tiene legitimidad –aunque venza en las elecciones– para desarrollar sus políticas legislativas, económicas y sociales.

Nada más antidemocrático que esa admonición, dirigida al adversario político, de “ustedes nunca gobernarán”, o nunca volverán a gobernar. El pluralismo político que consagra nuestra Constitución implica que, en el marco de ella, tienen cabida planteamientos diversos de política legislativa y que todas las fuerzas políticas tienen derecho a desarrollarlos. La legislación siempre tendrá que avanzar, habrán de corregirse deficiencias normativas y errores de planteamiento, pero hay que partir del principio de que el otro siempre tiene algo de razón y de que en relación con el núcleo esencial de determinadas políticas es preciso buscar un amplio acuerdo de estabilidad y de permanencia que permita tanto desarrollar políticas propias, que pueden ser muy diferenciadas entre sí, como mantener una continuidad en lo esencial, avalada por un amplio acuerdo al respecto. El lamentable estado de nuestra educación, y la alarmante deriva de la misma en estos últimos tiempos, debería ser suficiente vacuna ante ese tipo de planteamientos adanistas. La tentación totalitaria comienza cuando un partido, un líder o un grupo se considera en posesión de la doctrina correcta, que justifica el intento de exclusión de todos los que no comulguen con ella, porque no se les reconoce ninguna parte de razón.

Y una segunda reflexión, para fundamentar por qué creo que estamos ante un buen acuerdo y que el papel de CEOE ha sido determinante en su consecución. El acuerdo es bueno porque alumbra una reforma equilibrada, que no es el mal menor, como se ha dicho, sino la mejor que podía obtenerse en el contexto de los actuales equilibrios políticos y sociales y que da una imagen de continuidad y de estabilidad, lejos de ese continuo tejer y destejer al que me refería. Y en la concreción normativa del acuerdo, la representación empresarial ha conseguido mantener las claves fundamentales del sistema de relaciones laborales. Que no es, obviamente, el del siglo XXI; siguen siendo relaciones laborales del siglo XX, y responden a un modelo ya sobrepasado, que habrá que revisar por medio de un proceso amplio de debate y de reflexión, que permita construir un nuevo modelo para afrontar en mejores condiciones, y con garantías de una cierta estabilidad, los desafíos de las nuevas realidades económicas, laborales y empresariales. Pero eso no se consigue de un día para otro ni debe afrontarse en una mesa de negociación como la que ha adoptado el acuerdo, sin un previo proceso de estudio y de reflexión en el que también los estudiosos deben olvidar los sectarismos y aceptar que todos pueden tener algo de razón.

Lo fundamental del acuerdo de reforma, en mi opinión, es que salvaguarda la libertad de empresa, y esto es muy importante. La libertad de empresa ya sufre los embates de un a veces desmedido intervencionismo administrativo y de una doctrina judicial que no ha interiorizado lo suficiente el mandato constitucional al respecto, pero una embestida legislativa hubiese sido letal. También se mantiene la flexibilidad introducida en las relaciones laborales (aun con absurdas excrecencias corporativas heredadas del franquismo), salvando la regulación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la posibilidad de descuelgue de los convenios colectivos y la normativa del despido, cuyos preceptos reguladores no se tocan.

En materia de contratación, si se manifiesta un intento de reducir la temporal, se hace a través de fórmulas lo suficientemente genéricas como para permitir un juego relativamente amplio de los contratos de duración determinada, y se introduce una nueva regulación del contrato de trabajo fijo discontinuo que, bien utilizado, puede ser un importante instrumento para la gestión flexible del empleo. Las posibilidades de externalización de actividades de la empresa, a través de contratas y subcontratas, se mantienen y se establece un régimen jurídico incluso más claro y seguro que el precedente. Y, por último, el modelo de negociación colectiva no se toca, salvo por un reforzamiento de la ultraactividad, de muy relativa importancia en la práctica, y por la prohibición de que los convenios de empresa que concurran con uno sectorial puedan reducir los salarios fijados en este último. Esto no se ha entendido muy bien, y se ha afirmado que los convenios de empresa prevalecen sobre los sectoriales, pero quedan sometidos a ellos en lo referente al salario. No es así: no existe jerarquía entre convenios y el principio sigue siendo el de que ningún convenio puede ser afectado, durante su vigencia, por otro de distinto ámbito. Por tanto, una empresa con convenio propio no está sometida al sectorial en ninguna materia, tampoco la salarial. Y un convenio sectorial tampoco podría ser afectado, durante su vigencia, por un convenio de empresa posterior. Lo que prevé la ley es que, como excepción a ese principio, una empresa que no tenga convenio propio y deba aplicar el sectorial, pueda, durante la vigencia de este, negociar un convenio de empresa que establezca condiciones distintas de las del convenio sectorial, con excepción de las referidas a la cuantía del salario.

En definitiva, el acuerdo alcanzado, y la normativa que ha de plasmarlo, constituye una magnífica noticia para la economía y para las empresas españolas y debe restablecer la confianza de los inversores en un entorno empresarial que es capaz, a pesar del marco político (piove, ¡porco governo!) de defender y hacer respetar los pilares esenciales, desde el punto de vista laboral, de la actividad creadora de riqueza.

Federico Durán López es catedrático de Derecho del Trabajo y consejero de Garrigues