¿Impulsarán los mercados un mundo más sostenible?
La Ley de información no financiera española contribuirá al cambio cultural de las empresas
Históricamente, los mercados financieros siempre se han asociado a una versión del capitalismo carente de valores o compromiso solidario. Sin embargo, el concepto de inversor es, cada vez más, sinónimo de responsabilidad. Paradójicamente, su papel puede ahora resultar crucial para la tan necesitada transformación de nuestro planeta en un lugar sostenible.
Tal y como destaca el World Economic Forum en el documento Convertir los riesgos sistémicos en retornos sostenibles, existe una tendencia creciente por parte de los grandes capitales para diversificar sus carteras con oportunidades de inversión a largo plazo en activos sostenibles o con potencial transformador.
Desgraciadamente, algunas de las zonas geográficas que más necesitan esta inversión –y que podrían producir los mayores retornos ajustados al riesgo— no pueden acceder a estos recursos por su alto riesgo político y la carencia de una suficiente seguridad jurídica.
El interés por realizar inversiones encuentra una barrera clara en la ausencia de condiciones óptimas para materializarlas en determinadas regiones. Para tratar de superar este obstáculo, tanto los actores financieros y económicos como los reguladores impulsan la adopción de medidas de vigilancia de riesgos sistémicos por parte de las empresas. Las categorías de control son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
En este contexto, España aprobó en 2018 la Ley de información no financiera, que solicita a algunas empresas que faciliten datos más allá de los económicos en un nuevo informe: el Estado de Información No Financiera (EINF). Este documento obliga a las empresas a revelar el impacto de su actividad en cuestiones ambientales, sociales, de derechos humanos, lucha contra la corrupción o igualdad. La información presentada debe ser precisa, comparable y verificable. Desde este año, es obligatoria para todas las sociedades de capital con más de 250 trabajadores que tengan la consideración de entidades de interés público según la legislación de auditoría de cuentas, cuyos activos superen los 20 millones de euros o con un volumen de negocio mayor a 40 millones.
Se trata de un gran cambio cultural para muchas firmas que afecta especialmente a las prácticas de transparencia y a la ejemplaridad en la labor directiva. Además, debe realizarse a velocidad de crucero porque, por ejemplo, el reporte de mitigación y adaptación al cambio climático será obligatorio desde el 1 de enero de 2022.
La importancia de dar pasos firmes en el control del riesgo no se debe únicamente a que los inversores globales lo reclamen: la obtención de créditos y clientes estará cada vez más condicionada por esta cuestión. Las empresas deben efectuar este tránsito asumiendo un claro compromiso, considerando los factores ASG y desplegando esta nueva forma de operar en todos los niveles de la organización. Para hacerlo con éxito hay que tener en cuenta al menos tres cosas: incorporar los objetivos sostenibles como parte de la estrategia de la compañía, vincularlos con la retribución a largo plazo de los directivos y mantener una estrategia de comunicación interna que garantice el compromiso de todos los empleados.
Ignasi Puigdollers es socio de Mercer España