Inflación, salarios, márgenes y precios públicos

El escenario más probable es una moderación de la inflación energética

en los próximos meses y un alza en la de bienes y servicios no energéticos

En 2008 la economía mundial registró una crisis de deuda que provocó riesgo real de deflación y un largo periodo de más de una década con la menor tasa de inflación mundial en mucho tiempo. La pandemia y los confinamientos provocaron otra profunda recesión el pasado año. Pero la llegada de las vacunas y la rápida e intensa reacción de los Gobiernos y los bancos centrales favorecieron una recuperación muy intensa, especialmente en Asia.

Buena parte de la cadena de producción y suministros mundiales han colapsado. La mezcla de escasez de oferta en muchos mercados y políticas muy agresivas de demanda ha hecho que reaparezca la inflación. El desconcierto de las familias, las empresas e incluso de los Gobiernos es lógico y necesitan un tiempo para ajustar sus expectativas a la nueva realidad.

La mayor perturbación ha sido energética y especialmente de gas. Un verano caluroso y con el menor viento en una década ha aumentado la demanda de gas y los inventarios estaban en mínimos desde hace años antes de empezar el invierno y el consumo de calefacciones. En Europa hay que añadir los problemas del nuevo Gobierno alemán y los verdes con Rusia y la autorización del nuevo gasoducto Nord­stream 2. Y el conflicto entre Argelia y Marruecos por el Sahara que ha cortado uno de los tubos que llegaban a España.

En el último mes los precios del gas natural en los mercados internacionales han caído un 20%. La producción industrial mundial y el PIB de China y de EE UU excluyendo inventarios en el verano estuvieron estancados. Los costes del transporte marítimo también han empezado a caer, especialmente los barcos a granel y en menor medida los contenedores. Sin embargo, el resto de bienes de la cesta de la compra apenas han comenzado a reflejar estas subidas de precios de los suministros. El escenario más probable es que en los próximos meses veamos una moderación de la inflación energética, salvo un invierno muy frío y sin viento, y una mayor inflación de bienes y servicios no energéticos.

La Comisión Europea, en sus recientes previsiones de otoño, espera un fuerte crecimiento de la eurozona y de España en 2022. En el caso de nuestro país espera un aumento de los salarios del 2% anual. Si ese escenario se cumple sería una excelente noticia que nos permitiría normalizar una situación anómala que ha durado ya demasiado tiempo. La inflación subyacente estará próxima a ese nivel y, por lo tanto, la mayoría de empresas podrán compensar la subida de salarios con aumento de los precios a sus clientes. Eso implica también normalizar las subidas de precios de las cadenas de suministros, productores primarios, transportistas, proveedores, etcétera. Si los salarios aumentaran más e intentaran compensar las subidas de materias primas cuyos beneficios se van a los países productores, los márgenes de las empresas sufrirían y afectaría negativamente a la inversión y al empleo.

También es necesario normalizar los precios y las tarifas de servicios públicos que llevan estancadas en muchos casos desde 2010. Especialmente en servicios de reciclaje de residuos, economía circular y agua. En ambos sectores se van a concentrar buena parte de los fondos europeos y van a necesitar coinversión privada. Si la inversión tiene nula o baja rentabilidad no será atractiva y dejaremos sin usar la mayor parte los fondos europeos, como ha sucedido en la última década. Si no acometemos esas inversiones no conseguiremos mitigar los efectos del cambio climático y avanzará la desertización y el estrés hídrico de nuestra querida España, uno de los países más afectados de Europa.

Como hemos analizado en el Foro de Economía del Agua desde 2015, la inversión en ese sector se desplomó en 2010 y sigue estancada desde entonces. Tanto en infraestructuras básicas como en innovación y digitalización. La gestión de residuos y agua tiene un elevado consumo de electricidad y además las empresas del sector van a sufrir aumentos de costes de salarios y de sus proveedores. Si no pueden subir sus tarifas, disminuirá su rentabilidad, reducirán su inversión y España volverá a dejar sin ejecutar la mayor parte de los fondos europeos.

La alternativa populista sería nacionalizar esas empresas y hacer la inversión desde el sector público. Esos procesos primero son complejos jurídicamente, se tarda mucho tiempo en ejecutar y en la mayoría de los casos el coste de la reversión es carísimo para los contribuyentes. Y en los casos donde sí se puede, el sector público tarda un tiempo no corto en reorganizar la gestión de las compañías y reactivar la planificación de las nuevas inversiones. Con la deuda pública en máximos desde 1903, un déficit público estructural superior al 4% del PIB y un ajuste fiscal pendiente, el sector público no está en condiciones de acometer esas inversiones tan necesarias.

La desigualdad volvió a aumentar durante la pandemia y las subidas de tarifas, además de graduales, deberían ser cruzadas, congelando la tarifa a los españoles en riesgo de exclusión. Determinados sectores, sobre todo el turismo, que son grandes consumidores de agua y generan mucho residuo, han padecido la peor crisis de su historia y en su caso debería aprobarse una moratoria de algunos años en la subida de tarifas hasta que se recuperen. Pero el resto deberían comenzar a normalizarse, igual que debería pasar con los salarios y los márgenes empresariales, especialmente de las pymes.

José Carlos Díez es Profesor de Economía de la Universidad de Alcalá