Los promotores temen un fracaso de los fondos europeos por el bloqueo en las licencias de obra

Piden que al rehabilitador le baste con una declaración responsable. Los retrasos en los permisos llegan a los 12 meses de media en los ayuntamientos

Rehabilitación de viviendas en Barcelona.
Rehabilitación de viviendas en Barcelona. GETTY

El sector inmobiliario teme un fracaso en la ejecución de los fondos europeos destinados a la rehabilitación de la vivienda debido al gran retraso de las licencias de obra en los ayuntamientos. La patronal de los promotores y las empresas del sector perciben que con el ritmo actual de concesión de permisos, los fondos pasarán sin poder utilizarse en gran parte de los municipios hasta al menos un año después.

Debido a este bloqueo en los ayuntamientos, la patronal madrileña Asprima solicita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y a las comunidades autónomas que impulsen el uso de la declaración responsable en las obras de eficiencia energética para la figura bautizada como agente rehabilitador, la empresa encargada de los trámites de las ayudas y de coordinar la rehabilitación.

El retraso medio en España para la consecución de las licencias de obra en los ayuntamientos se sitúa en más de 12 meses de demora, según el último estudio –del pasado año– de Asprima junto a la consultora EY. Tanto esta patronal como las compañías inmobiliarias consultadas indican que, tras la pandemia, el problema se ha agravado en muchos consistorios debido al colapso en algunos servicios y el teletrabajo del personal municipal.

El grueso de los fondos Next Generation que recibirá España –tras el anticipo de este ejercicio– comenzará a llegar a partir del próximo año. Uno de los principales ejes del proyecto comunitario es el destinado a la transición ecológica, donde la mejora de la eficiencia energética será clave a través de la rehabilitación de las viviendas. En la vigencia del plan comunitario, España recibirá 72.700 millones en subsidios y transferencias a fondo perdido y 67.300 millones en préstamos. El Mitma contará el próximo año con casi 3.000 millones de euros en ayudas destinados a la vivienda, de los que algo más de 2.000 millones irán a la rehabilitación residencial.

El objetivo pasa por reformar alrededor de 100.000 viviendas al año hasta el 2026, habiendo intervenido en unas 480.000 como balance final. Eso supondría cuadriplicar las licencias obtenidas para reformas el pasado año, según las estadísticas del Mitma, por lo que es un objetivo muy ambicioso que el sector ve imposible de cumplir con los ritmos actuales de aprobación de permisos en los ayuntamientos.

El objetivo es intervenir en casi medio millón de viviendas

Por eso, solicitan la declaración responsable que recaiga en la empresa y los técnicos que se encarguen de las obras. En este caso, justifican que estos trabajos encaminados a mejorar la eficiencia energética de los edificios no afectan a la estructura del inmueble, ni a la volumetría, simplemente se centran en fachadas, cubiertas o cambios de calderas.

Tendrían que ser las comunidades autónomas, según la patronal, las que habiliten a través de estas declaraciones responsables al agente rehabilitador, una figura diseñada para centralizar toda la labor que las intervenciones llevan implícitas, desde la elaboración de la documentación técnica hasta la solicitud de las ayudas y la obtención de la financiación.

El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, explica que parte de las actuaciones de rehabilitación que se ejecutarán con cargo a los fondos europeos no requerirán permisos de licencias mayores, por lo que “se resolverán con trámites inmediatos muchas de ellas”.

Sin embargo, en cuanto a las licencias de obras, desde los colegios “se está ofreciendo ayuda a los ayuntamientos para resolver la dilación de expedientes y agilizarlas, y nos consta que ya hay administraciones locales que están buscando soluciones al respecto”. Por lo pronto, detalla, desde el CSCAE se está impulsando, “como solución prioritaria, que se establezca un canal paralelo de licencias para que todos aquellos expedientes de obras de rehabilitación que se ejecuten con cargo a las ayudas europeas reciban un tratamiento más rápido”.

En el medio plazo, y de cara a exprimir al máximo la ayuda comunitaria, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también ven con buenos ojos la alternativa de que al agente rehabilitador le baste una declaración responsable. Así lo asegura su presidente, Pedro Fernández Alén: “Es una posibilidad que llevamos tiempo pidiendo. Todo lo que valga para aligerar los procesos y que los fondos europeos sigan llegando año tras año es bienvenido”.

La mitad de los inmuebles

Según datos que maneja el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, entre el 50% y el 75% de los 25,7 millones de viviendas que conforman el parque residencial español se construyó antes de la entrada en vigor de la primera directiva europea sobre eficiencia energética, en el año 1979, y el 92%, antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, en 2006. En concreto, según un reciente informe de Idealista, la mitad de las viviendas en España, al tener 40 o más años, sería susceptible de poder rehabilitarse para mejorar su eficiencia.

Así, de acuerdo con el análisis del portal inmobiliario, con datos del Catastro, provincias como Vizcaya (con un 66% de su parque con más de 40 años), Barcelona (65,5%), Gipuzkoa (65%), Zaragoza (56%) o Madrid (55%) tienen un parque residencial con más de cuatro décadas de antigüedad. Les acompañan Navarra, Extremadura, Asturias, Baleares, las otras dos provincias aragonesas y la práctica totalidad de Castilla y León. Al otro lado, Canarias y Cantabria y la mayor parte de Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana son las que tienen los parques más recientes.

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