Otras lecturas presupuestarias

El precio de la expansividad de estas cuentas públicas puede resultar hartamente oneroso. Veremos su coste político y competencial

La liturgia presupuestaria, como todos los años, arranca su curso político. Tras lo interno y el cierre con el ministerio de cada departamento, los medios pronto desmenuzan algunas de las partidas. Siempre las más llamativas, lo macro, salvo algunas anécdotas menores por su importancia, pero que sin embargo dan mucho juego, por ejemplo lo que se sube el Gobierno en salarios y si congela o no la partida para Casa Real. Al final no importa si es mucho o poco o algo marginal, pero sí el recorrido que se le quiere dar a la noticia y si la misma ejemplifica o todo lo contrario. A grandes rasgos destacan lo que se llevan las pensiones en un país sumamente envejecido y donde la edad laboral y de jubilación va por sectores y sobre todo por reestructuraciones o concentraciones, mas eso sí, suben las inversiones en infraestructuras tras unos años donde simplemente eran sumamente escasas, otra cosa es si fueron eficientes o no, y donde la noticia que abre titulares mediáticos es lo que se lleva Cataluña o Andalucía si se comparan con otras regiones, sobre todo Madrid, ya no digamos Galicia.

En lo financiero lo impositivo y la recaudación son una de las claves de bóveda. Tipos mínimos y bonificaciones son un lado de la balanza, pero para afrontar el gasto que se prevé, las cuentas no terminan de salir. Y sí, todo se fía a lo que venga, por fin, desde Bruselas. Un fiar que, a la postre, se quiere vender como apuesta por la recuperación. Hora es, y en esto no vamos prestos y solícitos en apostarlo todo por esa recuperación económica que encadena sin solución de continuidad dos crisis, la hipotecaria crediticia y la sanitaria.

En la cuerda floja o, tal vez, como uno de los paganos de esta crisis y de estos presupuestos, los planes de pensiones. En el punto de mira el ahorro privado y sobre todo los planes de pensión. El ojo está puesto también en el alquiler, pero sobre todo, en el lado activo, el del arrendador o casero dentro de una lógica donde la posesión y propiedad de varios inmuebles empieza a verse mal o incluso se penaliza fiscalmente, un viejo debate de un ida y vuelta o tira y afloja del que se lleva años amagando. Se reducen las bonificaciones para las empresas de alquiler.

Todo se fía al gasto, con ello el guiño no indisimulado al ciclo electoral que para dentro de un año se abre en España. Como si las cuentas al final influyeren o decantaren el voto, con ayudas, subvenciones –al cáncer somnoliento de algunas que son absolutamente ineficientes y no general ninguna economía de escala–, bonificaciones y deducciones. Y ese gasto que crece –y es importante que haya gasto, otra cuestión es la eficacia y selección efectiva y real de ámbitos y marcos que han de crecer y sobre los que han de destinarse los recursos públicos sean óptimos o no, o lo mejores entre alternativas diferentes–, no lo hace sin una mayor presión fiscal y esfuerzo recaudador. Y hacerlo significa sin duda que algunos han de pagar más o empezar a pagar más. No todo viene ni llegará de Bruselas. Largo me lo fían.

Mas sin duda los aires recaudatorios se fijan en el impuesto de sociedades. No olvidemos que no hace mucho veníamos de unos tipos del 30%, la gran diferencia era con el tigre irlandés y su 12% impositivo. Aquellos fueron años de esplendor para la economía y la atracción de empresas o cuando menos, sobre todo, domiciliaciones interesadas en suelo irlandés. Aunque de aquellos lodos estos barros. Ahora en función de la facturación o del sector los umbrales se mueven en horquillas del 15% al 18%. Pero esa no es la realidad. Ahora mismo la media tributaria de las empresas supera esas franjas en muchas sociedades, excepto aquellas dadas a operaciones societarias de cierta reestructuración y configuración o donde la doble imposición y las bonificaciones ahuyentan el tipo más alto.

Pero las preguntas son inevitables, ¿son o no unos buenos Presupuestos? O ¿cuál es el coste que han de pagar los españoles y las empresas por unos Presupuestos con una clara pretensión de gasto sabiendo que lo que se ingresa es menor y donde se cuestionan muchos de esos gastos? El precio de la expansividad de estas cuentas puede resultar hartamente oneroso. Se van a recibir más fondos en no pocos ministerios, pero ¿significa la utilidad y el rendimiento de esos fondos si los mismos no se destinan a ámbitos o sectores productivos y eficientes que lejos de tensionar estimulen el crecimiento, el gasto y en menor medida el ahorro? De poco sirve que la gran partida presupuestaria se la lleven pensiones, paro y funcionarios. Es engañar la evidencia, pero también la realidad de un país, con nueve millones de pensionistas, prácticamente tres de funcionarios y alguno más de parados. Estirar, ser expansivos puede ofrecer un efecto rebote dramático y de mayor dependencia si no se apuntalan sectores productivos y que generen per se rendimientos. Pero expandir y recuperar significa también menos paro y menos prestaciones.

El Gobierno lo fía todo a la recuperación. No tiene otra opción. El callejón en el que está no avizora otra alternativa. Veremos el coste político y competencial que tendrán que estos Presupuestos, ni buenos ni malos, pues es momento de expandir, va a tener al final del recorrido, por mucho que la luz y los taquígrafos palidezcan las próximas semanas. 240.000 millones en gasto público no significa que estén bien invertidos. La letra pequeña importa y mucho. Pero esa nadie la lee ni tampoco busca siquiera entenderla mínimamente.

Abel Veiga Copo es Profesor y decano de la Facultad de Derecho de Comillas Icade