Menos intervención y más seguridad jurídica para el mercado de alquiler

La propuesta de que los ayuntamientos penalicen a los propietarios de viviendas vacías con un recargo del 150% sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI), recogida en el proyecto de ley de Vivienda que ultima el Gobierno de coalición, es un ejemplo más del modo en que la letra de la ley suaviza preceptos cuya aplicación sobre el terreno es cuanto menos difícil y compleja. La medida pretende forzar la salida al mercado de inmuebles vacíos como medio para aumentar la oferta inmobiliaria y frenar así la subida de los precios, especialmente en aquellas zonas en las que sufren mayores tensiones. La hipótesis que sustenta la norma es que si el propietario de una vivienda vacía tiene que pagar un recargo fiscal por no tenerla habitada optará por ponerla en el mercado para ahorrarse la penalización.

La realidad, sin embargo, no es tan sencilla. No solo porque existen muy diferentes y legítimas razones por las que el dueño de una vivienda vacía puede preferir pagar un recargo a alquilar el inmueble, sino porque definir qué se entiende por vivienda deshabitada y controlar el censo de estas constituye casi una entelequia. La opción que contempla la futura ley pasa por aplicar el recargo únicamente a las viviendas vacías de personas físicas o jurídicas propietarias de al menos cuatro inmuebles, lo que supondrá unos 472,8 euros de media y elevará la cuota de IBI por habitante afectado desde los 315 euros por año actuales a 788. Aunque la norma es común para todos los territorios, las diferencias entre los tipos vigentes en los municipios y la disparidad del valor de los inmuebles gravados por el impuesto arrojará un variopinto grupo de recargos, que pueden oscilar en más de 500 euros por habitante según el ayuntamiento de que se trate, y hacer que en algunos de ellos el impuesto llegue a superar los 1.000.

Pese a las buenas intenciones que se presumen al legislador, el recargo a los inmuebles vacíos que contempla la futura ley de Vivienda es una disposición injusta por dos grandes razones. La primera, porque con el afán de resolver un problema que afecta a algunos municipios españoles, penaliza también a los ciudadanos de todos aquellos en que los precios no sufren tensiones al alza. Y la segunda, porque agrava todavía más el reino de taifas fiscal que existe en España, y que hace que unos españoles paguen más impuestos que otros en función de su lugar de residencia. En lugar de empeñarse en una política de vivienda coercitiva e intervencionista, el Gobierno debería apostar por solucionar el gran problema de la vivienda de alquiler en España: una desconfianza creciente por falta de seguridad jurídica en el mercado que se traduce en exigencias y precios no justificados.