La mal llamada 'negociación' del salario mínimo interprofesional

Es curioso que un Gobierno que propugna el llamado diálogo social no tenga reparo en aprobar de forma unilateral una medida de tanto calado como esta

El Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, fijó el salario mínimo interprofesional (SMI) en 950 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 13.300 euros anuales teniendo en cuenta las dos pagas extraordinarias. Por su parte, la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 38/2020, de 29 de diciembre, estableció la prórroga del SMI “hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2021 en el marco del diálogo social”, en coherencia con el mandato de consulta previa a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas que prevé el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

El momento de aprobar ese real decreto y, en consecuencia, de iniciar el diálogo social, ha llegado con la finalización del periodo estival. Según las declaraciones de los distintos miembros del Gobierno, se intuye que el real decreto que fijará el SMI para 2021 se aprobará en este mes de septiembre y no tendrá carácter retroactivo, sino que la subida tendrá efectos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. La horquilla del incremento del SMI podría estar entre los 12 y los 19 euros brutos sobre el importe mensual de los 950 euros actuales, lo que traducido en términos relativos supone un aumento de entre el 1,25% y el 2%. Esta subida formaría parte del compromiso adquirido por el Ejecutivo para situar el SMI en el 60% del salario medio del país al final de la legislatura.

Sin embargo, no dejan de publicarse noticias sobre la falta de acuerdo en la negociación del SMI, lo cual lleva a preguntarse ¿qué negociación?

Se han celebrado varias reuniones entre el Gobierno y los agentes sociales. CCOO y UGT han exigido que la subida del SMI, como mínimo, se situe en 25 euros mensuales, un 2,6% en términos relativos. Los sindicatos más representativos argumentan que la subida del SMI debe compensar el incremento del IPC previsto para 2021 (cercano al 3,4% según la previsión de la Fundación de Cajas de Ahorro) y situarse en cifras comparables a los países de nuestro entorno como Portugal, donde el SMI se ha incrementado en un 4,7% entre 2020 y 2021. También es cierto que omiten los nulos o escasos incrementos en otros países comparables, como Grecia (un 0%), Irlanda (un 1%), Francia (un 1%) o Alemania (un 1,6%). En la posición opuesta se han situado la CEOE y Cepyme, negándose rotundamente a cualquier tipo de subida del SMI en 2021. Las asociaciones empresariales consideran que cualquier subida salarial impactaría negativamente en el empleo y recuerdan las dificultades que han sufrido –y siguen sufriendo– las empresas como consecuencia de la pandemia.

Más allá de estas reuniones, que sirven poco más que para exponer las posturas de cada parte en la posterior rueda de prensa, la realidad es que no existe tal negociación. Existe la consulta y el diálogo social previsto legalmente, pero no una negociación. El Gobierno propone, decide y fija el SMI, se alcance o no acuerdo con todos o con algunos de los agentes sociales.

Para que pudiera existir una negociación real y efectiva tendría que haber algo que negociar y cada parte debería contar con cierto poder negociador. En este caso, no hay nada o prácticamente nada que negociar. El Gobierno ya tiene decidido que el SMI se incrementará para lo que resta de 2021, así como el cuándo, el cómo y el cuánto de esa subida del SMI. Seguramente, lo único que podría ser objeto de negociación es el importe de la subida, por supuesto, dentro de la horquilla ya marcada por el Gobierno. Tampoco los agentes sociales cuentan con ninguna herramienta jurídica que les permita forzar un cambio en la posición del Gobierno. Su poder negociador se limita a la presión mediática que puedan ejercer a través de sus medios afines.

La mayor muestra de que no existe ninguna negociación es la advertencia del propio Gobierno de que la subida del SMI se va a producir, y se va a producir en los términos propuestos por el Gobierno, independientemente de si se alcanza un acuerdo tripartito, bipartito o, directamente, no se alcanza acuerdo.

Es curioso que a los mismos que se les llena la boca alabando la importancia del diálogo social y sacándose la foto de rigor con los agentes sociales, no les preocupe aprobar unilateralmente una medida de tanto calado como la subida del SMI. Parece un mal punto de partida para el futuro. Hasta ahora se han alcanzado acuerdos tripartitos en los ERTE y sus prórrogas cuando la pandemia no daba otra opción y en la parte fácil de la reforma de las pensiones. Sin embargo, quedan unos meses en los que habrá que hablar de una nueva prórroga de los ERTE en una situación sanitaria muy distinta, de la controvertida contrarreforma laboral y de la parte desagradable de la reforma de las pensiones.

No estaría mal que para estos temas la negociación adoptara realmente el significado real de la palabra.

Alberto Godino de Frutos es Profesor del Máster en Abogacía de la Universidad Nebrija y abogado en Sagardoy Abogados