Todas las decisiones normativas deben contribuir a reforzar el avance del empleo

Como señalaba el miércoles el presidente del Gobierno, este es un tiempo de reformas, no de contrarreformas que destruyan en lugar de construir

Los datos de empleo del octavo mes del año dibujan un mercado de trabajo que continúa recuperando el terreno perdido y que hasta el momento no se ha frenado por la irrupción de la variable delta del Covid-19, pero cuyo ritmo de crecimiento comienza a ralentizarse. Los datos de ocupación efectiva, es decir, de afiliados con exclusión de asalariados en ERTE y de autónomos con prestación, aumentó en 161.000 personas en agosto, en lo que constituye el sexto mes consecutivo de crecimiento, según el análisis desestacionalizado realizado por Funcas. Los datos oficiales muestran una caída de la afiliación de 118.000 personas en agosto, que en términos desestacionalizados crece en 76.540. Durante la primera mitad del año, España creó 1.190.000 puestos de trabajo, fruto del veloz deshielo de una economía recién salida de un encierro bajo siete llaves. Pero pese a los buenos datos del paro registrado en las oficinas públicas, que bajó en 82.583 personas en agosto, queda mucha tarea por hacer. Todavía hay 293.000 parados registrados más que antes de la pandemia y en el sector privado faltan por recuperar 725.000 empleos, de los que 272.000 asalariados siguen en ERTE y más de 220.000 autónomos resisten cobrando una prestación.

Entre las notas preocupantes que sugieren todos estos datos destacan los indicios de que el mercado puede estar ya muy cerca del núcleo irrecuperable de trabajadores en ERTE. El propio ministro Escrivá reconocía hace unas semanas que la crisis dejará empleos no recuperables, bien por escasez de demanda, bien por un cambio de hábitos o de medios de producción. Minimizar en lo posible esa cifra, junto a la imperiosa necesidad de España de reducir una bolsa de desempleo que supera oficialmente los 3,3 millones de personas, constituye una de los grandes cuestiones que deberá afrontar la economía española en el marco de la recuperación.

La respuesta del Gobierno a esos retos es la aprobación de una reforma laboral que, aún antes de echar a andar, ha generado un áspero debate, incluso en el seno del propio Ejecutivo, por el pretendido y publicitado carácter revisionista de la regulación actual. La reforma de 2012, como toda legislación, no es ni mucho menos perfecta y su éxito cuantitativo en creación de empleo no ha ido siempre acompañado de una mejora cualitativa equivalente; pero los aspectos capitales del texto han funcionado en los últimos años y siguen funcionando, lo que no obsta para que sean mejorables. Como señalaba el miércoles el presidente del Gobierno, este es un tiempo de reformas, no de contrarreformas que destruyan en lugar de construir. Es un principio loable que debe regir también en materia laboral, de forma que se mantenga lo que funciona bien y se toque solo y exclusivamente lo que no lo haga.