La recuperación económica y el crecimiento de la energía verde

La apuesta por la descarbonización convierte a las renovables en el sector de mayor potencial de inversión a escala global

Tras un año marcado por la mayor contracción económica de los últimos 30 como resultado de las fuertes restricciones al comercio mundial para afrontar la pandemia por el virus Covid-19, la vuelta al crecimiento dependerá de la capacidad de cada mercado para combatir la pandemia y de la política monetaria adoptada, pero también requerirá de cambios estructurales importantes para que el modelo de crecimiento sea más sostenible.

El nuevo plan de recuperación para Europa Next Generation EU (NGEU) de 750.000 millones de euros marca una clara trayectoria para el desarrollo sostenible, con el 30% de sus fondos reservados para la lucha contra el cambio climático. Para la Comisión Europea, el impulso de las energías verdes es un punto clave para la recuperación económica y una forma de abordar la transición energética hacia la neutralidad climática del Pacto Verde Europeo. En particular, España buscará fomentar la movilidad urbana sostenible, mejorar la eficiencia energética e impulsar las energías renovables, como refleja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado el 16 de junio de 2021 por la Comisión Europea, con un total de gastos presupuestados de 27,8 millones de euros, que corresponden al 40% del total las subvenciones a recibir.

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la redirección de la producción de energía hacia las renovables, unida a la eficiencia energética, podrían impulsar el PIB en un 2,5% y la tasa de empleo en un 0,2%. Por otro lado, Euler Hermes estima que, para alcanzar la transición energética, el mercado global tendría que invertir cerca de 1,6 billones de dólares. En concreto, la inversión en infraestructuras energéticas debería aumentar de alrededor de 290.000 millones de dólares a 880.000 millones de dólares en 2030, destinada a redes eléctricas, estaciones de carga de vehículos eléctricos públicos, estaciones de repostaje de hidrógeno, terminales de importación y exportación, captación directa de aire y tuberías de CO2 e instalaciones de almacenamiento. Es una oportunidad de desarrollo que está convirtiendo a las energías verdes en el mayor potencial de inversión a escala global.

Un informe publicado en julio de 2021, desde la Agencia Internacional de Energía (IEA) prevé que, con la recuperación de la demanda, la energía generada por las renovables se incremente un 8% en 2021 y más del 6% en 2022. Aun así, estima que este crecimiento solo conseguirá satisfacer el 50% de la necesidad energética global, que aumenta particularmente en la región de Asia Pacifico. Si nos centramos en España, la actividad económica del sector de las renovables creció un 15,6% en 2019 y contribuyó con 12.540 millones de euros al PIB nacional (cerca del 1,01%), aportando el 14,3% de la energía primaria y generando el 37% de la electricidad (según datos de APPA, 2019). El mismo informe destaca también el incremento de los puestos de trabajo en el sector, con un total de 95.089 personas empleadas en España (+16,97% comparado con 2018) y el saldo positivo de exportación de 1.186 millones de euros, que permitió una mayor independencia energética. Considerando los datos estadísticos de IRENA de finales de 2020, la tecnología eólica es la que lidera en España con respecto a la potencia instalada (27.084 MW), lo que corresponde al 45,8% de la potencia disponible del conjunto de las renovables. Es, además, la que más contribuye a la generación de energía verde. Un giro de liderazgo que se alcanzó en 2007, dejando a la energía hidráulica en el segundo puesto. El tercero lugar está ocupado por la energía solar fotovoltaica, que ha experimentado un especial crecimiento en los últimos años.

Los datos disponibles de la Red Eléctrica de España (REE) a julio de 2021, presentan una tendencia creciente del peso de las renovables sobre la generación de energía nacional. Considerando la evolución interanual, las renovables están contribuyendo al 46,7% del total de energía generada en territorio nacional. Un nuevo hito tras un 2020 ya favorable para el sector, en el que se alcanzó el 43,6%, aunque pesa también el descenso de la demanda por el contexto económico. Por comunidades, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha, son las regiones autónomas que más atraen estas fuentes de energía.

El impulso de las renovables en España es claro, pero aún queda bastante recorrido para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), donde se pretende alcanzar como mínimo el 42% del consumo final de energía vinculado a las renovables y que esta suponga el 74% del sistema eléctrico en 2030. Por lo que se estima una apuesta continua en este sector. El atractivo de las inversiones en las energías verdes es además un fenómeno global, por lo que las empresas españolas se beneficiarán no solo de los incentivos económicos desde la CE, sino también de otros instrumentos financieros como son los bonos verdes, así como de las sinergias generadas entre los varios países del mercado europeo, Estados Unidos y China.

El éxito de la transición energética dependerá de dos puntos fundamentales: la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero y el coste de la energía (producción y almacenamiento). Una combinación difícil en una fase inicial del proceso productivo pero que viene siendo apoyada por el desarrollo tecnológico y la reducción del costo de las instalaciones experimentada en los últimos años.

Sin embargo, hoy por hoy, la escasez de suministro en un entorno de fuerte recuperación de la demanda frente a las limitaciones europeas de derechos para emitir CO2 están provocando un fuerte incremento en el precio de las materias primas necesarias para garantizar esa misma transformación. El aumento de los precios del aluminio, del acero y del silicio metálico, entre otros, están encareciendo la construcción de placas fotovoltaicas y de turbinas eólicas, pudiendo retrasar algunos de los proyectos que habrían sido estimados con otros presupuestos. En el sector de automoción, por ejemplo, además del incremento del coste de producción, cabe destacar el desabastecimiento de microchips en el mercado. Estos factores podrían conducir a tensiones de tesorería en las empresas, pero que deberán ser minimizadas por el contexto actual de elevada liquidez proporcionada por el sistema financiero.

Aunque a medio plazo no se estime un cambio en las políticas medioambientales de la Comisión Europea, un giro de este tipo podría tener un importante impacto en el sector. Por último, también una incorrecta asignación del capital disponible podría obstaculizar el desarrollo de agentes económicos productivos.

Sara Lamego es Suscriptora de Riesgos de Solunion España