Los bancos, preparados para la morosidad que vendrá

Adaptar la regulación de forma temporal para gestionar la ola de impagos que llegará al retirar los estímulos y las medidas de flexibilización es clave

Hoy ya se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que las economías europea y española están en la senda de la recuperación. Los indicadores de actividad, que aún tardarán varios meses en retornar a los niveles precrisis, están mejorando día a día. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho la morosidad? Prácticamente nada, manteniéndose constante durante la crisis, a pesar de los cierres de empresas, el alza del desempleo y los muchos meses de parón económico. ¿Cómo ha sido eso posible?

La morosidad se ha mantenido contenida por las múltiples medidas implementadas, tanto públicas como por iniciativa de los bancos, desde las moratorias a los créditos con aval del ICO y grandes periodos de carencia iniciales. Sin embargo, una vez que estos apoyos expiren o se retiren parte de esa mora acabará por aflorar, aunque menos que en crisis anteriores y menos de lo que hubiera sucedido sin esas medidas extraordinarias. Todos los analistas coinciden en esperar cierto aumento de la morosidad en Europa, y en concreto en España en 2022. Desde luego, conocer el futuro es una ventaja que no se puede desaprovechar, de forma que los bancos puedan estar preparados para ayudar a sus clientes con mayor holgura.

Ya en diciembre pasado la Comisión Europea presentó su Plan de Acción para préstamos morosos (NPLs, por sus siglas en inglés), que consiste en unas propuestas amplias que tendrían que plasmarse posteriormente en iniciativas más concretas para lograr sus objetivos. Entre ellas está: i) el fomento del mercado secundario de NPLs, para que los bancos puedan vender estos activos a otros agentes, bancos o no, especializados en su gestión y con recursos para ello; ii) la obligatoriedad de aportar plantillas de datos estándar sobre los activos en venta, que hasta ahora eran voluntarias, para mejorar la información que tengan los potenciales compradores e incentivar así las transacciones; iii) establecer una plataforma-escaparate europea de activos en venta que permita mejorar la visión que tienen los compradores y agrupar en una compra carteras de varios bancos y/o países y iv) estudiar la conveniencia de establecer bancos malos nacionales o europeos, públicos o privados, aunque esta idea se ha descartado por la oposición de gran parte de la industria y por dificultades técnicas, como los problemas que generaría gestionar activos tan heterogéneos como los resultantes de la crisis del Covid.

Mientras que en la crisis anterior Sareb se especializó en activos morosos principalmente del sector inmobiliario, ahora se trataría de préstamos de todos los sectores, en gran parte concedidos a pymes heterogéneas. Todo este plan de acción será de gran ayuda, pues incorpora muchas ideas en la dirección correcta, pero no es la solución inmediata y concreta para todos los problemas que surgirán en los próximos trimestres.

Además, igual que lo hizo en los peores momentos de la crisis para facilitar que los bancos apoyaran a sus clientes, la regulación podría adaptarse temporalmente para mejorar la gestión de la morosidad, durante un periodo de tiempo tasado solo para permitir atender a la situación causada por la crisis del Covid. De esta manera, se ayudaría de nuevo a que los bancos atendieran a sus clientes en un momento complicado.

En este sentido, una de las medidas que está explorando la Comisión es la armonización de las leyes de insolvencia europeas, de forma que un comprador de activos morosos de diferentes países pudiera gestionarlos de una manera similar en todos ellos. Sin embargo, a nadie escapa que esto es una tarea complicada y de más largo plazo, sobre la que la Comisión se está planteando simplemente emitir unas recomendaciones, por ahora.

En segundo lugar, países como Italia y Grecia han apostado desde la crisis anterior por las garantías públicas para las titulizaciones de créditos morosos. Así, una vez que los bancos han conseguido empaquetar sus NPLs y vender una parte en el mercado, se otorga una garantía por los tramos restantes, lo que fomenta la llegada de nuevos demandantes. Estas iniciativas han tenido un éxito notable, a juzgar por el volumen movilizado, y a pesar de la lentitud habitual de los procedimientos judiciales de insolvencia en estos países.

Un tercer ejemplo lo supondría la posibilidad de flexibilizar la definición de lo que es un moroso, de forma que refinanciaciones menores de un contrato mediante la negociación con el cliente del cambio de alguna de sus condiciones (como un menor tipo de interés) no suponga automáticamente la consideración de moroso, a no ser que el valor presente del préstamo varíe sustancialmente. Así, los bancos podrían ser más flexibles con sus clientes, especialmente en productos o geografías con tipos de interés mayores, sin que eso suponga automáticamente que deben aumentar las provisiones que guardan por ese contrato porque tenga que clasificarse como moroso de acuerdo a la regulación.

En definitiva, en la gestión de la morosidad, como en la vida, la anticipación es clave. Adelantarnos al aumento de la morosidad cuando se retiren los estímulos y las medidas de flexibilización, previsiblemente en 2022, es fundamental. De esa manera, los bancos estarán mejor preparados para atender a sus clientes que entren en mora, pero también a los que no lo hagan y necesiten del apoyo de su banco. La economía está mejorando y el viento amaina, pero debemos estar bien preparados para cuando la ola de la morosidad llegue a la costa bancaria, aunque esta ola sea menor que en crisis anteriores.

Ana Rubio es Responsable de Regulación Financiera de BBVA