Consecuencias individuales y colectivas de los ERE en banca
Pierde la Seguridad Social, y la economía, por la marcha de capital humano antes de tiempo
Que la banca despide “bien”, con condiciones relativamente buenas para el afectado, es uno de los mantras más arraigados en el mercado laboral español. Y con razón. En tiempos no eran extraños recortes de plantilla en los que los despedidos se marchaban a su casa, pero con más del 90% de su sueldo hasta la jubilación. Ya no tanto.
Desde 2010 el sector ha acometido 70 procesos de despido colectivo, con 73.000 empleados despedidos, si bien la reducción de plantilla ha sido aún mayor, del orden de los 100.000 empleados en 11 años. Y, si la primera oleada de despidos tuvo que ver con el pinchazo de la burbuja del ladrillo, la segunda está ligada al cambio de hábitos y de modelo de negocio ligado a la digitalización.
Las entidades son cada vez menos generosas en las condiciones, y prueba de ello son las huelgas vividas este año en BBVA y CaixaBank, que han presentado los dos mayores ERE de 2021. No obstante, en los procesos de ajuste colectivo del sector en 2021, las adhesiones voluntarias han estado en línea o por encima de las salidas pactadas entre sindicatos y empresa: para 15.000 salidas se han presentado cerca de 20.000 empleados.
El motivo solo lo sabe cada trabajador: si se adhiere convencido por la mejora de condiciones durante la negociación, porque teme que en el siguiente ERE las condiciones empeoren o porque la voluntariedad es más nominal que real. O, probablemente, por alguna una combinación de los tres. El resultado es que la empresa aligera costes y rejuvenece plantilla en un proceso que, aun traumático para la plantilla, no lo es tanto como un ERE duro. La representación sindical también puede dormir más tranquila; la voluntariedad hace más digerible un proceso que ha tenido momentos de crispación poco habituales, con alusiones desde la clase política a los beneficios y millonarios sueldos del sector.
La mala noticia llega, no obstante, para las arcas de la Seguridad Social y la economía en general: los empleados despedidos llegan a acuerdos para seguir cotizando antes de la jubilación, pero no en los mismos términos que si estuvieran realmente trabajando. Además, estos procesos chocan de frente con los planes para prolongar la vida laboral: dado que no trabajan, se jubilan cuanto antes. Y, asimismo, sale perdiendo la economía, por la pérdida de capital humano antes de tiempo (en un contexto de retraso en el inicio de la vida laboral) y por el menor consumo que se presupone a un prejubilado respecto a un trabajador.