La vacuna obligatoria en las empresas sobrevuela la reincorporación presencial de las plantilla
Los empleadores no pueden forzar la inoculación en España, según los juristas
La variante delta del Covid-19 ha disparado alrededor del mundo las curvas de contagio tras unos meses en los que la emergencia sanitaria parecía contenida. Ahora la vuelta a las oficinas en septiembre, en muchos casos tras meses de teletrabajo generalizado, arroja en medio mundo el interrogante de si será obligatoria la vacunación contra el coronavirus para pisar nuevamente los lugares de trabajo y mantener las empresas operativas sin poner en riesgo a las plantillas.
Las decisiones de Google y Netflix de exigir el certificado de vacunación contra el Covid-19 a sus empleados en EE UU han encendido el debate y han despertado dudas sobre si esta medida sería aplicable en España. Las empresas “pueden recomendar a sus empleados que se vacunen, pueden insistir, pueden hacerles ver las ventajas, pero bajo ningún concepto pueden obligarles a colocarse la vacuna contra el coronavirus”, explica Emilio García, asesor jurídico para empresas en el área de derecho laboral.
Según García, la Constitución española garantiza a los empleados el derecho a la integridad y a la intimidad, de manera que las empresas ni siquiera pueden informarse de si sus empleados están vacunados o no, ni ahora con el virus del SARS-CoV-2 ni con ninguna otra vacuna.
Además, advierte de que los empleadores no podrán tomar ningún tipo de represalias ni aplicar criterios discriminatorios hacia aquellos trabajadores que no quieran vacunarse. “Las empresas no pueden despedir a trabajadores por este motivo. Probablemente, sería un despido declarado nulo y podría tener el empleado derecho a una indemnización añadida por el hecho de haber sido despedido injustificadamente”, asegura.
En España, hasta ahora, lo más cercano a una penalización hacia las personas que se negaran a vacunarse provenía de la propuesta de la Xunta de Galicia que, bajo la reforma de la ley de salud gallega, imponía la vacunación obligatoria y sancionaba con una multa de entre 1.000 y 3.000 euros a quienes se opusieran. Sin embargo, esta norma ha sido corregida, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno central, y ahora reflejará explícitamente que ponerse una vacuna no es obligatorio en ninguna circunstancia.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió la semana pasada en que España no está teniendo problemas de rechazo a la vacunación. “La gente quiere vacunarse”, dijo, y afirmó que no se prevé recurrir a la obligatoriedad de la vacuna como se ha hecho en países del entorno como Francia, que la exige para el personal sanitario. “Si esta situación sanitaria se mantiene en el tiempo, se repiten nuevas oleadas o vienen nuevas pandemias, a lo mejor el sistema jurídico tiene que renovarse”, admite con cierto recelo García. “Entraríamos en una situación muy peligrosa. Habría que cambiar y retocar muchos derechos fundamentales”, advierte.
Tendencia en EE UU
La cosa es diferente en Estados Unidos. Google fue pionera al anunciar el miércoles a sus más de 130.000 empleados en todo el mundo que tienen la obligación de vacunarse contra el Covid-19 para regresar a las oficinas en octubre. Sundar Pichai, consejero delegado, explicó desde el blog corporativo de la empresa que el requisito variará de acuerdo con las regulaciones locales y la disponibilidad de las vacunas en cada zona.
La compañía estadounidense ya ensayó en julio un regreso a la oficina voluntario, pero prevé la reincorporación de un 80% de su plantilla de forma presencial una vez se supere la pandemia, mientras que mantendrá a un 20% en modalidad de teletrabajo.
Netflix también anunció el miércoles que exigirá un certificado de vacunación contra el Covid-19 a todos los trabajadores que participen en cualquiera de sus producciones en Estados Unidos, aunque detalla que de momento solo se aplicará en la zona A de sus rodajes, que incluye al reparto.
Biden impone la vacuna a cuatro millones de funcionarios
Desde el inicio de la campaña de vacunación en EE UU, en diciembre de 2020, varios hospitales privados han exigido la vacunación a su personal sanitario. Pero ante el avance de la variante delta y el aumento del movimiento antivacunas en el país norteamericano, su presidente, Joe Biden, anunció el jueves que obligará a los cuatro millones de funcionarios de su Gobierno a demostrar que están vacunados o a presentar test negativos regularmente, y no descartó que pueda imponer en el futuro la obligatoriedad de vacunación a nivel nacional.
A diferencia de España, la ley estadounidense permite que las empresas privadas y las agencias gubernamentales exijan a sus empleados vacunarse como condición para trabajar allí, y aunque los trabajadores pueden negarse, no tienen derecho a la protección legal.
