Funcas estima que 270.000 afectados por los ERTE no volverán a su empleo

Teme que la crisis deje problemas crónicos en empleo y déficit Piden un plan de equilibrio fiscal en 2021 para evitar “ajustes drásticos”

Local cerrado.Efe

El decidido avance de la campaña de vacunación, que ha permitido inmunizar ya a mas del 50% de la población, la progresiva reactivación económica y la llegada de las ayudas europeas parecen comenzar a dibujar en el horizonte la salida de la crisis del Covid-19. Los expertos de Funcas alertan, sin embargo, de que el golpe puede dejar secuelas permanentes en el empleo, donde asumen que seis de cada 10 trabajadores aún afectados por un ERTE no volverán a su empleo, o las cuentas públicas, por lo que instan a dibujar ya este año un plan de reequilibrio a medio plazo que evite tener que afrontar “ajustes drásticos” en el futuro cercano.

Así se recoge en varios de los artículos de la última edición de Cuadernos de Información Económica, publicada ayer por la fundación de las cajas de ahorro (Funcas). “La recuperación iniciada tras el débil inicio de año ganó tracción en el segundo trimestre, en consonancia con la menor incertidumbre derivada del proceso de vacunación, la liberación de la demanda embalsada durante la crisis, y la remontada de la economía mundial”, exponen los economistas Raymond Torres y María Jesús Fernández en su análisis La economía española en recuperación: oportunidades y desafíos. Pese a estas buenas señales, los expertos de Funcas advierten de que “la cronificación de una parte del desempleo ligado a la crisis podría ampliar aún más la brecha con los principales socios europeos”.

En este terreno, los autores del artículo prevén una mejora en el mercado laboral que arroje 500.000 nuevos afiliados en dos años (en términos desestacionalizados de la Encuesta de Población Activa, la EPA) gracias al impulso de las ayudas europeas en camino y del incremento del consumo una vez se vaya liberando la demanda embalsada durante la crisis gracias al ahorro acumulado en la pandemia. Funcas estima, sin embargo, que de los 450.000 afectados por ERTE que había a finales de junio solo se reincorporarán a su puesto de trabajo en torno al 40%. Se trata, fundamentalmente, de aquellos asalariados de los sectores de restauración hostelería y ocio que se vean liberados de las restricciones impuestas frente al Covid. “El otro 60% se convertirán en desempleados o inactivos. De este modo, al final de 2022 el empleo habrá recuperado el nivel precrisis, pero el número de desempleados y la tasa de paro todavía serán superiores”, exponen.

Es decir, que 180.000 de los todavía afectados por ERTE al inicio del verano recuperarán su empleo mientras que unos 270.000 no regresarán a sus puestos de trabajo. Las cifras son algo más pesimistas que las que maneja el Gobierno. Los datos de Seguridad Social de empresas acogidas a ERTE que ya ni siquiera reciben exoneración de cuotas sugieren la pérdida de 170.000 de esos empleos. Pudo ser peor, eso sí. Aunque se trata de cifras relevantes, los Expedientes de regulación temporal del empleo llegaron a cubrir a 3,6 millones de personas en abril de 2020 y ayer el ministro José Luis Escrivá reveló que ya solo quedan 360.000 afectados.

Con todo, Funcas urge a hacer reformas que cierren la brecha laboral con la UE y generen empleo de calidad.

Torres y Fernández subrayan, además, que “a más largo plazo, el déficit y la deuda pública dibujan un escenario de vulnerabilidad ante un posible endurecimiento de las condiciones monetarias o una reactivación de las reglas fiscales europeas”. Sus proyecciones arrojan que, si no se hace nada, la deuda pública no se contraerá más que coyunturalmente, y, tras crecer del 95% al 120% del PIB el año pasado, se situará en el 121% para 2027. Dada la situación, anticipan, el país se arriesga a que la UE imponga “ajustes drásticos en un tiempo limitado” si el Gobierno no presenta pronto el diseño de un plan de reequilibrio fiscal que suponga garantías a medio plazo.

En esta misma línea se expresa el catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago Peñas, que apunta que aunque hay consenso entre los analistas en que la consolidación presupuestaria debe iniciarse una vez atada la recuperación económica, “prevalece también el acuerdo de que hay que aprovechar el año 2021 para definir una estrategia eficaz y creíble que afronte los desafíos del déficit y la deuda pública, teniendo en cuenta el elevado déficit estructural que arrastra España desde hace años y la magnitud del choque económico” causado por el Covid.