Globalización desde arriba hacia abajo

Uno de los grandes valores del acuerdo del G7 es que comienza por los países líderes, que quieren generalizarlo internacionalmente

Ya hay quien compara a Joe Biden con Franklin Roosevelt o Lyndon Johnson por su capacidad transformadora. Sus primeros meses de gobierno han sido un soplo de aire fresco que ni sus 78 años ni las dudas que muchos expresaron sobre su capacidad han estropeado. Claro que Donald Trump había deshecho tantos lazos y hundido tantos puentes que gran parte de lo que el nuevo presidente estadounidense podía hacer era reconstruir. No obstante, ha ido más allá, proponiendo un nuevo marco de convivencia (dentro y fuera de Estados Unidos) y marcando nuevas reglas, más equitativas en materia económica y climática. No le va a resultar sencillo pero se le aprecia arrojo político. Influye también y mucho el papel de Janet Yellen como secretaria del Tesoro, proporcionando un perfil técnico y una capacidad de convicción de altas prestaciones.

A priori podría parecer paradójico que algunos de los países que más han apostado por el libre mercado (Estados Unidos incluido) sean los que pongan sobre la mesa una propuesta sobre reforma fiscal para establecer una imposición mínima a las empresas. Hasta tal punto que una institución que se presentaba tan desgastada como el G7 encabeza ahora un cambio que mete presión a otras organizaciones como la OCDE y, sobre todo, el G20. Recuerda un poco la idea de Montesquieu de que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.” El poder de hoy es global y tiene múltiples formas de escapar al control. Provoca desigualdades e inestabilidades en el sistema capitalista que han impulsado a muchos a la necesidad de reformarlo para evitar que otros acaben por destruirlo y provocando crisis institucionales y económicas irreversibles. El capitalismo tenía algo que devolver a la sociedad. Quizás algo más, pero es un buen comienzo de una redefinición. De momento, los mercados no se resienten por varios motivos. Entre otras cuestiones, ven lejos aún el acuerdo y, además, consideran que puede tener algunos beneficios (como reducir tensiones geopolíticas y comerciales a largo plazo).

En la propuesta que ha lanzado el G7 hay dos pilares para una nueva fiscalidad de las empresas. Simples y poderosos. El primer pilar es que las empresas deberán pagar más impuestos en los países donde venden sus productos y servicios, en lugar de hacerlo donde declaran sus beneficios. Se aplicará a aquellos negocios con un margen operativo de, al menos, el 10%. El segundo pilar es que se establezca un compromiso internacional de al menos el 15% en el impuesto de beneficios para que unos países no compitan por otros por ver quien favorece más a las empresas. La definición del primer pilar asume que algunas multinacionales tienen beneficios muy reducidos en algunos países donde tienen que gran parte de su actividad. Por eso, se espera que el acuerdo se defina de forma aún más específica y siga algunas propuestas de la OCDE para que el requerimiento impositivo se pueda a hacer a divisiones suficientemente grandes de una compañía en lugar de a las matrices. Uno de los casos que más se ha comentado es el de Amazon. Su negocio minorista arroja beneficios inferiores al 10% pero su división más descentralizada con servicios de computación y similares, Amazon Web Services, tiene un margen superior al 30% y, según los principios inspiradores del acuerdo, debería quedar encuadrada en el mismo.

Precisamente son las grandes tecnológicas las que más polémica han suscitado. Muchos países han intentado establecer impuestos (como la llamada tasa Google) o asimilados a cargas arancelarias a las mismas. Como muchos economistas nos hemos pronunciado, estas medidas parecen poco eficaces y hasta contraproducentes cuando se adoptaban unilateralmente. Por eso, uno de los grandes valores del acuerdo del G7 es que es top-down (desde arriba hacia abajo) porque comienza por países líderes que quieren que se aplique de forma generalizada internacionalmente. Yellen ha salido al paso de estas dudas sobre las BigTech señalando que las tasas Google dejan de tener sentido –Estados Unidos las había denunciado como prácticas impositivas discriminatorias– porque ahora serán todas las grandes multinacionales y no sólo las tecnológicas las sometidas al acuerdo.

La pelota (y la presión) pasa directamente a la reunión del G20 que se celebrará en Venecia en julio. Las miradas estarán en Rusia y China. Sucederá en un momento en el que hay tensiones geopolíticas palpables (investigaciones sobre origen de la pandemia, situación de Bielorrusia, responsabilidad en grandes ciberataques a empresas). Causa fatiga pensar lo que puede quedar por delante con precedentes como los acuerdos para luchar contra el cambio climático, pero ilusiona la fuerza y consenso que ha venido de un Occidente que parecía quedarse atrás en el terreno de juego mundial, sobre todo en el caso de Europa. Puestos a soñar, podríamos imaginar un futuro con acuerdos internacionales más amplios que los actuales en derechos laborales mínimos o en una protección de la propiedad intelectual más general y garantizada. Una creciente gobernanza global.

Lo que el acuerdo no dará es igualdad en competitividad ni en I+D ni en modernización. Eso seguirá siendo responsabilidad de cada país y esperemos que España tome nota ya que sigue manteniendo significativas diferencias en esos factores con respecto a los países más avanzados, sin que hayan existido acciones públicas decididas a corregir esas carencias. Por otro lado, algunos países –entre ellos, nuevamente el nuestro– se plantean ahora reformas fiscales en medio del proceso de recuperación tras la pandemia. Parece algo prematuro. Sobre todo, para sumarse ya a ese mínimo del 15% antes de que haya un acuerdo más vinculante y amplio. 

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas