El Gobierno prevé elevar en dos puntos la presión fiscal esta década y cerrar la brecha con la UE para 2050

El Ejecutivo prevé una reforma integral de IRPF, Patrimonio y Sucesiones en esta década

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“Necesitamos una visión de la España que queremos en las próximas décadas, más allá de las urgencias y necesidades inmediatas, una visión ambiciosa pero realista”, de Estado y por consenso que permita “abarcar varias legislaturas”, defendió este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar la estrategia España 2050. Un horizonte para el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, con el apoyo de un centenar de expertos independientes, ha elaborado el documento Fundamentos y propuestas para una estrategia de largo plazo, que Sánchez presentó este jueves como el punto de partida para un gran “diálogo nacional” en el que diseñar la respuesta a los grandes retos que España encara en los próximos 30 años.

El texto destaca entre ellos la necesidad de cerrar la brecha de recaudación tributaria del país frente a la Unión Europea para mediados de este siglo, partiendo de un incremento de dos puntos en esta misma década. En concreto, cifrando en el 35% del PIB el peso de la presión fiscal previo a la pandemia, la hoja de ruta pasa por alcanzar el 37% para 2030 (unos 24.000 millones de euros adicionales sobre la recaudación de previa a la crisis del Covid-19); el 40% en el año 2040 y equipararse a la actual media comunitaria, en el 43%, para 2050 (unos 96.000 millones extra frente a 2019).

Parte de esa mejora se lograría rebajando drásticamente el tamaño de la economía sumergida, que cifra hoy en un 20% del PIB. El objetivo es reducirla a la mitad en 30 años, pasando al 15% en 2030, al 12% en 2040 y al 10% para 2050.

El gasto público

Esta mejora de la recaudación, sostiene el texto, permitiría sanear las cuentas públicas españolas a la vez que se eleva el gasto público en protección social que se estima que se situaba en el 17% antes de la pandemia, y se prevé que crezca al 18% para 2030, al 19% en 2040 y al 20% en 2050. El documento alerta además de que la factura de las pensiones crecerá del 10,8% del PIB en 2019 a una horquilla de entre el 15,2% y el 16,9% en 2050. En paralelo, el coste de la dependencia subirá del 0,8% al 2% en el mismo periodo. De esta forma, sumado el gasto en pensiones, salud y cuidados, el plan considera “un nivel asumible”, por su similitud al de Francia o Austria, alcanzar un 25%.

“Este incremento en el gasto público no tendría por qué traducirse en un aumento del déficit” pues “el solo incremento de la recaudación fiscal” por sí misma “ya sería suficiente para compensar este aumento del gasto público”, se argumenta en el documento.

A partir de ahí, la mejora de la productividad y del potencial de crecimiento económico del país permitirían aportar recursos adicionales con los que reducir el agujero fiscal y el endeudamiento sin desatender la creciente factura social. Se prevé, de hecho, que la brecha de renta per cápita frente a las grandes potencias europeas caiga del 22% al 10% en tres décadas.

Subidas de impuestos

El incremento de la presión fiscal proyectado pasa, en todo caso, por cambios, mayoritariamente al alza, en buena parte de las figuras tributarias. Las reformas se harían en dos tiempos.

En primer lugar, el plan contempla que “de aquí a 2030 habrá que” llevar a cabo “una reforma integral de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones”. En este campo, se apuesta por “eliminar los incentivos fiscales” al patrimonio inmobiliario y por elevar la tributación efectiva del capital a umbrales europeos. También se busca reforzar la progresividad del sistema, así como replantear “el papel del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones en las Haciendas autonómicas para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país”, a la vez que acentúan el riesgo de despoblación de ciertos territorios.

Del lado de sociedades, se aboga por una “armonización a escala internacional”, con la imposición de un tipo mínimo global; el desarrollo de mayores controles sobre negocios digitales; y la promoción de un tributo europeo único para multinacionales, evitando que la carga siga concentrada en pymes y sectores tradicionales. A su vez, los beneficios fiscales se reorientarán a incentivar buenas prácticas medioambientales. En el caso de los autónomos se prevé acabar con la tributación por módulos a fin de que contribuyan según sus ingresos reales.

El plan pasa también por “modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo”, a niveles de la UE.

Revisión de tipos

Ya en el medio plazo, antes de 2050, el proyecto apuesta por “reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF”, para adaptarlos al nuevo mercado de trabajo, la revolución tecnológica por venir y la lucha contra la desigualdad salarial que se prevé emprender “en las próximas décadas”.

“Igualmente, si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas, habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos”, se anticipa. Como ejemplo, el texto plantea que “se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico”, como las derivadas “del ejercicio de poder de mercado de las plataformas digitales”.

Sánchez invita a los empresarios a un gran diálogo nacional

En la España de 2050, la mitad de la población tendrá estudios superiores; el tejido productivo se habrá digitalizado; la economía será medioambientalmente sostenible; la fiscalidad tendrá un diseño más progresivo; las desigualdades sociales se habrán reducido y la inversión en I+D se habrá duplicado, hasta alcanzar el 4% del PIB. Así, al menos, aparece dibujada en el documento de 676 páginas presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prometió, en todo caso, que es solo un punto de partida sobre el que diseñar el futuro. “No es un documento cerrado, es un documento vivo. Una primera propuesta que está viva y que tiene un gran objetivo: iniciar una conversación para que sea reforzada y ampliada por el conjunto de la sociedad y sus representantes”, dijo Sánchez sobre el texto, anunciando que “España iniciará un gran diálogo nacional sobre su futuro”. Será, detalló, un procedimiento abierto a todas las instituciones públicas y privadas que quieran participar en las 19 comunidades y ciudades autónomas, involucrando a instituciones, políticos, sindicatos y empresarios. Estos últimos fueron algunos de los 400 asistentes al acto del presidente, si bien su número fue inferior al de otros eventos convocados por Sánchez en el pasado. Acudieron, no obstante, importantes figuras como los presidentes de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; Iberdrola, Ignacio Galán; el de Sabadell, Josep Oliu; el de Mapfre, Antonio Huertas; el de Mutua, Ignacio Garralda, o el de Seopan, Julián Núñez.

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