El Gobierno se contradice respecto a la gestión de las restricciones tras el estado de alarma

La delegación del Gobierno pide a Madrid decisiones "valientes" como el toque de queda y Enrique López lo descarta

Ambiente en la Puerta del Sol de Madrid tras el fin del estado de alarma
Ambiente en la Puerta del Sol de Madrid tras el fin del estado de alarma EFE

Continúan la polémica y el debate jurídico en torno a cómo controlar la pandemia del coronavirus tras el fin del estado de alarma. Las escenas vividas en diversas capitales de España el sábado por la noche, justo después de que el decreto dejara de estar en vigor, con miles de jóvenes de fiesta en las calles sin ningún tipo de medida o control, han elevado la intensidad de la discusión entre las comunidades de distinto signo político y el Gobierno central.

Por todo ello, el Gobierno actuará en función de lo que decida el Tribunal Supremo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que, en el hipotético caso de que el Tribunal Supremo emita una resolución sobre unificación de criterios de las restricciones, el Gobierno evaluará esa interpretación y será lo "suficientemente flexible" para trabajar en ese sentido.

Marlaska ha apuntado: "El Ejecutivo central no hace que el Supremo ejerza de Gobierno ni de legislador, es el intérprete del marco normativo vigente". Además, ha defendido que dentro del ámbito normativo español interno existen medidas legales suficientes para responder a la situación actual de la pandemia, que no es la vivida en octubre, y ha señalado que el plan de vacunación está desarrollado y "a la vanguardia".

Previamente, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había declarado en una tribuna publicada hoy en el diario El País que el Gobierno estudiará "cambios legales adicionales" si fuesen necesarios después de que el Supremo resuelva los recursos de las autonomías, cuyas restricciones han sido anuladas por los tribunales superiores de justicia tras el estado de alarma.

Campo ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio y ha defendido que, si hay "disparidad de criterios" sea el Alto Tribunal el que "marque la pauta común". "¿Quién si no iba a hacerlo?, se ha preguntado el titular de Justicia".

Campo ha dejado también la puerta abierta a la posibilidad de que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales que sean propuestas a las Cortes, como ha pedido el Partido Popular, que solicitaba un plan jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.

Campo, sin embargo, matizaba al final de la mañana, en una entrevista en Al Rojo Vivo sus palabras: “El Gobierno no se plantea un cambio normativo ahora”. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz respaldó esta segunda postura de Campo. Pero la confusión del Ejecutivo continuó. El ministro de Función Pública, Miquel Iceta, señaló en Radio Euskadi: “Habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa”.

Mientras, el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó que las comunidades autónomas cuentan con todos los instrumentos necesarios para hacer frente a esta situación sin reformas legales.

Mientras, el Partido Popular ha ofrecido hoy la proposición de ley que el Grupo Popular registró hace un mes en el Congreso de los Diputados para cambiar la ley tras el fin del estado de alarma, su propuesta de "plan b" para que las comunidades gestionen las restricciones.

Criterios dispares en la justicia

Por otro lado, la Fiscalía de Navarra ha autorizado las medidas restrictivas establecidas en la Orden Foral del pasado 9 de mayo, excepto el toque de queda desde las 23:00 horas tras considerar que ahora mismo no cuenta con cobertura legal suficiente. Esta decisión está en consonancia con la adoptada por el el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que se ha posicionado de igual forma. El Gobierno canario recurrirá al Tribunal Supremo esta decisión.

Por contra, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó prácticamente todas las medidas que planteaba el Gobierno vasco tras el fin del estado de alarma, toque de queda, cierre perimetral y límites a las reuniones incluidos, mientras que los tribunales valenciano y balear sí aceptaron mantener la prohibición de circular por la vía pública en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares desde las 00:00 horas y las 23:00 horas respectivamente. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado las medidas sanitarias de la Junta, que incluyen, entre otras, los cierres temporales de Ahigal, Jaraíz de la Vera, Piornal, Oliva de Mérida y Palomas.

Medidas "valientes"

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha pedido hoy al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que tome medidas "valientes" como el toque de queda, como han hecho otras comunidades, para evitar fiestas y concentraciones masivas como las del sábado. Durante una entrevista en la cadena SER, González ha señalado que Ayuso ha estado "meses y meses sembrando en la ciudadanía una falsa libertad" que ha desembocado en este "libertinaje" y ha señalado que es probable que se repita la misma situación el próximo fin de semana en Madrid, cuando será San Isidro.

Por su parte, el consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha descartado medidas como el toque de queda que impliquen "encerrar a siete millones de personas" por culpa de "unos centenares de jóvenes". López ha pedido la ayuda de la Policía Nacional y la Guardia Civil para controlar aglomeraciones y fiestas como las del pasado fin de semana y ha criticado la "dejadez política" y la "pereza" del Ejecutivo de Pedro Sánchez por ho haber aprobado durante el último año una ley para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas restrictivas durante la pandemia en el caso de situaciones de alta incidencia del virus sin el amparo jurídico del estado de alarma. "Tienen tiempo para legislar con quién se quedan las mascotas en el caso de divorcio y no para regular algo tan importante como para dar cobertura a las autonomías para limitar los derechos fundamentales", ha añadido.

Mientras, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha lamentado las imágenes tras la suspensión del estado de alarma que, ha señalado, están en el "debe del Gobierno. El ejecutivo de Sánchez debería presentar la dimisión si vuelve a decretar el estado de alarma. "Era demasiado pronto para pasar de 0 a 100", ha añadido.

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