Los tribunales de la Unión Europea, claves para la defensa jurídica

Las cuestiones prejudiciales son una gran oportunidad para los letrados

Los tribunales de la Unión Europea, claves para la defensa jurídica
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Cada vez es más habitual que la labor de los abogados en defensa de los ciudadanos llegue hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al Tribunal Europeos de Derechos Humanos (TEDH).

Además, los bufetes son conscientes de que la jurisprudencia europea, sobre todo del TJUE, ha sido decisiva para desarrollar el derecho de los consumidores, la jurisdicción laboral, los asuntos sobre hipotecas y cláusulas suelo, el derecho al olvido, etcétera, todas resoluciones de gran impacto en España.

Los juristas consideran que las sentencias del TJUE son tan decisivas como puedan ser las del Tribunal Supremo. Además el proceso de integración europeo no sólo se basa en los Tratados de la UE, sino que se desarrolla principalmente en el Tribunal de Luxemburgo para integrar el derecho europeo en los derechos nacionales.

“Los tribunales europeos tienen más importancia de lo que muchas veces se percibe y cada vez deben estar más presentes en la perspectiva del abogado”, ha asegurado durante una jornada organizada por el Colegio de Abogados de Madrid Juan Luis Requejo Pagés, letrado desde 2010 en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Vocación expansiva

El TJUE, compuesto por el Tribunal de Justicia (un juez de cada país miembro y 11 abogados generales) y por el Tribunal General (2 jueces por cada país de la UE) con sede en Luxemburgo, tiene, según Requejo, “una evidente vocación expansiva para ampliar sus competencias jurisdiccionales y por eso se ha convertido en un tribunal constituyente basado en el principio de primacía”.

Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asegura que el “ordenamiento europeo cada vez es más transversal” y no sólo es importante para los abogados especializados en derecho europeo sino para los que se dedican a asuntos genéricos. Los letrados del TJUE aconsejan a los abogados no considerar a los tribunales europeos como unas instancias lejanas y aprovechar su vía expansiva jurisprudencial para defender a sus clientes. Para ello hay una recomendación fundamental: siempre plantear la deriva comunitaria cuando se inicie un pleito ante un tribunal nacional.

En 2020 y a pesar de estar más de dos meses sin actividad por la Covid, se plantearon 735 asuntos ante el TJUE. Desde hace varios años son las peticiones de decisión prejudicial las que constituyen el grueso de los nuevos asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, 556 en 2020 frente a 641 en 2019. Los 131 recursos de casación interpuestos en 2020 constituyen el segundo grupo más importante de asuntos planteados.

En la práctica ante Luxemburgo cada vez tienen más importancia las cuestiones prejudiciales que combinadas con el principio de supremacía “son una gran oportunidad para los abogados”, según Signes. De hecho, detrás de las cuestiones prejudiciales más importantes ha habido un abogado como ha pasado en las cláusulas suelo, el céntimo sanitario o la protección de datos.

Cuestión prejudicial y abogados

Si el juez nacional rechaza presentar cuestión prejudicial, ¿qué puede hacer el abogado? Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que no plantear una decisión prejudicial necesita una respuesta fundamentada del tribunal. Su incumplimiento posibilita al abogado para presentar recurso de amparo por vulnerar el derecho al juez ordinario y al proceso debido.

El procedimiento ante el Tribunal de Justicia consta de una fase escrita (exposición ante el TJUE de las imputaciones, motivos o alegaciones de las partes) y de una fase oral, donde se escucha a los abogados de las partes o a los interesados y posteriormente las conclusiones del abogado general. Es obligatorio que los ciudadanos y empresas en el procedimiento ante el TJUE sean representados por un abogado.

En relación a la fase escrita, es importante prestar atención al número máximo de páginas que se permiten para cada tipo de escrito, “ya que el tribunal puede solicitar la regularización de los que no se ajusten a sus recomendaciones”, según Juan Rodríguez Cárcamo, socio de Pérez-Llorca.

En lo recursos directos y en los escritos de contestación, el TJUE exige preferiblemente no sobrepasar las 30 páginas. La extensión se reduce en los recursos de casación y su contestación a un tope de 25 páginas. Aún más breve son los escritos de formalización de la intervención en los recursos directos y en los recursos de casación, hasta diez páginas.

La mayoría de las alegaciones o de observaciones que se presentan en la fase escrita del procedimiento deben traducirse, por lo que se recomienda privilegiar el empleo de frases cortas y simples; algo realmente difícil para los abogados.

Exigentes requisitos

Desde el punto de vista formal es imprescindible que los escritos se presenten de tal manera que el Tribunal de Justicia proceda a su tratamiento informático. Además se redactarán en A4, en una sola cara de la hoja, utilizando un tamaño de al menos 12 puntos, todos los apartados estarán numerados, ninguna de las páginas del escrito de alegaciones o de observaciones tendrá más de 1.500 caracteres sin incluir los espacios y no puede utilizarse pegamento o grapas.

El Tribunal de Justicia y los abogados que utilizan esta jurisdicción recomiendan la presentación a través de la aplicación por vía electrónica e-Curia. Para Rodríguez, es un “sistema eficaz, fácil de usar y gratuito que permite comunicarse con el TJUE de una manera óptima”.

Durante la fase oral, el tiempo de palabra es asignado previamente por el tribunal a cada una de las partes. En las cuestiones prejudiciales cada parte suele tener derecho a una intervención de 15 minutos y el tribunal puede dirigir preguntas al abogado. También existe un breve turno final de réplica.

Es habitual que, antes de la fase oral, los miembros del tribunal mantengan una breve entrevista sobre la organización de la vista con los representantes de las partes.

La principal dificultad es compaginar el limitado tiempo de exposición con la necesidad de expresarse de forma sencilla y con ritmo pausado para permitir que los intérpretes de las 23 lenguas oficiales en el TJUE traduzcan la intervención a los jueces y al abogado general.

Es necesario llevar toga y Rodríguez recomienda “enviar las notas de la intervención con antelación a los intérpretes y llegar con antelación al edificio, porque a veces hay afluencia de público en el control de seguridad”.

 

Demandar ante el TEDH

  • Inadmisión de demandas. La gran mayoría de las 50.000 demandas presentadas anualmente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) son inadmitidas sin examinar el fondo al no cumplir con los requisitos de admisibilidad. Las decisiones de inadmisión son definitivas y no cabe recurso alguno contra ellas. Diariamente se reciben 1.500 cartas.
  • Requisitos. Dados los estrictos requisitos formales establecidos para la admisión de demandas, el TEDH ha elaborado una exhaustiva “Guía práctica sobre la admisibilidad”, específicamente dirigida a los profesionales del derecho, en la que se analizan detalladamente todos los posibles motivos que puedan dar lugar a la inadmisión.
  • Vía electrónica. El formulario de demanda se encuentra en la web del Tribunal para rellenar todos y cada uno de sus apartados y enviarlo junto con copia de todos los documentos pertinentes. Hay que rellenar el formulario de demanda íntegramente y de forma meticulosa.
  • Idioma. Puede presentarse la demanda en una de las dos lenguas oficiales del Consejo de Europa, inglés o francés, o en la lengua oficial de cualquiera de los Estados miembros del Consejo de Europa.
  • Sentencia. Si finalmente se declara que se ha producido una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el tribunal puede conceder una indemnización en compensación por los perjuicios sufridos, pero no tiene competencia para anular las decisiones judiciales internas. Una sentencia de Sala adquiere firmeza transcurridos tres meses desde su pronunciamiento. Una vez firme, el tribunal transmite el expediente al Comité de Ministros del Consejo de Europa para que supervise su ejecución.
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