4-M: dos modelos fiscales para Madrid

En un contexto de sobreimposición tributaria como el actual, aumentarla aún más puede perjudicar a la recaudación

Pocas veces –quizás ninguna– han estado tan presentes los impuestos en una campaña electoral como en la que finaliza el próximo 4-M. Sin duda, han constituido uno de los principales ejes del debate suscitado entre las formaciones que aspiran a gobernar la Comunidad madrileña. Nuca fue tan patente lo afirmado por Borrell cuando era secretario de Estado de Hacienda: la política tributaria es política en estado puro. Sirva como pórtico para comparar los modelos tributarios que la derecha y la izquierda proponen a los madrileños.

Resaltemos primero el diferente nivel de certidumbre que atesoran cada uno de los modelos. El propuesto por la presidenta Ayuso dispone de certitud. Su propuesta de profundizar en la moderación impositiva aplicada en Madrid desde hace décadas es diáfana y, además, compartida por la formación que, en su caso, debiera facilitar su investidura.

Por el contrario, el modelo de la izquierda carece de certidumbre, pues en su discurso coexisten planes diferentes y contradictorios. Hace pocas semanas, Gabilondo presentó en la Asamblea de Madrid un plan con subidas inmediatas en todos los impuestos autonómicos. Ahora promete que no subirían en los dos próximos años. Giro electoral enfrentado sin embargo a la posición de los que serían sus inevitables socios de gobierno, pues Pablo Iglesias pretende un subidón fiscal en Madrid. Choca también con la armonización de la tributación autonómica anunciada por la ministra de Hacienda para cumplir el pacto alcanzado con Esquerra Republicana.

Expuesto lo anterior señalemos que, de entrada, los modelos fiscales propugnados por derecha e izquierda difieren en el nivel de carga fiscal exigida a los madrileños. Más alto para la izquierda, más bajo para la derecha. Aquella considera que con más impuestos subiría la recaudación tributaria, pudiéndose así atender mejor las necesidades sociales. Sería cierto si las bases impositivas fueran absolutamente inelásticas a las subidas tributarias, cuestión negada por la derecha, que afirma que entre bases y tipos impositivos existe una gran elasticidad, de manera que aumentando los impuestos se retraen la inversión y la actividad económica y, finalmente, se recauda menos.

En realidad, ningún bando tiene plenamente la razón, pues la elasticidad de las bases tributarias ante variaciones en los tipos no es constante, sino que depende del nivel de imposición preexistente. En un escenario de tributación exigua, sucedería lo que afirma la izquierda: mayores tipos de gravamen, mayor recaudación obtenida. En un escenario de sobreimposición, sucede lo que postula la derecha: tipos impositivos y volumen de recaudación pueden moverse en sentido contrario.

Así las cosas, es obligado preguntarse por el carácter actual de nuestra imposición. En mi opinión estamos en una clara sobreimposición, por lo que de aumentar esta aún más puede perjudicarse la recaudación. Añádase que los tipos de gravamen constituyen el dividendo del defraudador, de modo que subiendo los impuestos se incentiva el fraude, dañándose a la recaudación. Junto a esta controversia general, existen controversias más específicas que conviene reseñar.

En su modelo, la izquierda quiere resucitar en Madrid el Impuesto sobre el Patrimonio que la derecha ha eliminado de facto. Es un impuesto desaparecido en Europa (solo en Francia existe una figura algo análoga), que resulta injusto y económicamente ineficiente (son términos de Miguel Sebastián, ministro de Zapatero). Injusto por requerir anualmente tributar por la renta ya gravada en el pasado. Ineficiente porque al penalizar el ahorro, desincentiva este y dificulta la inversión. Además, su regulación en España resulta claramente anticonstitucional por ser evidentemente confiscatorio. ¿Cuántos patrimonios personales proporcionan ingresos anuales del 2,5%? No pudiendo afrontarse con la renta el pago del tributo, la confiscación es innegable.

En el actual modelo de la derecha se bonifica casi íntegramente el traslado del patrimonio paterno a los hijos –sea por donación, sea por herencia–, cuestión criticada por la izquierda que propugna una bonificación menor. Sostiene así que el patrimonio ahorrado por unos padres sea repartido entre sus hijos y el Estado.

Para valorar la controversia, conviene repasar la historia del impuesto sobre Sucesiones. Nació en el Imperio Romano para financiar las legiones. Obviando su origen militarista y avanzando en el tiempo, recordemos que, en un estadio determinado de la fiscalidad, el impuesto se justificaba por su efecto revisor. Siendo moderada la fiscalidad soportada en vida por un contribuyente, a su muerte el Estado podía imponer una carga tributaria adicional. Quebrada hace tiempo la moderación fiscal, esta justificación ha decaído.

Nuestra historia tributaria es un ejemplo ilustrativo. Cuando por el impuesto personal sobre la renta –entonces IRTP– se pagaba un 12%, y la imposición al consumo –a través del antiguo ITE– era del 4%, resultaba razonable que lo heredado por un hijo fuera objeto de otro gravamen adicional. Ahora, cuando el IRPF puede llevarse casi el 50% de nuestro sueldo y al consumir pagamos un impuesto del 21%, ¿es ético que el Estado pueda hurtar a nuestros hijos hasta un 34% de nuestra herencia? 

La tercera controversia afecta al IRPF, impuesto sobre los salarios en acertada definición de Joaquín Leguina. Ahí la propuesta de la derecha es bajar en medio punto porcentual los tipos impositivos de todos los tramos de la tarifa. Con ello se reduce la factura fiscal de todos lo contribuyentes, al tiempo que aumentará la progresividad. Es así: un descenso lineal del 0,5% resulta proporcionalmente mayor en los tipos más bajos de la tarifa –menores rentas– que en los más altos –rentas mayores–. Por su parte, de considerar que el plan presentado hace semanas por Gabilondo es lo propugnado por la izquierda, esta proyecta mantener la actual carga fiscal para el conjunto de contribuyentes con la excepción de aquellos que tienen salarios más altos (Leguina), que sufrirían un incremento impositivo.

Ignacio Ruiz-Jarabo es economista y exdirector general de la Agencia Tributaria