Las claves de una fusión entre lo privado y lo público, CaixaBank-Bankia

Una operación con la que soñaba Fainé y que llegó en el momento más oportuno para el Gobierno de Pedro Sánchez

Ha pasado más de un año desde que el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria, Isidro Fainé, propusiera a la ministra de Economía, Nadia Calviño, un proyecto que ya había contemplado el Estado, aunque sin pensar en una pareja determinada. El banquero más veterano de España, y puede que del mundo, llevaba años soñando con crear el banco más grande del país. Sería el broche de oro para su jubilación. Y siempre había pensado en el mismo objetivo: Caja Madrid hace más de 20 años, o en su defecto, Bankia (origen de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de menor tamaño) desde que estalló la crisis financiera en 2008.

Fainé podía haber apostado por otras fusiones, pero su obsesión por mantener lo que había sido el espíritu de las cajas de ahorros, con su obra social, le empujó a llevar a cabo una cruzada por adquirir en plena crisis primero Caixa Girona, luego Banca Cívica y ahora Bankia, aunque entre medias CaixaBank también compró Bankpyme, Banco de Valencia (que fue filial de Caja Madrid) y la filial española de banca minorista de Barclays.

Antes de que la pandemia fuera una realidad y cuando el coronavirus parecía algo que solo afectaba a China, el presidente de La Caixa propuso a Calviño, como representante del 62% del capital de Bankia, y al Banco de España, como organismo supervisor y miembro del BCE, una solución para poner en valor la participación de Estado en la entidad que presidía José Ignacio Goirigolzarri. ¿Por qué no se fusionaban CaixaBank y Bankia?.

Este proyecto quitaba un gran peso de encima al Gobierno de Pedro Sánchez, que veía cómo los títulos de Bankia languidecían cada vez más en el mercado, y las posibilidades de recuperar las ayudas de Estado por casi 25.000 millones de euros se esfumaban a gran velocidad. Una fusión, y encima con CaixaBank, daba un margen más amplio para recuperar el valor de los títulos de Bankia y esquivar tener que incluirlas en las cuentas estatales como déficit público. A ello se unía que ambas entidades contaban con una cultura muy similar, ya que sus orígenes eran las cajas de ahorros.

La idea convenció inmediatamente a Economía, pero estalló la crisis sanitaria y, aunque las conversaciones siguieron, su intensidad se ralentizó a tal punto que llegó un momento en el que se paralizaron. La intensidad y virulencia de la pandemia hacían poco conveniente aprobar una fusión bancaria en esos momentos. De ahí que desde abril hasta junio todos los banqueros negasen la mayor, no eran tiempos para abordar fusiones.

Pero fue en la presentación de resultados del semestre de Bankia, celebrada en julio, cuando su consejero delegado, José Sevilla, dio una pista, aunque sin dar más detalles. “Es posible que todo este contexto genere un caldo de cultivo favorable para un proceso de consolidación adicional... Somos favorables a las fusiones si tienen sentido”. Y ahí se quedó la cosa, por lo menos para el mercado y la prensa. No para CaixaBank y para Bankia.

Es conveniente que el ajuste de más de 7.000 empleados que baraja el banco se lleve a cabo en una fase”, apunta un ejecutivo. Gortázar piensa lo mismo

Una parte pequeña de los equipos de ambas entidades comenzó a negociar ya con números la proposición de Fainé. La fusión tenía visos de convertirse en realidad, y los números avalaban la operación. Fue un agosto muy intenso, tanto, que el 25 de ese mes las dos excajas reunieron a sus respectivos consejos para dar el OK para seguir adelante con el proyecto. Hasta entonces, y pese a llevar casi todo el año planeando la operación, el mercado no se había hecho eco de las negociaciones. Tampoco, según apuntan fuentes conocedoras de los planes desde sus inicios, el socio político del Gobierno, Podemos.

El hecho de que Bankia tenga como principal accionista al Estado convertía la fusión en caldo de cultivo político, sobre todo para el grupo que encabeza Pablo Iglesias, quien siempre ha defendido una banca pública, y qué mejor que una entidad con participación del Gobierno para lograr este objetivo.

Las negociaciones de una posible fusión entre Bankia y CaixaBank se conocieron públicamente el 3 de septiembre, a las puertas de que se celebrasen los consejos de administración definitivos para aprobar oficialmente las negociaciones y comunicarlo al mercado, lo que ocurrió el 9 de septiembre. De esta forma, la fusión que Mariano Rajoy intentó, con el apoyo de Luis de Guindos y con el aplauso de Fainé, se ha convertido en un tanto para el Ejecutivo de Sánchez, que logra quitarse un gran peso de encima.

Ahora, desde este viernes, día en el que Bankia ha desaparecido jurídicamente 12 años después de su creación tras ser absorbida por CaixaBank, el Estado se sentará en la entidad de origen catalán con el 16,1% de su capital y un consejero (intentó tener dos, pero el banco que hasta el miércoles presidía Jordi Gual no estaba dispuesto a sentar a más miembros del Estado en su máximo órgano de control). El Gobierno no suele ser bien recibido en los consejos de las empresas a no ser que no haya más remedio.

El objetivo de CaixaBank, de hecho, es intentar que el Estado salga lo antes posible de su capital, aunque para ello se necesita que sus títulos se revaloricen para que las arcas públicas pierdan lo menos posible con esta participación y no ocurra como acaba de suceder con el peso que tiene el Gobierno en Sareb, conocido como el banco malo, y que ha provocado que la deuda pública alcance el 120% del PIB al obligar Eurostat a traspasar al Estado 35.000 millones de euros de sus pasivos.

La negociación de las salidas de la nueva CaixaBank también están empañadas por la participación del Estado en su capital. Los números de la entidad apuntan a la salida de 7.000 a 8.000 empleados, según aseguran todas las fuentes consultadas.

“El problema es cómo se justifica este número de despidos ante los ciudadanos en un momento de crisis como el actual, siendo el Estado el segundo accionista de CaixaBank con el 16%. Ya en la junta de accionistas del pasado día 23 se oyeron algunas voces de los sindicatos en este sentido. Sería un error postergar estas salidas en varios años. Es mejor hacerlo de una sola vez, pero entramos en los juegos políticos, que influyen hasta para poner en marcha un ERE”, señala una fuente financiera. Gortázar, sin embargo, ya dejó claro el viernes que se hará en una sola fase.

Entramos en el juego de los equilibrios entre lo privado y lo público”, comenta otra fuente.