Un control efectivo de las sociedades ‘zombie’ para evitar agujeros fiscales

En una coyuntura de crisis como la actual, este tipo de empresas se multiplica y el riesgo de actividades delictivas y fraudes aumenta exponencialmente

La maraña que conforman la ingente cantidad de sociedades zombie o sin actividad que existen en España constituye un floreciente campo de cultivo para actividades irregulares y delictivas, especialmente en el campo de la Hacienda Pública. Es un problema lo suficientemente importante como para que la OCDE haya señalado que “las personas jurídicas inactivas resultan potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de bienes y derechos en España”, especialmente en medio de una crisis que ha elevado considerablemente el número de sociedades vacías de actividad y no disueltas. Aunque no existen datos oficiales sobre su número, los expertos apuntan a una cifra cercana a los 700.000. Existen unos tres millones de sociedades inscritas en el Registro Mercantil, pero solo 1,3 millones cumplen con la obligación de presentar anualmente sus cuentas, lo que puede servir también para delinear la magnitud del problema. No se trata, en cualquier caso, de un problema específicamente español. Algunos estudios apuntan a que en países como Alemania, Francia o Italia alcanza al 10% del total de sociedades.

Consciente del riesgo potencial que estas empresas inactivas suponen en términos de actividades ilegales, la Agencia Tributaria ha iniciado una ofensiva, para la cual ha solicitado la colaboración a notarios y registradores, con el objetivo de acelerar el cribado de empresas vivas y prevenir la proliferación de entramados societarios, actividades no declaradas, fraudes u operaciones de blanqueo de capitales, entre otros posibles delitos. A ello se unan dos medidas legislativas que van en la misma línea. Por un lado, la nueva Ley de Auditoría, que refuerza las sanciones contra las empresas que incumplan la obligación de presentar cuentas; por otro, la futura ley antifraude fiscal, en la que Hacienda quiere introducir un modelo de cooperación específico con los notarios que permita fortalecer el control sobre las sociedades fantasma.

No es la primera vez que la Agencia Tributaria se pone manos a la obra en este sentido. Lo hizo ya en 2019 y el resultado fueron unos ingresos extra de más de 80 millones de euros. Pese a ello, lo verdaderamente relevante no es tanto la cifra de recaudación en obligaciones fiscales ordinarias como la prevención de potenciales actividades delictivas que pueden ocasionar un agujero mucho mayor al erario público. Ese esfuerzo debe ser especialmente intenso en una coyuntura de crisis como la actual, en la que este tipo de sociedades se multiplican y el riesgo de actividades delictivas y fraudes aumenta exponencialmente, como también la necesidad del Estado de prevenir vías de agua que reduzcan la recaudación fiscal.