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Fondos públicos para que el ICO pueda reestructurar deuda

Sobre la mesa del Gobierno está este proyecto que podría ser una solución para auxiliar a las empresas con ayudas directas, según fuentes bancarias

Fachada del ICO con su logotipo
Fachada del ICO con su logotipo

Enfrentamientos y diferencias entre el Gobierno y la banca siempre han existido. No es algo nuevo, pero es cierto que ahora el nivel de confrontación que se está viviendo entre el Ejecutivo y el sector financiero nunca se había producido, según explican varias fuentes bancarias. La razón de este enconamiento no es otra que las distintas posturas entre ambas partes para buscar soluciones que eviten la caída de las empresas, sobre todo de las más pequeñas y de los autónomos por culpa de la crisis económica derivada del coronavirus.

Todos quieren salvar de la quiebra al tejido industrial del país que, siendo solvente, ve cómo su negocio se derrumba por falta de liquidez primero, y de capital después, por la ausencia de ayudas en estos momentos puntuales.

El Gobierno está empeñado en que la principal medida para salvar a las pymes tiene que ser las quitas de los créditos avalados por el ICO. Solo a los avalados por esta institución. Así, la banca se convierte en el pagador de los platos rotos de la pandemia, como lo definía hace unas semanas un banquero. “Pero eso no son ayudas directas, como ha comunicado el Gobierno, ni tampoco son una vía utilizada en ningún país europeo pese a que esté recogido entre las medidas a aplicar en el marco temporal de ayudas aprobado por Bruselas”, explica otro directivo de una patronal.

Parece que ahora, tras analizar más reposadamente la situación, Economía está dispuesta a suavizar su planteamiento inicial ante la amenaza de que la morosidad se dispare y se multiplique por cinco (cerró 2020 con una tasa del 4,51% al sumar créditos dudosos por un volumen de 55.164 millones de euros), lo que provocaría una avalancha de provisiones, posiblemente la caída de algún banco, el cierre del grifo del crédito, la salida de inversores del sector financiero, y también la muerte de empresas que más que necesitar reducir su deuda necesitan ahora capital para sobrevivir.

Las quitas son la última vía que emplea la banca en la reestructuración de la deuda de una empresa. “Es mejor ampliar la amortización de los créditos o el periodo de carencia que una quita”, señala un destacado experto de la regulación bancaria europea.

Si el Ejecutivo mantiene su objetivo para que la banca se haga cargo de las quitas de los ICO, la morosidad puede multiplicarse por cinco

Esta misma fuente recuerda que ya hay empresas españolas que se están viendo en la necesidad de vender hoteles u otros activos que están siendo adquiridos a precios de ganga por los fondos de inversión, conocidos en la crisis financiera como fondos buitre.

“Y ¿qué es mejor?, que esos hoteles se mantengan en manos de capital español, que crean empleo y el dinero se queda en el país, o que pasen a manos de estos inversores, que solo buscan la rentabilidad y no tienen ningún pudor en llevar a cabo cribas en las plantillas para hacerlos más rentables y al poco tiempo revenderlos a precios más elevados y salir del país”, argumenta esta fuente.

Una de las alternativas que barajó la banca para salvar a estas empresas era la de crear un vehículo para recapitalizar a estas pymes, una especie de Sareb en la que el Estado tuviera una participación por debajo del 50% para que no se considerara empresa pública, lo mismo que el banco malo que preside Jaime Echegoyen.

El problema de esta iniciativa es que su constitución lleva tiempo, y precisamente lo que falta para salvar a las microempresas y autónomos es eso, tiempo.

Pero sobre la mesa hay otro proyecto que parece que sí puede prosperar. Y es, aprovechando que hay que reformar el ICO para que pueda llevar a cabo reestructuraciones de la deuda que ha avalado (su estructura actual no lo permite), dotarle de fondos de capital público para llevar a cabo refinanciaciones, quitas y recapitalizar a las pymes a través de créditos participativos.

Es cierto que esta fórmula supone un aumento del déficit público, pero como ocurre en el caso de Bankia, donde el Estado cuenta con el 62% de su capital, solo se computaría este desfase en las cuentas del Estado cuando se ejecutase el aval o el instrumento de recapitalización de la empresa.

En el caso de Bankia el desfase entre lo que inyectó el Estado en este banco a su valor actual solo se registrará en el déficit público cuando venda su participación, ni antes ni después.

Por cierto, parecen muy pueriles los argumentos, pero hay rumores de todo tiempo ante el empeño del Gobierno de que sea la banca la que acarreé con el grueso de las ayudas a las pymes. Dicen que el Ejecutivo así podrá esgrimir que mientras que en la crisis financiera los españoles, a través del Estado, salvaron a los bancos, ahora los bancos deben salvar a las empresas.

El problema de esta es­pecu­lación es que puede que, si al final las entidades financieras tienen que asumir en solitario las quitas de los créditos ICO por obligación, cosa que cada vez parece más improbable, pero no imposible, se creara otra crisis del sector que en nada ayudaría al Estado, sino todo lo contrario.

De momento, las entidades esperan que se elimine a obligación de llevar a cabo quitas, que estas solo afecten a los créditos avalados por el ICO y que la adhesión al código de buenas prácticas que va a aprobar el Gobierno sea voluntario. Aunque todos saben que la voluntariedad en estos vehículos es cosa de días. Todos a una como Fuenteovejuna.

Solo ha habido un banco que se negó en dos ocasiones a secundar las peticiones del Gobierno, BBVA. Esta entidad, entonces presidida por Francisco González, dijo no a convertirse en accionista de Sareb y a apoyar la salida a Bolsa de Bankia. Su argumento era sencillo, “BBVA se debe a sus accionistas, y estas dos operaciones no son rentables para ellos”. Así se puede resumir el razonamiento de González a participar en ambos proyectos estatales.

El Gobierno quiere aprobar su código de buenas prácticas en los próximos días para que su ejecución se inicie en abril, pero “aún queda mucho que limar entre el sector y el proyecto de Economía. No sé si se podrá llegar a un consenso en la primera semana de marzo”, aseguraba el viernes una fuente conocedora directa de las negociaciones.

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