Proteger a la ciudadanía sin llevar la hostelería hacia el colapso

La presión económica extrema y la falta de un horizonte temporal en las restricciones ha propiciado una cascada de recursos para impugnar las medidas de cierre

La hostelería española está experimentando de forma cruenta los efectos de las restricciones impuestas para luchar contra la pandemia de Covid-19. Los datos del cierre de año del sector revelan una caída en la facturación de 70.000 millones de euros, lo que equivale a alrededor del 50% de las ventas, y la clausura definitiva de 85.000 bares y restaurantes. Hasta nueve de cada diez negocios, según el Banco de España, tienen necesidad de liquidez, ahogados por unas limitaciones de actividad severamente restrictivas –que difieren entre unos y otros territorios– y abrumados por la ausencia de medidas de compensación económica suficientes para afrontar la peor crisis que ha vivido el sector en su historia.

La presión económica extrema y la falta de un horizonte temporal en las restricciones ha propiciado una cascada de recursos ante los tribunales de justicia para impugnar las medidas de cierre total y parcial impuestas al sector. La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a favor de las patronales y contra las medidas aprobadas por el Gobierno vasco el pasado mes de enero, ha animado a distintas patronales y plataformas, como es el caso de la valenciana SOS Hostelería, a buscar la tutela judicial frente a lo que consideran normativas discriminatorias y no suficientemente motivadas. También desde Hostelería de España se estudia la presentación de recursos en toda España para impugnar los cierres y restricciones. La patronal argumenta que las medidas no están justificadas y que el hecho de que no se determine un periodo concreto de aplicación provoca inseguridad jurídica.

La judicialización de las restricciones contra el Covid-19 en la hostelería es una muestra más de la profunda crisis que vive el sector, pero también de la falta de respuesta tanto por parte de las comunidades autónomas como del propio Gobierno ante la situación de emergencia que vive esta industria. Al contrario que otras economías europeas, España sigue resistiéndose a aprobar un plan de ayudas directas a las empresas, a lo que se suma la falta de un criterio unificado en los cierres y las contradicciones en la gestión de la crisis sanitaria respecto a otros sectores de exposición al público. Las patronales ejercen su legítimo derecho a la tutela judicial efectiva al recurrir las normativas autonómicas, pero no deberían ser los tribunales a posteriori, sino las propias administraciones públicas quienes lideren una política de lucha contra el Covid-19 racional, eficaz y coordinada, así como un plan de choque para ayudar al sector. El objetivo debe ser proteger la salud de la ciudadanía y controlar la crisis sanitaria, pero hacerlo sin llevar a la primera industria del país hacia el colapso.