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Radiografía de la dependencia en España

El cambio de la pirámide poblacional está incrementando el número de personas dependientes

Para la gerontóloga Sarah Harper, la vejez llega cuando nos convertimos en dependientes. En la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establece que la dependencia es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

La realidad en nuestro país es que hay 1.385.037 de personas en situación de dependencia reconocida y cerca de 159.190 que se encuentran pendientes de valoración -a fecha de 31 de diciembre de 2019-. Esto representa cerca del 3% del total de la población en España, una cifra que va a ir subiendo con el paso de los años como consecuencia del envejecimiento poblacional.

Que la pirámide poblacional de España se ha ido invirtiendo es un hecho que llevamos años experimentando. A la caída de la natalidad se le ha unido otra realidad inevitable: cada vez vivimos más años. De hecho, nuestro país se encuentra en la lista de los países más longevos del mundo, algo que nos posiciona, también, como uno de los países con más personas en situación de dependencia.

En concreto, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de dependencia en España (que es la proporción entre la población dependiente -menores de 16 años o mayores de 64- y la población en edad de trabajar -de 16 a 64 años-) se situaba a 2020 en el 54,40%. Y las previsiones hablan de un incremento progresivo: una tasa del 60% para dentro de una década y del 83,7% para 2050.

Si nos fijamos en la tasa de dependencia de la población mayor de 64 años (proporción entre la población dependiente mayor de 64 y la población en edad de trabajar) vemos que en 2020 se situaba en el 30,19% y, por comunidades autónomas, vemos que la tasa más alta la tiene Asturias (41,89%), seguida de Castilla y León (41,29%) y Galicia (41%).

Si ponemos el foco en el envejecimiento de la población, las cifras del INE reflejan que el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado casi un 40% en los últimos 20 años, hasta llegar a representar cerca del 19% del total de la población de nuestro país. Y, en este sentido, lo que vemos es que el incremento ha sido todavía mayor (+122%) a partir de los 85 años, hasta llegar a suponer el 3% de la población.

¿Hacia dónde vamos?

En este blog hemos hablado muchas veces de la sostenibilidad del sistema público de pensiones y de cómo el incremento de la esperanza de vida nos obliga a plantearnos nuestra jubilación de una forma diferente. Pero, más allá del sistema público de pensiones, el incremento de la tasa de dependencia también abre un debate en torno a la atención sanitaria, los cuidados, las ayudas públicas a la dependencia o la gestión de las plazas para las residencias.

Y es que, este año, con la crisis del Covid, la situación ha empeorado. Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales comunicaban que, hasta noviembre de 2020, habían fallecido 31.975 dependientes con derecho ya reconocido y a la espera de recibir la ayuda, y 19.564 que estaban pendientes de valoración. 2019 se despidió con 260.000 personas en lista de espera con derecho reconocido y con 160.000 personas pendientes de valoración. Desde esta asociación también explicaban que en 2019 se ralentizó el incremento de beneficiarios -99.444 beneficiarios más en 2018 y 60.904 más en 2019- y que el plazo medio de tramitación de las ayudas es de 462 días.

Por el lado económico, el presupuesto para dependencia se ha incrementado un 34% este 2021, hasta alcanzar los 2.345 millones de euros.

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