Regulación

Unos 60 valores españoles se sacuden el corsé que bloquea su análisis en Bolsa

La UE facilita los informes de firmas que valen menos de 1.000 millones; se modifica la ley para reactivar el mercado ante el Covid-19

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El Covid ha inyectado rapidez en el entramado de la Unión Europea. Uno de los últimos cambios aprobados es la reforma de la directiva para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, que, desde que entró en vigor, ha degradado la capacidad de elaborar análisis de empresas cotizadas. Las de menor tamaño han sido las más dañadas. El retoque urgente aprobado la semana pasada desbloquea los informes de valores que capitalicen menos de 1.000 millones de euros. Unas 60 empresas españolas (véase gráfico), de las 119 totales, sacarán partido del cambio.

 La revisión de Mifid 2, prevista para finales de este ejercicio, no puede esperar en algunos temas. El clamor de los supervisores que están en el día a día del mercado, como la CNMV, era muy alto. Entre las cuestiones estaba revisar la separación de costes de los brókeres, obligados a desglosar desde 2018 cuánto cobran por la ejecución de las órdenes de compraventa y cuánto por los análisis (unbundling).

Hasta que entró en vigor la norma europea, el intermediario hacía un paquete a un precio cerrado. El objetivo fue rebajar los costes de ejecución, que a menudo se hinchaban de manera artificial con análisis que no eran especialmente útiles. Esa misión se ha conseguido, pero ha tenido un efecto colateral indeseable. Ha desincentivado por completo la elaboración de informes de las empresas con menos inversores. En esencia, las más pequeñas.

Ya está aprobado el cambio que pedía el mercado y que en la práctica será efectivo de inmediato, aunque la reforma tenga un periodo de trasposición de nueve meses, según fuentes jurídicas. “Una vez que está legislado, aunque no haya entrado en vigor, es de común aceptación”, señalan.

La modificación también es otra de las consecuencias del Brexit

“Inmediatamente después de la pandemia, los emisores y, en particular, las empresas de pequeña y mediana capitalización, deben contar con el apoyo de unos mercados de capitales sólidos (...). Se debe permitir a las empresas de servicios de inversión que se les pague conjuntamente por la prestación de servicios de análisis y de ejecución”, señala el texto aprobado por el Parlamento Europeo. Tiene que haber acuerdo, sí, entre inversor e intermediario.

Con todo, las condiciones se han endurecido respecto a la propuesta inicial de la Comisión, que publicó CincoDías el pasado 29 de julio. En ese proyecto se daba el visto bueno a levantar las restricciones a las empresas con una capitalización media inferior al mencionado umbral en los últimos 12 meses. La redacción final amplía el plazo a tres años.

Los informes sobre compañías que no coticen quedan también exonerados de cumplir con la separación. En este caso, en lugar de capitalización se empleará para el cálculo la cuantía de los fondos propios. Así la regulación abre la puerta al análisis de firmas que emiten deuda pero que no cotizan. Salvo raras excepciones, están huérfanas de análisis. Los inversores se guían casi en exclusiva por las notas que elaboran las agencias de rating.

La misión es facilitar la emisión de deuda y también las ampliaciones de capital y las eventuales salidas a Bolsa de las empresas de menor tamaño. La separación de costes de intermediación y de análisis fue una petición expresa de Reino Unido, y el efecto del Brexit ha sido instantáneo. Ha faltado tiempo para que reduzcan esta exigencia a la mínima expresión. Desde un principio, países como España, Francia y Alemania estuvieron en contra, señalan desde la firma de asesoramiento financiero finReg 360. El coste de ejecución ha bajado levemente pero ha dejado un agujero de cobertura en el mercado bursátil y ha provocado una reducción de las plantillas de analistas bursátiles debido al desplome de los ingresos.

Las empresas que emiten renta fija están amparadas por el remiendo

En la revisión global de Mifid 2 –la propuesta de la Comisión Europea llegará como muy tarde a finales de julio, en teoría– se tratará también el fomento de la negociación a través de centros de negociación. Es decir, a través de un mercado regulado, como la Bolsa española gestionada por BME, o de un sistema multilateral, como BME Growth (el antiguo MAB).

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