El Gobierno se divide ante la autorización de la opa parcial de IFM por Naturgy
El ministro de Transportes advierte de que "el Ejecutivo no puede quedarse al margen"
Las posiciones están enfrentadas, pero los ministerios implicados se muestran, con todos los asteriscos posibles, a favor de autorizar la opa del fondo IFM por el 22,69% de Naturgy. Economía, Transición Ecológica e Industria ven bien, al menos de entrada, la operación. Pero el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, quiere tensar la cuerda, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
Ni siquiera se ha producido la preceptiva petición de IFM ante la cartera que dirige Reyes Maroto, quien debe dar el pistoletazo de salida al proceso para su autorización. Pero ministros que nada tienen que ver con el sector están opinando.
El último fue José Luis Ábalos, responsable de Transportes, que lanzó el enésimo aviso a navegantes. El Gobierno “no puede quedar al margen” en operaciones como esta, anunciada por el fondo australiano IFM, porque “es importante que tengamos cierto control sobre aquello que es estratégico”, sentenció en declaraciones a la cadena SER. El mensaje se une a los de los últimos días, que ponen de relieve una posición dividida, al menos en la superficie, del Gobierno sobre esta cuestión.
El blindaje ante una oferta por esta empresa, y sobre cualquier otra considera estratégica para el país, data del pasado marzo. Un escudo que se elevó en noviembre hasta el nivel de requerir el plácet por cualquier inversor que no sea español y que quiera comprar más del 10%. Fuentes conocedoras de la negociación señalan que el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, sopesa la posibilidad de bloquear la oferta. CincoDías se puso en contacto el miércoles con Redondo a las 9.58 horas a través de un mensaje, pero no obtuvo respuesta. También los ministros de Unidas Podemos están en contra.
Fuentes conocedoras de la negociación señalan, sin embargo, que la recepción preliminar de la oferta en dos de los ministerios con mando en plaza sobre la cuestión –Asuntos Económicos e Industria– ha sido positiva a falta de un análisis en profundidad, como anticipó la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, el 28 de enero.
En la misma línea, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el tercer ministerio en liza, aseguró en Madrid que “es absolutamente prematuro” hacer cualquier tipo de valoración sobre la oferta, ya que el Gobierno “no tiene información suficiente para poder opinar”.
IFM ha solicitado la admisión a trámite de la opa ante la CNMV, y está dispone hasta inicios de la próxima semana para iniciar el proceso. En ningún caso podrá dar su bendición al folleto hasta que el Consejo de Ministros conceda su autorización.
La arquitectura de la operación está perfectamente pergeñada. BNP Paribas, en su triple papel de avalista, asesor y financiador, ya ha extendido el cheque por 5.060 millones que supondría la compra de los 220 millones de acciones que quiere adquirir IFM. Con todo, la oferta solo está condicionada a que la acepten dueños por el 17% del capital. Credit Suisse es consejero de IFM y Linklaters se encarga de los asuntos legales.
Otros dos accionistas de Naturgy, Rioja (CVC y los March), con un 20,72%, y el fondo GIP (20,64%) han anunciado que no acudirán a la opa y que promoverán que IFM tenga la misma representación que ellos en el consejo, ahora con dos personas cada uno. Criteria, el mayor accionista con el 24,8% de Naturgy, no se ha pronunciado sobre su posición, y fuentes cercanas al holding de participadas de La Caixa afirman que esperarán a que estén todas las cartas al descubierto.
El Banco de España
Entretanto, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que en un momento como el actual “puede tener sentido” que los gobiernos puedan impedir intentos de compra de empresas nacionales por firmas extranjeras.
Así lo señaló en declaraciones recogidas por Efe durante su participación en el Foro Económico organizado por el Diario Montañés, donde se le preguntó por el rechazo del Ejecutivo francés a la compra del grupo Carrefour por parte de la empresa canadiense Couche-Tard. La normativa invocada es, de hecho, europea.
