España se juega 384.000 millones en la propuesta de condonación de deuda que rechazan BCE, UE y CEOE

La vicepresidenta de Asuntos Económicos no ve productivo la apertura de un debate pese a que lo han apoyado figuras clave de PSOE y Podemos

Deuda pública BCE pulsa en la foto

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable económico de Unidas Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, firmaron el manifiesto de un centenar de economistas, liderados por el francés Thomas Piketty, a favor de que el Banco Central Europeo (BCE) condone la deuda de los países de la zona euro en respuesta a la pandemia. Sin embargo, la medida, que ha sido rechazada por Bruselas y el propio BCE, no es una prioridad para el Gobierno de coalición español que sustentan dichos partidos.

Así sostuvo ayer, al menos, la vicepresidenta tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su participación en las jornadas “Perspectivas económicas 2021”, organizada por el Cercle d´Economia.

“La prioridad absoluta en este momento tiene que ser impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”, expuso Calviño, añadiendo que “en esto nos tenemos que centrar y no en abrir otros debates que no contribuyan al objetivo fundamental”, dijo al ser preguntada sobre la propuesta. “Las políticas fiscal y monetaria han estado muy bien coordinadas desde marzo del año pasado a nivel europeo para responder de forma eficaz a la pandemia e impulsar la creación de empleo y crecimiento económico”, defendió Calviño.

“Esta tiene que seguir siendo nuestra prioridad en las próximas semanas y meses, una buena articulación de política fiscal y monetaria que nos permita cuanto antes impulsar la recuperación económica”, tanto en España como en toda la UE, dijo, dibujando esta senda como la mejor vía para pagar la deuda generada en respuesta a la crisis del Covid-19 (en España ha saltado del 95,5% al 118% del PIB) y salir reforzados de la misma.

Sus palabras han sido la primera reacción oficial del Ejecutivo a una propuesta que ha sido rechazada por las máximas autoridades comunitarias. Así, mientras que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, rechazó esta opción el viernes recordando que es “ilegal”, por contravenir los tratados europeos, además de carecer de sentido, la propia presidenta de la institución, Christine Lagarde, señaló el domingo que es “inconcebible”. “Si la energía gastada en exigir la cancelación de la deuda por parte del BCE se dedicara a un debate sobre el uso de esta deuda, sería mucho más útil”, declaró, en línea con lo dicho ayer por Calviño, al semanario francés Journal du Dimancheen.

También la Comisión Europea se manifestó ayer en contra de esta alternativa. “La anulación de la deuda por el BCE está prohibido por los Tratados, en especial por el artículo 123 [del Tratado Fundacional de la UE] que lo prohíbe”, zanjó en rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Economía y Asuntos Financieros, Marta Wieczorek.

Tampoco la patronal española secunda la propuesta. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se sumó ayer al bando de los agentes económicos que se muestran en contra la condonación de deuda. “Solo con una responsable política”, dijo en referencia a Narbona, “haga una petición como esa genera una duda tremenda”, aseveró Garamendi en una entrevista en Telecinco. En su opinión, “se trata de anuncios muy peligrosos”, que, como poco, “sorprenden” al mercado. Garamendi añadió que son “planteamientos que quedan muy bien en el terreno político y económico pero que en la vida real son inviables” e inquietan “a los socios europeos que hacen las cosas bien y estas cosas no les gustan”.

El monto en juego es especialmente elevado por la pandemia, pero la negativa del BCE a condonar la deuda no es nueva. Actualmente, el BCE tiene en marcha dos programas de deuda pública, denominados por sus siglas en inglés: el APP, activado en 2015, paralizado en 2018 pero reintroducido en 2019, tiene varios componentes, uno de los cuales es la compra de deuda pública. Supone comprar 20.000 millones de activos al mes, a lo que se sumaron otros 120.000 millones activados en marzo de 2020. Poco después el BCE, ante la gravedad de la pandemia, puso en marcha otro programa de compras, el PEPP, separado del primero. Este tiene un alcance de 1,85 billones de euros y durará hasta marzo de 2022, al menos. Actualmente el BCE tiene en cartera 2,5 billones de deuda pública adquirida bajo el APP y otros 0,77 bajo el PEPP. En total, 384.000 millones son deuda española.

Ya antes de la propuesta de los economistas, el BCE venía rechazando de plano cualquier movimiento que interpretable como un alivio en las condiciones de la deuda que tiene en cartera, amparándose en el artículo 123 del tratado de la UE, que prohíbe la financiación monetaria de la deuda pública. Reza así: “queda prohibida la autorización de descubiertos o cualquier otro tipo de crédito en el Banco Central Europeo o en los bancos centrales de los Estados miembros (en lo sucesivo denominados ‘bancos centrales nacionales’) en favor de las instituciones, órganos y organismos de la Unión”.

Así, durante la crisis del euro de 2012, el ingente volumen de deuda, la contención de la autoridad monetaria en su compra y la ineficacia de las políticas de austeridad forzaron una reestructuración del endeudamiento griego en el que participaron todos los acreedores menos del BCE, precisamente en base al citado artículo 123.

Negativa inflexible

La postura del BCE fue inflexible, como reiteró su entonces presidente, Mario Draghi. Según el probable próximo primer ministro italiano, una reestructuración o la venta de los bonos a pérdida suponía financiar el déficit griego. La solución fue crear una deuda de nueva emisión y similares condiciones para sacar la del BCE de la reestructuración forzosa griega. Una solución similar a la planteada ahora por los economistas, el canje por deuda perpetua, ya fue rechazada por el BCE. Y el actual programa de compras de deuda, cuestionado por el Tribunal Constitucional alemán, abrió el año pasado un amago de conflicto jurisdiccional con el TJUE.

La reinversión da tregua

No obstante, mientras el BCE mantenga las medidas de apoyo, los países no notarán el peso de esta deuda, pues el organismo reinvierte principal e intereses, beneficiados de una suerte de periodo de carencia. Es decir, si España tiene que devolver 10.000 millones por un bono que vence y al BCE le corresponden 3.000 millones, el BCE invertirá esos 3.000 millones en deuda española; es decir, el BCE no perdona la deuda pero sí concede, vía reinversión, una prórroga.

Esta reinversión de la deuda se mantendrá a medio plazo o, como dice el BCE, durante “un período de tiempo prolongado después de la fecha en que el Consejo de Gobierno comience a subir los tipos de interés oficiales del BCE y, en cualquier caso, durante el tiempo necesario para mantener unas condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de acomodación monetaria”. Un periodo en el que el debate de la condonación promete seguir abierto.

Reforma fiscal y de la financiación autonómica

Impuestos. “Son muchas las cuestiones que tenemos que abordar para tener un sistema fiscal coherente, que impulse el crecimiento y la creación de empleo, pero que sea más progresivo y más justo”, defendió ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante su comparecencia en el Cercle d´Economia. Cuestionada sobre la armonización fiscal autonómica y el papel del impuesto de Patrimonio, Calviño sostuvo que su análisis formará parte de la revisión general del modelo fiscal español que el Ejecutivo prevé impulsar. “Llevamos dos años y medio empezando a poner en marcha esta reforma”, expuso, recordando que ya se han dado pasos como la creación de los impuestos sobre los negocios digitales y las transacciones financieras (tasas Google y Tobin, respectivamente), pero que el Ministerio de Hacienda pondrá en marcha un grupo de expertos para identificar en los próximos meses qué otras medidas tomar “para garantizar la progresividad y la justicia en el conjunto del territorio español”.

Regiones. Calviño también admitió que otra tarea pendiente del Ejecutivo es abordar la reforma del caduco modelo de financiación autonómica. “El resto no es fácil”, adujo, pues “la mayoría de comunidades autónomas consideran que deberían tener más del sistema de financiación autonómica”. “Todas quieren modificar el régimen pensando que quieren recibir más”, lo que complicará dar con una fórmula que contente a todas, ilustró.

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