Joan Groizard: “El fondo de sostenibilidad eléctrica es la propuesta más equilibrada jurídica, técnica y socialmente”

El director general del IDAE defiende el anteproyecto de ley del Gobierno que elimina las primas renovables del recibo de la luz y cuyo pago recaerá sobre las empresas del sector

Joan Groizard, director general del IDAE, en un momento de la entrevista.
Joan Groizard, director general del IDAE, en un momento de la entrevista.

Dirige desde septiembre de 2019 el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, tras la dimisión de su antecesor, Joan Herrera. Este organismo cobra relevancia por su papel, a través de la gestión de ayudas y asesoría técnica, en la descarbonización del transporte, edificios e industria. En 2021 contará con un presupuesto de 5.300 millones de euros y las inversiones en el área generarían entre 52.000 y 100.000 empleos al año y un impacto en el PIB superior a 5.000 millones a 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Joan Groizard (Palma, 1989), ingeniero en energía y medio ambiente por la Universidad de Cambridge, antes responsable del área de renovables y ex director general de Energía y Cambio Climático en el Govern de las Islas Baleares, habla sobre los cambios normativos, subvenciones abiertas y el alza del precio de la luz. 

¿Cómo está España en eficiencia energética?

Vamos por buen camino de cumplir el objetivo [del 20%] de 2020. Los datos van con un poco de retraso, la confirmación la tendremos este año, pero hay que acelerar el esfuerzo para 2030. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) nos hemos fijado un objetivo de casi el 40%, cuando el europeo es del 32,5%.

¿Dónde hay que actuar más?

Por niveles de contaminación, tamaño, importancia e influencia en la salud, el primero es en la movilidad de personas, mercancías y bienes. Y en edificios e industria.

En movilidad, ¿cómo vamos? El Ejecutivo renunció, finalmente, a subir el impuesto al diésel.

Una de las lecciones que ha dejado la pandemia es que es posible vivir en las ciudades de otra manera. Tras el primer confinamiento empezamos a ver gente andando, en bici y a los niños corriendo por las calles porque estaba cerrado al tráfico... Hay que hacer un replanteamiento de las ciudades e ir hacia un cambio modal que refuerce el transporte público y evite el coche. Me gusta el planteamiento de la alcaldesa de París [Anne Hidalgo]: diseñar la ciudad de forma que tengas los colegios, los servicios básicos, los centros de salud, el ocio y el comercio a 15 minutos de donde vivas. La ley de cambio climático, en el Parlamento, plantea la creación de zonas de bajas emisiones antes de 2023 en municipios de más de 50.000 habitantes. Madrid Central podría haber sido una; y Barcelona está haciendo las superilles [supermanzanas anticoches]. Y obliga a las estaciones de servicios a instalar un punto de recarga. Es un trabajo más lento... Pero, mientras, tenemos ayudas para la compra de vehículos eléctricos, el plan MOVES, con 100 millones, y la instalación de puntos de recarga. Y trabajamos con el Ministerio de Transportes para actualizar el Código Técnico de la Edificación a fin de que los nuevos parking comerciales y los existentes, con más de 20 plazas, tengan en 2023 una dotación mínima de carga.

En España, solo el 5% de los edificios existentes es clase A en eficiencia energética

¿Y en cuanto al diésel?

La propuesta del Gobierno, que se sigue defendiendo, era eliminar la bonificación, pero no había consenso. Se podría recuperar en los próximos Presupuestos, si hubiera entonces una mayoría. Si vamos hacia la transición energética, no tiene sentido mantenerlo.

¿Cuántas viviendas necesitan rehabilitación?

Hasta ahora veníamos rehabilitando unas 30.000 viviendas al año. Solo un 5% de los edificios existentes es clase A en eficiencia. El objetivo a 2030 es de 1,2 millones.

¿En qué se trabaja para lograrlo?

Tenemos el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), dotado con 300 millones, que gestionan las comunidades autónomas. Hay territorios donde esos recursos vuelan, como Asturias, la más destacada, Navarra y País Vasco. Evaluamos el reparto en función de las necesidades y cómo exportamos esas experiencias al resto, con formación o buenas prácticas a las empresas. Además, se ha creado un tejido empresarial que se ocupa de todo.

Parece que cuesta mucho avanzar en esta materia, ¿por qué?

Por varias cuestiones. Una afecta especialmente a España, y es que la proporción de personas que vive en comunidades de propietarios es más grande que la media europea. Una cosa tan sencilla y tan básica como ponerse de acuerdo es difícil. También por falta de información.

¿La falta de acceso a la financiación no influye?

Afortunadamente, eso está cambiando. Empezamos a ver préstamos para rehabilitar viviendas o instalar placas solares. De hecho, hemos firmado acuerdos con varias entidades bancarias para completar el PREE. Si otorgamos el 60%, por ejemplo, el banco cubre el 40%. Y está abierto a cualquier entidad que se quiera adherir.

¿Puede mencionar algunas?

Son 21 hasta ahora, entre bancos, cajas de ahorros y plataformas de crowdfunding, como Deutsche Bank, Triodos Bank, Banca Pueyo y Caja Rural de Asturias.

A los certificados energéticos no les damos el valor que tienen. Hemos visto casos de emisión sin una visita del técnico al inmueble

¿Qué otras líneas de ayuda ofrece?

Tenemos aún abierta una de eficiencia energética en la industria, con 315 millones, y en renovables, de 316 millones. En total, unos 700 millones activados en 2020. Hay otra que cerró el 31 de diciembre pasado, el programa de desarrollo urbano sostenible en entidades locales, con casi 1.000 millones, para el cambio del alumbrado público, instalaciones de biomasa en edificios públicos, mejora de la eficiencia energética en los colegios…

¿Se cumplen los requisitos para la certificación energética?

Por desgracia, en España, no le damos el valor que tiene, cuando es un documento de referencia que evalúa el estado de un edificio y lo que debe mejorar. Hemos visto casos en los que se emiten sin una visita del técnico al inmueble.

¿Qué se hace para corregirlo?

La competencia de inspección y sanción es de las comunidades autónomas, la nuestra es de coordinación. Pero estamos cambiando la normativa para que haya unos mínimos básicos a cumplir, y que sea atractivo, sencillo y fácil de entender. Estudiamos si es mejor uno digital, que se lleve de forma telemática y sea interactivo. Aunque es una cuestión de doble vía: el cliente debe exigir calidad. Si pagas 30 euros por uno, nunca será un trabajo técnico bien hecho.

El Tribunal de Justicia de la UE  condenó a España en diciembre por incumplir la instalación de medidores de calefacción, refrigeración y agua caliente en edificios, ¿qué sucedió? 

En 2018, cuando hubo el cambio de Gobierno, nos encontramos encima de la mesa el aviso de sanción porque no se había adaptado la directiva europea a la legislación española. Pero en verano del año pasado se aprobó un real decreto [736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios] para transponer la directiva y ya se ha hecho el cambio normativo. Ahora, lo que hay que hacer es que se cumpla [el plazo vence en 2022].

Joan Groizard, al finalizar la entrevista, en su despacho.
Joan Groizard, al finalizar la entrevista, en su despacho.

Algunas empresas han criticado el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, a cargo de la institución. ¿Cree que recurrirán la medida en los tribunales como sucedió con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética?

El sector energético, por desgracia, está muy judicializado, algo que me sorprendió. Pero estamos tranquilos, ha habido un trabajo jurídico previo para que la propuesta fuera sólida. Somos conscientes de que es un cambio significativo, estructural, una reforma, lo que ahora se pide, y por eso lo estamos tramitando como anteproyecto de ley (estuvo en consulta pública hasta el día 11), no como real decreto, porque merece un debate parlamentario amplio. En el caso del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que hemos ampliado a 2030, tanto los tribunales como la UE contestaron que era perfectamente válido, alineado con los objetivos europeos, y de hecho, la revisión de la directiva de eficiencia energética ha consolidado más esa idea y otros países nos están preguntando cómo lo hemos hecho.

¿Por qué es importante este cambio?

Al excluir la partida de las primas renovables de la factura [que estará a cargo de las empresas energéticas], decimos al consumidor “electrifica” y enviamos señales de precio que no distorsionen; baja la factura y mejora la eficiencia. Algunos dicen que sea vía Presupuestos, pero no quieren que les suban los impuestos, y de alguna forma hay que pagarlo. En Alemania y Francia lo están haciendo con un impuesto al CO2, y eso va directamente al consumidor. Creo que es la propuesta más equilibrada, jurídicamente, técnicamente y socialmente; afectaba, sobre todo, a familias con menor renta. Esperamos que en la primera mitad de este año pueda entrar en vigor.

Podemos ha pedido nacionalizar empresas por el aumento de la factura de energía, ¿qué opina?

Tendrá que explicar cómo se paga; nacionalizar no significa “me lo llevo”, las empresas tienen una cotización en Bolsa, valen lo que valen. No me parece ni bien ni mal, pero las propuestas tienen que venir completas. Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad. Hay que tener en cuenta el contexto, y son los últimos coletazos de un sistema que termina. Las familias vulnerables son las que más van a notar esa diferencia. Por eso mantenemos la red de seguridad, el bono social eléctrico y el térmico hasta el final del estado de alarma en mayo. Además, para este año, evaluamos el diseño de uno que incluya a ambos y contamos con un presupuesto específico para actuaciones rápidas de eficiencia energética en viviendas vulnerables.

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