Canarias

La especulación del agua sigue amenazando la gestión integral de este recurso escaso en las islas

Las lluvias apenas inciden sobre su precio después de que el Parlamento autonómico declarase la “emergencia hídrica” * El alcalde de Tijarafe opina que hay “un mercado persa”

Uno de los torrentes que alimentan estos días la presa de Soria, el mayor embalse de Gran Canaria, situado en la vertiente suroeste.
Uno de los torrentes que alimentan estos días la presa de Soria, el mayor embalse de Gran Canaria, situado en la vertiente suroeste.

El agua, su producción y distribución, ha provocado tales conflictos en las Islas a lo largo de su historia que, en 1990 cuando se aprobó la aún vigente Ley de Aguas de Canarias, los legisladores introdujeron en su preámbulo la siguiente máxima: “Se configura como principio legal básico la subordinación de todas las aguas al interés general”. Así como la siguiente conclusión: “Esta ley aspira a cerrar en Canarias un período polémico y difícil en materia hidrológica, abriendo una nueva etapa en la que el agua no debe ser un obstáculo para la convivencia de todos los canarios, cuyas diferencias deben dejarse a un lado ante la tarea común de ordenar y aprovechar racionalmente un recurso vital para todos, en cada isla con sus especificidades”.

Han pasado ya tres décadas de aquella polémica norma y un periodo de sequía, que llevó al Parlamento autonómico a declarar hace menos de un año, justo antes del COVID, la “emergencia hídrica” en el Archipiélago. Ha pasado también Filomena, que si bien no trajo a las Islas el caos que provocó en la Península, sí volvió a llenar presas resecas con su tormenta de lluvia. Pero el agua, sobre todo su precio, sigue siendo objeto de polémica en Canarias a las puertas de la tercera década del siglo XXI: “Cuando alguien vende el derecho de agua a más de 90.000 euros, cuando hace cuatro años estaba a menos de 20.000, podemos decir que estamos hablando de especulación. Hay que llamar a las cosas por su nombre: esto es un mercado persa”, denunció esta semana el alcalde de Tijarafe. Marcos Lorenzo reclamó la intervención del Consejo Insular de Aguas, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la citada ley: “El aprovechamiento del agua podrá ser privado, pero el agua es pública. Y esto es muy importante recordarlo, para que nadie tenga tentaciones de utilizar un bien de utilidad pública para su interés particular”, remató el edil palmero.

 

La guerra del agua

El caso de La Palma se reproduce en otras islas, con sus especificidades hídricas propias. Y es que el sistema de reparto del agua, para el consumo o riego, sigue siendo en Canarias un lucrativo negocio que movía, antes de la pandemia, más de 290 millones de euros al año.

El pulso entre los intereses públicos y los intereses particulares es secular y se ha ido adaptando a cada tiempo histórico, de modo que los aguatenientes de antaño han dado paso a modernos monopolios hídricos que dificultan la gestión integral del ciclo del agua.

De hecho, la crisis hídrica que llevó a la Cámara autonómica a aprobar en febrero de 2020 la declaración de emergencia (para dotar a los consejos insulares de agua de capacidad jurídica para acelerar la ejecución de obras: más depósitos y plantas desaladoras) no es ajena a los abusos monopolísticos o malas prácticas.

Para entender el nivel de presión que llegan a ejercer quienes ostentan derechos sobre el agua basta recordar que, cuando se tramitaba la mencionada Ley de Aguas a finales de los ochenta, la Cámara fue cercada por un nutrido grupo de opositores y los diputados que la promovían se llevaron no pocos paraguazos antes de entrar a la tensa sesión parlamentaria. Un episodio que ha quedado en la memoria política de las Islas con el nombre de “la guerra del agua”.

En los tiempos actuales, los conflictos han adquirido otras formas. En Lanzarote, por ejemplo, su Consejo Insular llegó a expedientar a 48 desaladoras privadas, en su mayoría instaladas en hoteles y apartamentos, alegando que la competencia de la gestión de la desalación estaba reservada al Consorcio del Agua, una entidad pública participada por el Cabildo y los ayuntamientos. Pero estas plantas ganaron la batalla ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no solo avaló la existencia de desaladoras particulares, sino que cuestionó el monopolio del agua de la isla.

Además de los históricos monopolios, otros factores han complicado la situación hídrica de las Islas. Sobre todo la sobreexplotación de los acuíferos, pese a lo cual el 80% del agua que se consume en las Islas procede aún de sus galerías: 1.124 en total, aunque la mitad ya están secas. A ello hay que añadir las importantes pérdidas por la obsolescencia de la red de distribución y la paralización durante años de obras hidráulicas necesarias por falta de financiación estatal. Y, por último, el retraso en la revisión de los planes hidrológicos de segundo ciclo de cada isla, para adaptarlos a la Directiva Europea.

Ingenios contra la sed

1.900 galerías y pozos. Canarias contó con numerosos manantiales y cursos de agua continua en sus barrancos durante la primitiva etapa hidrográfica. Cuando comenzó a escasear por el impacto de la actividad humana, recurrió al alumbramiento de minas y galerías que convirtieron las islas en una especie de queso gruyer. En total hay 1.572 unidades registradas que suman más de dos mil kilómetros de longitud. Y cuenta con cientos de minas, que no se nutren de los acuíferos de montaña sino del agua que bajo de los barrancos.

270 presas y embalses. En una etapa posterior, se recurrió a la construcción de pozos y presas como primeras soluciones técnicas a los problemas de escasez. Se cifra en torno a 270 el número de presas que hay en Canarias, de las que 110 son grandes presas. Representan el 10% de todas las que existen en España y colocan a las Islas como el territorio con mayor densidad de grandes presas. La de Soria, con 132 metros de altura y 32 millones cúbicos de capacidad de embalse (aunque no ha superado nunca la mitad), figura entre las diez más altas del país.

Desaladoras. El boom turístico de los años 60 aumentó la demanda de consumo de agua y acusó los cortes de suministro, que ya eran tradición en las islas. Se optó entonces por la desalinización. De hecho, la primera desalinizadora de España se instaló en Lanzarote a medidos de esa década, introduciendo este modelo de obtención de agua potable que convertido con el paso del tiempo a Canarias en un referente nacional y mundial. Hoy, desala unos 700.000 metros cúbicos en sus más de 300 plantas públicas y privadas.

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