Cuando el déficit de liquidez se torna en riesgo de insolvencia
Habría que crear mecanismos temporales de capitalización avalados por la normativa europea, amén de instrumentos flexibles por parte de la Administración y la banca
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) alertó ayer de una de las dificultades clásicas en la que desembocan las finanzas de las corporaciones, independientemente de su tamaño, cuando una crisis severa se enquista y se prolonga más de lo soportable. Antonio Garamendi recordó que los problemas de liquidez que hasta ahora han soportado las empresas por la fuerte contracción de la demanda de los bienes y servicios que comercializan se tornarán lentamente en auténticos riesgos de insolvencia para un número creciente de sociedades. La interminable crisis del coronavirus y las continuas medidas restrictivas a la movilidad física y la actividad económica erosionan la caja de las empresas, que han resistido con dificultad por miles la primera embestida de la recesión con sus reservas y con las muletas públicas puestas a su disposición para aminorar el coste laboral, aplazar el fiscal y atemperar el financiero. Pero si no hay mal que cien años dure, tampoco hay cuerpo que lo resista, y por mucho que se estire el escudo empresarial por parte de las instituciones públicas, una prolongación excesiva de la crisis solo proporcionará una acumulación de pasivos adicionales de difícil digestión cuando regrese la normalidad.
Las ayudas financieras avaladas por el ICO, las moratorias voluntarias concedidas por la banca a sus clientes corporativos y los alivios de la nómina de personal no serán eternos y bien podrían no llegar a tiempo de ser suplidos por el flujo de caja recurrente de infinidad de empresas. En ese momento el consumo de capital debe suplir la ausencia de liquidez regular y las pérdidas, y comenzará una erosión acelerada del capital social de las empresas, que en muchos casos derivaría en concursos de acreedores, ahora en suspenso preventivamente.
La Asociación de Mercados Financieros de Europa, en colaboración con PwC, y a través de una encuesta detallada, ha calculado que el impacto de la crisis en las empresas europeas se acercará al billón de euros, y que las necesidades de capital adicionales a las ayudas públicas y privadas ya activadas pueden llegar a los 600.000 millones de euros, lo que supondría cerca de 90.000 millones en el caso de las españolas. Para poder poner tales cantidades a disposición de las empresas, fundamentalmente las de carácter familiar que temen una pérdida del control de sus negocios, sería adecuada la creación de mecanismos temporales de capitalización avalados por la normativa europea, amén de instrumentos flexibles por parte de la Administración y la banca en España. Solo así se lograría poner a salvo la mayor proporción posible del tejido productivo, cuyo futuro está en cuestión porque en cuestión está también la fecha en la que los fantasmas de la crisis se hayan disipado.