Año perdido para la negociación de convenios: se desploman un 69%

3,4 millones de empleados no tienen su convenio registrado. La subida salarial de los nuevos pactos de empresa cae al 1,39%

La pandemia de Covid-19 no solo ha golpeado cuantitativamente al empleo, también ha trastocado las relaciones laborales entre las empresas y los sindicatos. 2020 ha sido un año perdido para la negociación colectiva. Los datos estadísticos aún provisionales del Ministerio de Trabajo del registro de convenios colectivos son muy concluyentes: durante todo el año pasado se firmaron y registraron 524 convenios colectivos, un 69% menos que en 2019. Y los trabajadores afectados por estos convenios se han desplomado en idéntica proporción (69%), pasando de tres millones en 2019 a algo menos del millón el pasado año (933.152).

Igualmente, en términos generales, si se tienen en cuenta no solo la firma de nuevos convenios que por la pandemia se han desplomado, sino los pactados en años anteriores pero con efectos económicos en 2020, se observa que al término de diciembre pasado también había tres millones de trabajadores menos protegidos por los convenios. En concreto, 7,6 millones de asalariados habían pactado sus condiciones laborales para este año, frente a los 10,6 millones al final de 2019, lo que supone un 28,3% menos de empleados protegidos por el paraguas de la negociación colectiva.

Es más, la realidad sería que la negociación colectiva está aún más paralizada de lo que muestran los datos estadísticos, porque tampoco se estarían abriendo nuevas mesas negociadoras para los convenios que vencerán próximamente, según fuentes de los agentes sociales.

Desde la patronal son tajantes: “Está todo parado, nuestras directrices han sido, por lo general, dejar pasar el año y pasar página”, indican representantes empresariales. “Si la actividad productiva ha estado parada la actividad sindical también lo ha estado”, apuntan desde la parte de la representación de los trabajadores.

Otro ejemplo de esta parálisis es la firma de convenios en el sector metalúrgico, uno de los más dinámicos en materia de negociación colectiva. En 2020 debían haberse negociado 25 convenios provinciales y en noviembre apenas se habían cerrado cinco.

Si bien la inercia de la negociación colectiva proveniente de convenios acordados en años anteriores ha propiciado que el incremento salarial pactado no haya bajado mucho, pasando del 2,33% que cerró 2019 al 1,89% de diciembre pasado (según todos los acuerdos de 2020 y de años anteriores pero con efectos económicos en el año pasado).

Sin embargo, sí se observan negociaciones a la baja en los nuevos, aunque escasos, salarios pactados. Así, el alza salarial de los acuerdos de nueva firma en 2020 es para 588.047 asalariados del 1,5%. Esto supuso un 18% menos de lo pactado en los convenios firmados antes de 2020. Es más, en los nuevos acuerdos de empresa de 2020 (81.458 empleados) la subida ha sido aún menor, del 1,39%.

A esto hay que añadir un número indeterminado de los aproximadamente 11 millones de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva a los que no les ha registrado su incremento salarial o no se les ha aplicado, ya que dicho registro aparece solo para 7,6 millones en diciembre. Desde la patronal explican que dentro de esos 3,4 millones con sus actualizaciones salariales sin registrar “hay muchísimos a los que sí se les subió en enero lo pactado, pero no se registró”. Eso ocurre habitualmente, pero en 2020 con más intensidad por las circunstancias atravesadas por las empresas. Además, el periodo de registro es de 18 meses con lo que pueden hacerlo hasta junio próximo.

Llama la atención, no obstante que no se haya usado otra herramienta de flexibilidad interna como son las inaplicaciones de convenio, los conocidos como descuelgues, en los que la empresa negocia con los trabajadores no cumplir las condiciones del convenio ante un momento de crisis. De hecho, en 2020 se anotaron 20.301 inaplicaciones frente a 22.280 de un año antes; muy lejos de las 159.550 que se vivieron en 2013, tras la crisis financiera. ¿Por qué no se están usando estas inaplicaciones? La secretaria de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, considera que “los sectores y empresas más susceptibles de usar descuelgues están o han estado en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)”.

La patronal atribuye que no se esté recurriendo a inaplicaciones u otras renegociaciones de condiciones laborales a algo más genérico: “La gente está asustada, y cuando abres un convenio nunca sabes cómo acaba”, indica un dirigente empresarial, para quien abrir ahora el melón de la negociación colectiva no compensa tampoco a los patronos.

Es más, este dirigente se atreve a aventurar que “el presente año va a ser un calco de 2020, al menos en el primer semestre; se va a ir con mucha prudencia en la negociación”. Este parece ser también el planteamiento de las cúpulas patronales y sindicales, que tendrían que estar negociando ya el próximo Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que debería sustituir al actual, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre, y no lo están haciendo. Los sindicatos han reclamado este encuentro, pero las negociaciones para hacer frente a la pandemia les han pasado por encima, de momento.

Aplazar las alzas pactadas o mantenerlas

 

Atraso de las subidas. En medio de esta parálisis algunos negociadores no han acordado nuevos convenios ni inaplicado sus condiciones, sino simplemente han aplazado en el tiempo acometer las subidas salariales pactadas. Es el caso de Baleares, donde patronales y sindicatos acordaron la primavera pasada, tras el primer impacto de la pandemia, aplazar las subidas salariales de los convenios colectivos de hostelería, comercio y transportes durante un año. Ese aplazamiento, que contó con el visto bueno del Gobierno balear, se pactó para un año en los plazos que fija cada uno de los tres convenios, que afectan a alrededor de 200.000 trabajadores.

 

 

Sector público. Por el contrario, la estadística de convenios colectivos muestra un sector que sí está manteniendo las subidas salariales acordadas y por encima del resto. Es el caso de las empresas públicas, que han pactado incrementos salariales del 1,96%, y de la Administración autonómica y local, con aumentos del 1,97%, según las cifras provisionales de diciembre. CEOE atribuye estos mayores incrementos del sector público a la recuperación salarial en marcha tras los recortes de 2010, como consecuencia de la crisis iniciada en 2008.