2021 será el año de la inversión sostenible

Los productos de inversión responsable y sostenible han soportado mejor los vaivenes del mercado en un año marcado por la pandemia de Covid-19

Estas últimas semanas, con las esperanzas puestas en la recuperación económica y la vuelta a la normalidad, nos preguntamos sobre el papel que la inversión sostenible está llamada a de­sempeñar en 2021 y en qué medida la pandemia del Covid-19 ha servido para fortalecer este tipo de inversiones.

La inversión sostenible en España en el año 2019 gozaba de buena salud, según nuestros últimos datos, con un crecimiento del 36% sobre el año anterior en activos gestionados con criterios de sostenibilidad, alcanzado los 285.484 millones de euros, una mejora en la calidad y un incremento del peso de la inversión sostenible entre los ahorradores particulares, que supone ya el 19% sobre el total. Con esta información, podemos concluir que en 2019, un año sin sorpresas en los mercados, la oferta y la demanda de productos de inversión sostenible crecía en España de forma evidente, con un mercado consolidado.

Hasta marzo de 2020, todo apuntaba a una continuidad y a una focalización de la inversión sostenible sobre los aspectos relacionados con la transición energética, dado el mensaje de cierre del COP25 en Madrid, en diciembre de 2019, en el que se dio prioridad a la emergencia climática, coincidiendo en el tiempo con iniciativas de impulso a nivel europeo, como el European Green Deal, el Plan Verde Europeo, que contempla un mayor nivel de autoexigencia de los Estados de la Unión respecto a la metas y objetivos de emisiones y descarbonización.

Es a partir de marzo cuando se rompe la inercia del primer trimestre con el Covid-19 de efectos inmediatos y traumáticos en todas las actividades, decretándose en ese momento la emergencia sanitaria que da lugar a un binomio inseparable: emergencia climática + emergencia sanitaria.

La emergencia sanitaria impacta en toda la actividad, desde los aspectos personales de vulnerabilidad física, hablamos de enfermedad y fallecimientos, hasta aspectos más relacionados con la actividad económica, como el daño en sectores claves para la economía española, también la europea, como el turismo, el transporte o la hostelería.

Esta crisis sanitaria evidencia riesgos que no se contemplaban previamente, como el de la globalización, vistos los problemas de distribución durante la pandemia, ante los que se activan planes para reubicar la producción, el impulso de la descentralización del trabajo, la potenciación del sector salud, el comercio electrónico y la biodiversidad, así como el modelo de economía circular. Estos impactos, que afectan a la economía general, son de una magnitud diferente en cada sector de actividad.

Por lo que se refiere al sector financiero, los mercados no se han salvado de esta hecatombe, que supone una quiebra del statu quo; pérdidas de valor de los activos financieros, ventas masivas, desplome de los índices... El miedo se apoderó de los inversores y de los gestores, que buscaban alternativas de refugio frente a lo imprevisto: aversión al riesgo.

Ante esta situación de crisis, los productos de inversión sostenible, en la mayoría de los casos, han soportado mejor los vaivenes de volatilidad (menores ventas y más rápida recuperación), probablemente por la tipología del inversor, de largo plazo, así como porque se evitaban sectores más afectados por los efectos de la crisis sanitaria. Un aspecto que hay que destacar es que esta situación ha reenfocado las finanzas sostenibles hacia los aspectos sociales, que pasan a un primer plano, conviviendo con los medioambientales.

La fuerte recesión de 2020 promueve la intervención pública con iniciativas regulatorias que contemplan el incremento del gasto fiscal para mitigar los daños causados y estimular la recuperación, contando con las finanzas sostenibles como palanca clave para la reconstrucción, facilitando la colaboración público-privada, con una certidumbre regulatoria y la firme voluntad de modernizar el tejido productivo, haciéndolo más digital, sostenible y resiliente.

En todo este contexto, la inversión sostenible y responsable, ISR, se constituye como una de las grandes tendencias de 2021, dando soporte a iniciativas concretas en materia de transición energética, que incluye la transición justa, en clara referencia a aspectos sociales derivados de la misma. Como se ha señalado, surgen oportunidades de inversión y creación de empleo en todo el proceso derivado de la transición energética, considerando sectores relacionados con la movilidad, agricultura, salud, tecnología y economía circular.

Dentro de los grandes flujos de capital que se derivan de la crisis sanitaria de 2020, que encuentran soporte en la inversión sostenible, destaca el Plan de Reconstrucción y Resiliencia Europeo, el European Next Generation, con fondos por un importe superior a los 750.000 millones de euros, a distribuir entre los países europeos, con el objeto de poder paliar los efectos del Covid-19, contando con las finanzas sostenibles como motor del proceso. El programa Next Generation fija un importe de 72.000 millones no retornables para el plan de recuperación en España, de los que 26.600 millones corresponden al programa para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, centrado en ámbitos de actividad relacionados con la movilidad, edificación e infraestructuras, energías alternativas y economía circular.

Para concluir estas reflexiones sobre la contribución de las finanzas sostenibles a la recuperación económica en este año 2021 y que seguirá aumentando en los siguientes, es relevante la aportación de información sobre un indicador fundamental, el de la creación de empleo, sobre el que compartir algunas referencias.

Como punto de partida, dado que las finanzas sostenibles son la base de la economía verde, parece oportuno destacar que, según los datos de la OIT, en el 2019 aportaba medio millón de empleos en España (el 2,5% de la ocupación total) y las previsiones eran de triplicar esa cifra en 10 años. Como generadores de nuevo empleo para los próximos años, hay que destacar que el Plan Nacional Integral de Energía, que movilizará 241.000 millones, 20% de carácter público y un 80% privada, prevé la creación de entre 250.000 y 300.000 empleos, y el proyecto de Ley de Cambio Climático, que movilizará más de 200.000 millones en inversiones climáticas y aportará una cifra representativa de nuevos empleos adicionales.

Me gustaría finalizar trasladando mi agradecimiento a toda la comunidad de la inversión sostenible en España, que con su compromiso y esfuerzo han superado las dificultades vividas en 2020 y que afrontan, con convicción y entrega, la apuesta por la recuperación social y económica, desde las finanzas sostenibles, en un 2021 al que haremos bueno entre todos.

Francisco Javier Garayoa es Director general de Spainsif