La pandemia que reforzó los pilares de la UE y dio pie al mayor presupuesto del club

Los socios han desbloqueado 1,1 billones para las cuentas públicas, 750.000 millones para el fondo y otros 500.000 millones para la triple red de seguridad

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel.EFE

A finales del pasado mes de febrero, cuando el coronavirus apenas era una pequeña amenaza y los líderes de la Unión Europea (UE) negociaban en Bruselas el Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027, la PAC y la cohesión, sumadas al enorme hueco que dejaba en las cuentas comunitarias la salida de Reino Unido de la Unión, se alzaban como los grandes escollos para llegar a un potencial acuerdo. Cinco meses más tarde, sin embargo, el club de los 27 aprobaba en la madrugada del 21 de julio el mayor presupuesto plurianual de la historia –de 1,8 billones de euros– para hacer frente al gran golpe que el Covid-19 ha dejado en las economías y los sistemas sanitarios de los socios.

No fue fácil alcanzar el consenso, pero la UE logró salir airosa del gran reto que se le presentaba, marcando el rumbo del nuevo proyecto comunitario y dando un mensaje muy diferente al que rodeó a la crisis financiera de 2008, en la que la austeridad y los hombres de negro determinaron el futuro de los socios más castigados. En esta ocasión, como repitió en incontables ocasiones la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, la crisis era “simétrica”, por lo que también debía serlo la respuesta.

El resultado final es de sobra conocido: un presupuesto plurianual de 1,1 billones de euros y un fondo de reconstrucción dotado con hasta 750.000 millones de euros en transferencias y créditos a devolver que se nutrirá de la emisión conjunta de deuda a gran escala, con la Comisión como órgano emisor por primera vez en la historia de la UE.

La respuesta de Bruselas comenzó a gestarse en las primeras semanas de marzo, a medida que el virus se propagaba con gran rapidez por socios como Italia, España o Francia. Entonces, el Eurogrupo dio luz verde a las primeras desviaciones temporales de la senda de déficit y el presidente del Consejo, Charles Michel, junto a Von der Leyen, propuso destinar los primeros 25.000 millones de euros a la lucha contra la pandemia.

A los pocos días, sin embargo, a medida que la situación se agravaba y los fallecidos empezaban a contarse por miles, llegó a Bruselas por primera vez el debate de la activación del fondo de rescate de la UE, el MEDE, el de la posibilidad de sufragar los costes de los ERTE y mecanismos similares y, por último, el de la emisión de deuda conjunta, los conocidos entonces como coronabonos. Es aquí cuando comenzaron las primeras grandes discrepancias entre las capitales más castigadas por la enfermedad y los socios del grupo de los frugales y austeros, con Países Bajos a la cabeza.

La pugna se alargó durante meses y agrandó la brecha entre los dos bloques mayoritarios. A un lado, Francia, España, Italia, Portugal y Grecia, y al otro Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Alemania, uno de los socios tradicionalmente más ortodoxo y austero, en tierra de nadie durante el comienzo de la pandemia, terminó posicionándose más cerca del primer bloque. El grupo del Visegrado, con Hungría y Polonia a la cabeza, tardaría aún unos meses en protagonizar otro de los grandes debates que rodearon al fondo.

Primer paquete

En torno al 24 de marzo, cuando el golpe de la pandemia ya era un hecho y se empezaban a vaticinar las grandes caídas en las economías, los socios comenzaron a perfilar el primer gran estímulo, que culminó el 9 de abril con la puesta en marcha de la llamada triple red de seguridad para Estados, empresas y trabajadores, con una movilización cercana a los 540.000 millones de euros: 240.000 millones disponibles del MEDE para las capitales, 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el tejido productivo y otros 100.000 millones de SURE para el mercado laboral.

Para llegar a ello, sin embargo, fueron necesarias maratonianas negociaciones en el seno del Consejo y del Eurogrupo, incluso con plantes por parte del presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo italiano, Giuseppe Conte, con el objetivo de presionar y exigir una mayor respuesta a varios de sus vecinos, con dudas en aquel momento de activar el MEDE. En aquellos días, Italia y España eran los dos países del mundo con más fallecidos a causa del Covid-19 y las primeras proyecciones empezaban a vaticinar caídas del PIB cercanas al 10%. Fue también en estas semanas cuando las fronteras de la UE se cerraron para evitar la llegada de viajeros extracomunitarios y cuando cundió el sálvese quien pueda incluso entre los propios socios.

Más ambición

A principios de mayo, tras más de un mes de duro confinamiento domiciliario y de cese de actividad, las previsiones para España que llegaron desde Bruselas apuntaban a una caída del PIB del 9,4%, solo peor que Italia y Grecia. En este contexto, y ante el avance de la pandemia en el resto del club de los 27, las capitales del sur –Madrid entre ellas– siguieron maniobrando para lograr una respuesta unitaria y robusta. A finales de abril, Sánchez presentó a sus colegas un proyecto de deuda perpetua financiado con 1,5 millones de euros mientas, en paralelo, la Comisión barruntaba una iniciativa pensada para emitir deuda conjunta capaz de lograr el visto bueno de los socios más austeros.

Fue clave, sin embargo, el movimiento que llegó dos semanas después desde Berlín y París, el 18 de mayo. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, propusieron por primera vez un fondo de 500.000 millones de euros basado en transferencias a fondo perdido para los países. El carácter no reembolsable del plan, además de una declaración de intenciones de los dos pesos pesados de la UE, supuso el germen de lo que más adelante sería el fondo definitivo, que tendría que perfilarse entre propuestas y negociaciones.

Así, unos días después, el 27 de mayo, el Ejecutivo comunitario presentó la propuesta que más tarde se debatiría entre los socios para darle la forma definitiva. El equipo de Von der Leyen pensó en una movilización conjunta de 1,85 billones de euros para el presupuesto, de los que 750.000 millones irían al fondo de recuperación, con 500.000 millones en subvenciones. España optaría a 140.000 millones y, como el resto, tendría que encarar diferentes reformas.

Primeros roces

Pero del dicho al hecho hay un gran salto. El 19 de junio tuvo lugar la primera ronda de negociaciones entre los líderes europeos, de nuevo marcada por la división entre el norte y el sur por las grandes diferencias respecto al tamaño del fondo, el peso de las subvenciones y créditos y la condicionalidad de las ayudas. Entonces, las capitales pospusieron hasta mediados de julio la nueva negociación. En medio, incontables llamadas al entendimiento y visitas entre unos líderes y otros, lucha de posiciones, mensajes cruzados y fortalecimiento de las alianzas.

El grupo de los frugales, de nuevo, veía demasiado abultada la cuantía del instrumento, prefería optar por los créditos a devolver y no dar cabida a las subvenciones, y exigía la puesta en marcha de un importante plan de reformas destinado a sanear las economías menos competitivas. A los mandos tenía al halcón Mark Rutte, sin muchas pretensiones de dar su brazo a torcer frente a las presiones de Sánchez, Conte, Macron o la misma Merkel, que pedía concesiones a uno y otro lado.

Hasta la siguiente cumbre, los diferentes frentes de batalla europeos estuvieron marcados por esta división. Fue en estas fechas cuando la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, perdió en su carrera por la vicepresidencia del Eurogrupo pese a contar con el respaldo de las principales economías de la zona euro. En su lugar, la alianza de los países más pequeños impuso al ministro económico Irlandés, Paschal Donohoe. También en estos días, la Comisión inició una guerra contra la baja fiscalidad de algunos de sus socios (como Países Bajos) para intentar financiar parte de la recuperación.

Cumbre y acuerdo

El 17 de julio, los líderes se reunieron en Bruselas sin tenerlas todas consigo para lograr un pacto que se hizo esperar durante cuatro tensas jornadas repletas de reuniones a dos, tres, cuatro y cinco bandas. Tras varios tira y afloja y un sinfín de propuestas por parte del Consejo y la Comisión que aunaban renuncias y concesiones por parte de todos los socios, los 27 cerraron un acuerdo que movilizaría 750.000 millones –con 390.000 millones en transferencias y 360.000 millones en créditos– en el fondo de reconstrucción y 1,074 billones de euros en las cuentas comunitarias. También dispondría de mecanismos de vigilancia y de la obligación de los países de encarar diferentes reformas.

La aprobación del fondo tuvo que vérselas más adelante con el Parlamento Europeo, que rechazó en un primer momento los recortes en el presupuesto y peleó, después, para ganar algo de músculo financiero en las políticas de cohesión. El fondo también tuvo que lidiar con la tensa negociación entre Hungría y Polonia y el resto de socios por la vinculación del desembolso del dinero a los principios del Estado de derecho, un pulso que se cerró después de que Budapest y Varsovia diesen su brazo a torcer de forma velada tras confirmar que aquella era una guerra que no podían ganar.

Reformas y transición verde y digital

La UE ha querido servirse de la respuesta al coronavirus para acelerar la transición que tenía pendiente hacia una economía más verde, digital y competitiva. Así, entre los condionantes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia –el instrumento del fondo dotado con 672.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y préstamos– se encuentran la obligación de que los socios destinen el 37% del dinero a objetivos relacionados con el clima y otro 20% a los vinculados a la transición digital.

A su vez, las capitales tendrán hasta el mes de abril para presentar a la Comisión y al Consejo sus propuestas de reforma, que tendrán que estar vinculadas al Semestre Europeo. En el caso de España, Bruselas insta a reforzar el sistema sanitario, reforzar la protección ante el desempleo, dar apoyo a pymes y autónomos, mejorar la coordinación entre Gobierno y autonomías y asegurar la sostenibilidad de las pensiones y la deuda pública.