Brexit

Los exportadores respiran tras un acuerdo que evita aranceles millonarios

Los sectores agroalimentario y automovilístico celebran un pacto que rebaja la presión a las empresas

Fila de camiones en la proximidades de Dover (Reino Unido).
Fila de camiones en la proximidades de Dover (Reino Unido). AP

El acuerdo firmado entre Bruselas y Londres, que regula la relación entre la Unión Europa y Reino Unido a partir del 1 de enero, ha supuesto un balón de oxígeno a las empresas exportadoras españolas, que evitarán aranceles millonarios a sus productos. Y es que, Reino Unido es el quinto país de destino de la exportación española de mercancías (el 7% de las exportaciones acaban en tierras británicas) con casi 20.000 millones de euros en 2019, solo por detrás de Alemania, Francia, Italia y Portugal. El volumen de la relación exportadora de la UE a Reino Unido se estima en 700.000 millones.

De hecho, el Club de Exportadores e Inversores Españoles celebró ayer la entente que permite la libre circulación de bienes entre ambos territorios y permitirá que los productos españoles se puedan seguir vendiendo en el mercado británico “sin restricciones cuantitativas y sin pagar aranceles”, si bien se reintroducirán controles aduaneros en frontera.

“Es una buena noticia para los intereses españoles y supone, en buena medida, un alivio dentro de un entorno muy adverso para el sector exterior español como es el que se ha derivado de la pandemia”, aseguró a través de un comunicado el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet.

Uno de los sectores que más se beneficiará será el agrícola, ya que Reino Unido es un mercado clave para la alimentación española con un volumen anual de unos 4.000 millones de euros. En ese sentido, para las cooperativas agroalimentarias Reino Unido supone el 11% del comercio, el 12% para el comercio frutas y hortalizas, además de ser fundamental para el aceite de oliva. Así, las exportaciones de productos agrícolas se beneficiarán de la exención de tasas, que podrían haber llegado al 40% en algunos productos, según la UE, aunque tendrán que someterse a controles en las fronteras.

La patronal de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) calcula que el acuerdo entre la Comisión Europea y Reino Unido evita que la exportación española de frutas y hortalizas frescas sea gravada con 198 millones de euros en derechos arancelarios. Según la asociación, existe una fuerte dependencia económica del sector exportador de frutas y hortalizas del mercado de Reino Unido, tercer destino tras Alemania y Francia, con unas ventas previstas para este año de 1.950 millones de euros, un 8% más que en 2019.

En la misma línea las empresas automovilísticas respiran ante un acuerdo que ayuda a quitar presión sobre un sector que arrastraba una tendencia a la baja y que ha hundido las ventas por el impacto de la pandemia del Covid-19. Según explica Anfac, Reino Unido supone el tercer principal destino de exportación de vehículos producidos en plantas españolas con 327.186 vehículos, que suponen el 14,2% de las exportaciones totales.

De esta forma, la patronal destaca que el acuerdo evita un esfuerzo adicional para el sector de 370 millones de euros por el aumento de los aranceles. “Actualmente, los vehículos de nuestras fábricas con destino a Reino Unido tienen un valor de 3.600 millones de euros. Las cifras muestran el peso que el mercado británico supone para el vehículo made in Spain, como uno de los principales compradores”, señala José López-Tafall, director general de Anfac.

Sector pesquero

Por el lado contrario, el sector pesquero se ha mostrado preocupado por la repercusión que tendrá el acuerdo a medio y largo plazo. Y es que, aunque en el corto plazo los recortes que van a afectar a la actividad pesquera en aguas británicas son menores de los manejados durante las negociaciones, tras el periodo transitorio de cinco años y medio habrá que negociar las cuotas y el acceso a las aguas anualmente.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, explicó ayer que los buques españoles podrán continuar con su actividad en aguas británicas en condiciones similares a las actuales, al finalizar el periodo de ajuste de cinco años y medio, el 30 de junio de 2026.
Planas precisó que el acuerdo no afecta a especies importantes para la actividad de los buques españoles como la caballa, el jurel y la bacaladilla, ni tampoco a especies de aguas profundas, como el besugo, los alfonsinos, el sable negro y los granaderos. En el caso de una especie de gran interés para la flota nacional como es la merluza norte, el descenso de cuota es progresivo y limitado, de hasta un 1% en 2026.

La Alianza Europea de Pesca (EUFA, en inglés) calcula que el 42% de las capturas europeas procedían de aguas británicas. Como compensación, el sector se beneficiará de la propuesta de la Comisión Europea dotada con 5.000 millones de euros para sectores afectados por Brexit.

Carga administrativa

La patronal empresarial CEOE, por su parte, celebra que las relaciones comerciales hayan quedado exentas de la imposición de aranceles para las mercancías, pero no se muestra del todo satisfecha debido a la mayor carga administrativa en las aduanas a las que se verán sometidas las compañías y a varios flecos aún pendientes de resolver.

“Hasta ahora, las empresas españolas solo tenían que emitir una factura y una orden de transporte para el intercambio de mercancía. Con el Brexit, se agregan nueve o diez procedimientos administrativos adicionales. Por ello, desde CEOE pedimos que se refuercen los servicios en frontera que garanticen una fluidez en los trámites aduaneros”, explica la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco.

En ese sentido, defiende que ahora la prioridad es garantizar “una competencia leal para nuestras empresas”. Para ello, Blanco pide asegurar ayudas de Estado y una fiscalidad que mantenga la ventaja de la industria española.

En lo que respecta a la logística, la patronal advierte de que las relaciones contractuales entre el proveedor y el cliente se pueden ver modificadas. “El cliente británico le puede decir al cliente español que no quiere que dejen la mercancía en la frontera, sino que se lleve directamente al almacén. Esto supone un coste que se verá reflejado por alguna parte. Además, hay que garantizar una fluidez aduanera para evitar que la mercancía llegue después de lo previsto”, para lo cual pide apoyo público.

Por otro lado, la presidenta de CEOE Internacional explica que aún quedan objetivos por garantizar, como la movilidad de trabajadores, ya que Reino Unido “no admite el libre movimiento de personas”, por lo que se debe buscar “que este movimiento de trabajadores sea tan fluido como antes”.

Sin cambios en el ‘roaming’

Santiago Millán

La materialización definitiva del Brexit no va a suponer la vuelta del cobro a las tarifas de roaming para los usuarios que utilicen su móvil en otros países de la Unión Europea, ni para los ciudadanos de otros países de la UE que viajen a Reino Unido. Al menos así coinciden algunas de las principales operadoras españolas, con presencia en el propio mercado británico.

Así, Telefónica no tiene planes de cambiar sus servicios de roaming en Europa. Fuentes de la compañía señalan que la teleco trabajará con el Gobierno y con otros operadores europeos para intentar proteger la situación actual, “de forma que nuestros clientes puedan seguir disfrutando de roaming gratuito en la Unión Europea”.

Fuentes de Vodafone, por su parte, señalan que no va a haber cambios con el Brexit. De hecho, recuerdan que la operadora no cobra tarifas de roaming a clientes que viajan a terceros países, incluso lejanos, como EE UU. Al margen de la UE, EE UU y Reino Unido, la compañía no cobra roaming a sus clientes en los países comunitarios en mercados como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía, Kosovo y Mónaco.

En este sentido, otras operadoras también apuntan que tienen intención de ofrecer a sus clientes en los viajes a Reino Unido las mismas condiciones tarifarias en el uso del teléfono móvil que en otros países de la Unión Europea.

El fin definitivo del roaming en Europa tuvo lugar el 15 de junio de 2017. De esta manera, tras varios años de reducciones progresivas, la Comisión Europea (CE) puso fin a estas tarifas móviles de itinerancia, que pagaba el cliente al utilizar su teléfono en un país diferente al que lo contrató. Estas tarifas habían ganado relevancia en la medida en que el uso del smartphone se generalizó en la medida en que los usuarios dispararon el uso de datos a través del móvil, para servicios como la navegación por internet, acceso a redes sociales o el intercambio de mensajes, entre otros.

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