Los grandes propietarios ven anticonstitucional la ley que prohibirá los desahucios

Sostienen que el decreto pactado en el Gobierno se ahuyenta la inversión

Concentración frente a la sede de Haya Real State, inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, en Barcelona.EP

Primeras reacciones del sector inmobiliario a la ley que prohibirá los desahucios a hogares vulnerables sin alternativa habitacional real hasta el 9 de mayo. Un día después de que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, adelantase el acuerdo con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) ha explicado en un comunicado que la norma atenta contra el derecho a la propiedad privada de particulares y empresas, discrimina a los llamados grandes tenedores de vivienda (propietarios de 10 o más inmuebles) y expulsa al capital inversor.

La norma acordada en el seno del Ejecutivo prohibirá los lanzamientos en plena crisis sanitaria en hogares que no tengan una alternativa habitacional "digna", que deberá ser siempre una vivienda y no un albergue, explicaron ayer fuentes de la vicepresidencia. Además, la vulnerabilidad económica no tendrá que estar intrínsecamente vinculada a la crisis sanitaria, y podrán entrar en la cobertura de protección aquellas familias con una situación complicada ya antes de la irrupción de la pandemia.

"Es un acto injustificado de discriminación que ahuyenta al capital que más necesitamos ahora para financiar la vivienda protegida asequible que necesitan los jóvenes y las familias con rentas más bajas", señala el texto de la asociación. En opinión de Asipa, la suspensión de los desahucios de familias sin alternativa habitacional es un "grave atentado" contra los propietarios que tienen "sus ahorros y pensiones depositados en el alquiler de vivienda".

Los grandes tenedores afirman que la vivienda es la principal forma de ahorro para casi 20 millones de familias que han invertido en ellas en torno a 3 billones de euros, y aseguran que el sector privado ha ofrecido planes de ayuda a sus inquilinos desde el comienzo de la crisis, adelantándose incluso al Gobierno tras el decreto del estado de alarma el pasado mes de marzo.

En el comunicado, los grandes tenedores sostienen que el derecho a una vivienda digna es, según la Constitución, "una obligación" por la que tienen que velar los poderes públicos, que deben poner los medios necesarios para "garantizar la generación de suelo" y "retornar las plusvalías" que los entes públicos obtienen de las actuaciones urbanísticas a los ciudadanos en forma de apoyo a la vivienda. Asipa considera que el Gobierno está eludiendo esa responsabilidad "trasladando esa carga pública sobre los ahorradores privados".

Fuentes del sector temen, por un lado, que se genere un efecto llamada, ya que el decreto "da cobertura a la okupación ilegal al permitir que personas sin título puedan okupar una vivienda" en el caso de los grandes tenedores, según la norma que previsiblemente será aprobada la semana que viene.

Apuntan también que el hecho de que se amplíe la prohibición de echar de sus casas a las familias que acrediten la vulnerabilidad previa al Covid-19 puede hacer que aquellos hogares que sí pagaban las rentas por no quedar bajo el paraguas del primer real decreto decidan dejar de hacerlo ahora. "Prevemos que suba la morosidad en torno al 15%".

Según explicaban este miércoles fuentes de la vicepresidencia, las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional. Esta "condición de vulnerabilidad" la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio, que nunca podrá realizarse antes del realojo.

Del acuerdo entre Iglesias y Ábalos ha quedado fuera, sin embargo, la prohibición al corte de suministros básicos como el agua, la luz o el gas, una de las demandas que tanto Unidas Podemos como ERC y Bildu incluyeron en la enmienda a los Presupuestos que las tres formaciones presentaron para meter presión en las negociaciones.