El Gobierno prohíbe los desahucios sin alternativa “digna” mientras dure la alarma

Los lanzamientos quedan suspendidos hasta el 9 de mayo, pero no se incluye el corte de suministros básicos

EFE

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han llegado a un acuerdo para prohibir todos los desahucios de hogares en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, hasta el 9 de mayo. Las dos carteras ponen el broche final a varias semanas de roces que previsiblemente continuarán mientras se debate la futura ley estatal de vivienda que pondrá coto a las rentas del alquiler.

El acuerdo está a caballo entre la norma inicial que puso fin a los desahucios ligados a la crisis al comienzo de la pandemia y la suspensión de todos los lanzamientos que pedía Unidas Podemos. A grandes rasgos, no se podrá echar de su vivienda a quienes no tengan una alternativa habitacional, que deberá ser siempre una "vivienda digna", explican fuentes de la vicepresidencia segunda. El pacto, sin embargo, no incluye la prohibición de cortar los suministros básicos.

Uno de los aspectos más polémicos era cómo incluir en la norma a aquellas familias en situación de vulnerabilidad previa al Covid-19, ya que la actual prohibición (que finalizaba el 31 de diciembre de 2020) solo tenía en cuenta a aquellos hogares que pudiesen demostrar que se encontraban en una situación complicada derivada de la crisis sanitaria. Según avanzan estas fuentes, se ha acordado que los lanzamientos se suspendan siempre que no haya una alternativa habitacional "digna", que deberá ser una vivienda y, por ejemplo, no un albergue, explican. 

El acuerdo entre las dos formaciones que componen el Gobierno de coalición no contempla la prohibición de cortar los suministros a estas familias. Esta era una de las exigencias que Unidas Podemos planteó en un principio en la enmienda registrada junto a ERC y Bildu al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), retirada ayer. El pasado jueves, Iglesias ya había anunciado que el Ejecutivo pondría en marcha una medida en los próximos 15 días para frenar los lanzamientos, pero no incluyó los cortes de luz, agua y gas.

Según explican fuentes de la vicepresidencia, las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional. Esta "condición de vulnerabilidad" la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio.

La medida también afectará a aquellas familias "en precario", es decir, okupadas, que estén en una vivienda de un gran tenedor (un propietario físico o jurídico con más de 10 inmuebles). En este caso, las autonomías tendrán "un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para estas familias".

Hasta ahora, según la norma, no se puede echar de su vivienda a quienes paguen un alquiler y se encuentren desempleados debido a la crisis, a quienes haya sufrido un ERTE, a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos. Sin embargo, hay que demostrar que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere ciertos umbrales o que la situación de vulnerabilidad nace de los efectos de la pandemia, entre otros criterios.

Todos estos requisitos han hecho que los desahucios por impago del alquiler se disparen después de que la actividad jurídica se reiniciase después del primer estado de alarma. según denuncias plataformas como la PAH o los sindicatos de inquilinos. Hace varias semanas, el propio ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se mostró visiblemente sorprendido al conocer que se había producido el lanzamiento de una familia sin alternativa habitacional. "En teoría, estos desahucios están prohibidos", dijo.