La economía y las empresas reclaman algo más que escudos de gasto

No estaría de más mantener la flexibilidad en los mercados de bienes y servicios, además de la normativa laboral, para que la demanda pueda movilizar la actividad

No hay un consenso absoluto sobre el comportamiento de la economía en este final de año, como no lo hay sobre la velocidad de la recuperación en 2021 y 2022. Pero concita cada vez más adeptos la tesis de que caminará más lenta de lo estimado en los próximos años, y que tardará más en recuperar los niveles de producción y de empleo de antes de la pandemia. Mientras el Gobierno asegura que hay evidencias que apuntan a un crecimiento, aunque sea mínimo, del PIB este trimestre (contratación laboral, recaudación fiscal, etc.), el consenso de los analistas consultados por Funcas determina un descenso medio del PIB intertrimestral del 3%, una línea de trabajo con la que comulga la propia OCDE, que ayer actualizó las previsiones para España. Esta contracción, consecuencia directa de las restricciones de la segunda ola del Covid, sería también responsable de un crecimiento menos vigoroso en los años venideros, con estimaciones para el organismo internacional que solo suponen la mitad del avance del estimado por el Gobierno, limitándolo al 5% en 2021 y al 4% en 2022, una suerte de anemia económica tras la fuerte caída de este año que impediría recuperar los niveles de producción antes de 2023. Aunque valora el activo que pueda aportar el macroproyecto de inversión de la UE, considera que podría no estimular a las pequeñas y medianas empresas, y que la debilidad del empleo, observada ya en el estancamiento como si de un fenómeno estructural se tratara del colectivo en expedientes de regulación temporal, restará pujanza al consumo interno, el mayor componente del PIB.

Reclama el organismo con sede en París mantener los escudos de protección social y empresarial, pero, al igual que ya han indicado instituciones como el Banco de España, quiere agilizar los mecanismos de salvamento de empresas viables y de liquidación de las inviables, con una reforma de los procedimientos concursales, judiciales y extrajudiciales que, cierto es, las autoridades económicas tienen ya en elaboración. El propio Banco de España alertaba ayer de que el 40% de las empresas, y especialmente las pymes, tienen dificultades para abonar sus facturas financieras, lo que es tanto como decir que están en pérdidas, y seguramente con necesidades de refinanciación urgentes, bajo riesgo cierto de caer en insolvencia. Es lógico pensar que la sombra de los grandes proyectos financiados por la Unión será lo suficientemente alargada como para dar cobijo a firmas de tamaño pequeño y mediano; pero no estaría demás, en paralelo, mantener la protección pública del tejido productivo más vulnerable, vía banca, ICO, impuestos y cotizaciones, y mantener la flexibilidad en los ­mercados de bienes y servicios, además de en la normativa laboral, para que la demanda interna y externa movilice la actividad.