Relanzar el nexo transatlántico de la mano de la transición verde
La UE y EE UU podrían fácilmente alinear sus políticas para la transición a una economía sin carbono
A falta de que el 8 de diciembre los estados certifiquen los resultados, Joe Biden se ha impuesto en las presidenciales con 306 votos electorales frente a los 232 de Donald Trump. En su victoria en 2016 Trump también obtuvo 306 votos electorales y Hillary Clinton sumó 232. El electorado no ha otorgado un mandato rotundo a los demócratas. Los republicanos han reducido la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en siete escaños. De los 11 estados donde se celebraban comicios para el cargo de gobernador, los republicanos se han impuesto en los siete donde gobernaban y siguen aventajando a los demócratas 26 a 24. Es improbable que el presidente acepte públicamente su derrota antes del 8 de diciembre. La estrategia de recursos judiciales que son desestimados y no cooperación con el equipo de transición de Biden pretende movilizar al electorado republicano. Los dos senadores republicanos de Georgia se enfrentan a sus respectivos aspirantes demócratas el 5 de enero en una segunda vuelta.
Ambos partidos están volcando todos sus recursos financieros y políticos en dichos comicios porque de su desenlace depende qué partido ostentará la mayoría en el Senado. Aunque los demócratas ganen ambos escaños, se registrará un empate a 50 senadores que la futura vicepresidenta Kamala Harris rompería con su voto. Una mayoría tan escueta no permitirá a los demócratas aprobar sus medidas más radicales, como la ampliación del Tribunal Supremo o la concesión del estatuto de estado a la capital (Washington DC) y Puerto Rico. La prolongación del estado de campaña electoral sí puede facilitar que republicanos y demócratas aprueben un paquete de estímulo con subsidios federales por desempleo y financiación para los estados y municipios. Los augurios para una transición sin drama no son buenos. La General Services Administration (GSA) es una agencia independiente del Gobierno con 12.000 empleados que contribuye a la gestión de edificios con un valor de 500.000 millones y una flota de 215.000 vehículos. La titular republicana de la GSA ha denegado al equipo de transición de Biden el acceso a edificios y fondos federales.
Los líderes europeos, deseosos de forjar una sólida relación de trabajo con Biden, deberán asumir estas incertidumbres. Afortunadamente, no se extienden a la política económica. La Reserva Federal mantendrá su tasa de fondos federales cerca del actual 0% hasta finales de 2023. En el ámbito comercial, Biden no derogará el renegociado T-MEC y no recurrirá a la imposición unilateral de aranceles. Aunque la OMC falló en su favor en el caso de las subvenciones a Boeing, la UE no debió gravar con aranceles 4.000 millones de exportaciones de EE UU el 9 de noviembre. La aplicación de la tasa digital por parte de cualquier país de la UE debe retrasarse hasta la toma de posesión de Biden para evitar las previsibles represalias de Trump. Hay consenso a ambos lados del Atlántico sobre la necesidad de frenar los abusos en materia fiscal y contra la competencia de los titanes tecnológicos. La UE y EE UU pueden fácilmente alinear sus políticas para la transición a una economía sin carbono. El Plan Verde europeo desembolsará 350.000 millones de euros anualmente entre 2021 y 2030. La Comisión Europea ha incrementado su objetivo de reducción de gases invernadero del 40% al 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990, así como su eliminación total en 2050. El Green New Deal de Biden también aspira a suprimir completamente las emisiones en 2050. Aportará financiación federal de 1,7 billones de dólares a la que prevé se sume la del sector privado, estados y municipios para movilizar un total de 5 billones. Se vincula la revolución verde a la modernización de las envejecidas infraestructuras de EE UU. Cada dólar que se invierta en renovar carreteras, puentes, edificios y la red eléctrica se empleará para reducir y mitigar el cambio climático. Además de reincorporar a EE UU al Acuerdo de París, Biden aspira a que EE UU sea el líder mundial en fabricación de productos y tecnologías verdes, pero creando empleos en EE UU. Presionará a los demás países a adoptar objetivos más ambiciosos, e integrará el cambio climático en la política exterior y comercial de EE UU.
El plan fiscal de Biden prevé un aumento en la recaudación de 3,3 billones en la próxima década. Se subirá el impuesto sobre la renta y sobre la nómina de las personas con ingresos anuales superiores a 400.000 dólares. Se elevará el impuesto de sociedades del 21% al 28%, cuyo recorte del 35% al 21% y amnistía para la repatriación de beneficios de empresas de EE UU en el extranjero provocó la ira de la UE. Desaparecerán las subvenciones a los productores de hidrocarburos y se prohibirá el fracking en terrenos federales. Debido a la falta de una mayoría clara en el Senado, Biden tendrá que recurrir a órdenes ejecutivas y emplear todo su capital político para que se aprueben las mencionadas partidas. En junio de 2021 la Comisión Europea anunciará sus objetivos de disminución de emisiones para transporte, construcción, industria y agricultura.
La Administración Trump, el equipo de Biden y la UE deben coordinar la producción y distribución de las vacunas contra el Covid-19 cuya aprobación sucederá en pocas semanas. Deberían reanudarse las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), cuya meta es armonizar los estándares medioambientales, laborales, fitosanitarios y de calidad de los productos y servicios fabricados y vendidos a ambos lados del Atlántico. Teniendo en cuenta que EE UU y la UE generan la mitad del PIB mundial y una tercera parte de los intercambios comerciales globales, la consecución del TTIP crearía un patrón que las demás economías deberían seguir.
Alexandre Muns es Profesor de EAE Business School. Analista de economía internacional