El plan de la UE de materias primas fundamentales: deberes de España

El marco regulatorio español de aprovechamiento de estos recursos resulta marcadamente deficiente, rayano lo inoperativo

La minería vuelve a estar en primera fila. Y, por vez primera en mucho tiempo, su presencia no es debida a la crítica pública recibida por sus externalidades ambientales negativas, al menosprecio que ha soportado como actividad calificada como propia de economías subdesarrolladas o a su condición de diana de los movimientos conservacionistas, por su supuesta naturaleza depredadora del medio ambiente.

La Comisión Europea presentó el pasado septiembre su Plan de acción sobre materias primas fundamentales. El comisario europeo de mercado interior Thierry Breton afirmó, en la presentación del citado Plan, que “ciertas materias primas son esenciales para que Europa lidere la transición económica y digital. No podemos permitirnos depender completamente de países terceros e incluso de un solo país”.

La Unión Europea importa de países terceros entre el 75% y el 100% de la mayoría de los metales y materias primas fundamentales que requiere su actividad económica y, en especial, muchos de los minerales empleados en los sectores de las nuevas tecnologías y de las energías renovables.

El Plan de acción se enmarca en el proyecto de reconstrucción aprobado como consecuencia de la COVID-19 y frente a la crisis que ahoga la economía de la Unión. La pandemia ha puesto de manifiesto los riesgos asociados a la interrupción de las cadenas de suministro internacionales. Para hacer frente a estos riesgos, la Comisión pretende impulsar un plan de recuperación que aumente la resiliencia y garantice una autonomía estratégica, incardinada en la transición hacia una economía verde y digital.

Los objetivos de desarrollo de la minería en el ámbito de la Unión Europea constituyen uno de los objetivos prioritarios del Plan de acción, que deberán estar operativos en el año 2025. Para ello, tanto los organismos de la Unión, como los Estados miembros deberán acelerar sus programas de actuación y la puesta al día de las normas y gobernanza del sector.

En respuesta a este reto, el Gobierno acaba de lanzar la consulta previa al inicio de los trabajos de redacción de la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales. Con la publicación, el Gobierno coloca, por vez primera en mucho tiempo a escala nacional, el debate sobre el futuro de la minería sobre unas bases constructivas y proactivas, y al sector minero en la primera línea de la transformación digital y energética que demanda nuestro país.

España no se encuentra en una buena posición de salida. El marco regulatorio del aprovechamiento de minerales es marcadamente deficiente, rayano lo inoperativo. La minería ha sido normada en España, salvo contadas excepciones, en negativo durante las últimas décadas. El déficit regulatorio constituye una traba, en ocasiones, insuperable para la ejecución de proyectos. Nuestro marco jurídico se caracteriza por el amontonamiento de normas y competencias que caen desordenadamente sobre unos proyectos que deben enfrentarse a criterios dispares y tiempos de gestión indefinidos, ante diferentes órganos de distintas administraciones públicas.

Si referirse a la desactualización de la vigente Ley de Minas es poco menos que un tópico clásico en el sector, otro tanto cabe decir del listado nacional de materias primas estratégicas, cuya última referencia data de 2002, y cuyo alcance limitado, a los solos efectos fiscales, impide extraer todo el potencial de dicha declaración.

Resiliencia, no-dependencia, garantía de abastecimiento, empleo en el despliegue de nuevas tecnologías, utilización en la fabricación de componentes de equipo para las energías renovables o la nueva movilidad sostenible son, entre otros, conceptos novísimos que hallan su fundamento en un sector tradicional, como el minero, comprometido y capaz hoy, tecnológicamente, de garantizar el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales.

Hay mucho en juego. El éxito de la UE en el proceso de transformación y modernización de su economía depende de que consiga garantizar de forma sostenible las materias primas primarias y secundarias que necesita para ampliar el uso de tecnologías limpias y digitales en todos los ecosistemas industriales de la UE.

La Comunicación de la Comisión concluye de la manera citada en el párrafo anterior; i.e con una advertencia, lanzada en un momento histórico de cambio tecnológico y de implantación de un nuevo modelo energético, acerca de la trascendencia que la correcta definición del marco legal, financiero y operativo en el que la minería deba desenvolverse en los próximos años tendrá en la eficaz definición de políticas públicas y decisiones empresariales exitosas en nuestro sector industrial.

El reto emprendido por el Gobierno debe por ello ser ambicioso y mayúsculo. Ojalá que el nuevo léxico que inunda los papers comunitarios en estos días impregne también esa hoja de ruta de “Macroproyectos tractores”, de “Gobernanza y mejora regulatoria” o de “Nuevos Valles mineros”; y que la minería, de nuevo, vuelva a ser, como lo fue en anteriores transformaciones económicas, protagonista en la nueva revolución digital y energética.

Y así deberá ser porque como siempre escuché decir a mi amigo Arturo, viejo ingeniero de minas asturiano: “Todo es minería. Tras las cosas, todo es minería”.

Carlos Mínguez es Socio de Andersen