Los líderes de la UE aceptan alargar la negociación, aunque se preparan para un Brexit duro
Un requisito es que se respete el acuerdo de retirada inicial. Londres responderá este viernes
Los jefes de Gobierno de la UE han dado este jueves su beneplácito al negociador comunitario, Michel Barnier, para que prosiga con la ronda de conversaciones con su homólogo británico, David Frost, a fin de lograr un acuerdo que rija las relaciones comerciales entre Bruselas y Londres a partir del 31 de diciembre, cuando se consuma definitivamente el Brexit económico. Siempre, eso sí, aplicando "plenamente" el acuerdo de retirada y sus protocolos, recoge la nota de conclusiones aprobada hoy por los 27 líderes en una cumbre de la que tuvo que ausentarse repentinamente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tras conocer que un miembro de su equipo había dado positivo en Covid-19.
"El Consejo Europeo reafirma la determinación de la Unión por mantener una asociación lo más estrecha posible con el Reino Unido sobre la base de las directrices de negociación del 25 de febrero de 2020, respetando las directrices del Consejo Europeo previamente acordadas". En particular, explica el texto, la que atañe "a la igualdad de condiciones, la gobernanza y la pesca".
La nota del Consejo supone un aviso directo a Londres, en trámites de aprobar una ley que rompe con ciertos puntos del citado acuerdo de retirada, principalmente los relacionados con la actividad comercial en la frontera con Irlanda del Norte. Y los 27, conscientes de lo complicados que serán los casi 100 días que quedan hasta el 31 de diciembre, instan "a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión y a todas las partes interesadas a que intensifiquen su labor de preparación a todos los niveles y para todos los resultados, incluido el de la falta de acuerdo". Así, invitan a la Comisión a que planee posibles medidas de contingencia unilaterales y de duración limitada que sean de interés para la UE si finalmente el Brexit culmina a las bravas.
Después de la resolución comunitaria le toca mover ficha a Reino Unido, que ya dijo que se pronunciaría tras las conclusiones de sus antiguos socios. David Frost adelantó este jueves, poco después de conocerse el texto aprobado en el Consejo, sentirse “decepcionado” con la resolución, según declaraciones recogidas por Reuters, y dijo que el Gobierno de Boris Johnson se pronunciaría este viernes.
El negociador británico se muestra "decepcionado" con la resolución
Los dos bloques se habían dado de plazo hasta hoy, 15 de octubre, para encontrar un atisbo de pacto que tras intensas y duras rondas no ha terminado de llegar. La situación sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus y el enroque británico al proponer una ley que rompía con el acuerdo inicial sobre el que se basarían las negociaciones, no han propiciado el acercamiento. No obstante, los 27 socios están dispuestos a alargar durante varias semanas el que ya es el capítulo definitivo del Brexit siempre y cuando Reino Unido muestre interés por hacer lo propio.
En el caso de que la ronda siga adelante, fuentes diplomáticas recuerdan que sigue siendo muy complicado llegar a un acuerdo debido a las fuertes divergencias en aspectos clave como la competencia o la pesca y a que el tiempo apremia.
El propio presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado poco antes del Consejo que "es posible que no tengamos acuerdo", y ha asegurado que defenderá a capa y espada los intereses de la flota pesquera gala, la que más intereses tiene en lograr una resolución que rebaje lo mínimo posible las cuotas en aguas británicas. "En ningún caso nuestros pescadores serán sacrificados por el Brexit". El presidente español, Pedro Sánchez, ha instado por su parte a ambos bloques a encontrar un acuerdo, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente italiano, Giuseppe Conte, han remarcado también que el pacto no puede llegar "a cualquier precio".
El presidente del Consejo, Charles Michel, instó también a acercar posturas a fin de encontrar un punto común que defienda la competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias y proteja los empleos en Europa. "Queremos un acuerdo, pero no un acuerdo a cualquier precio, porque consideramos que mantener la igualdad de condiciones y garantizar la integridad del mercado interior es una cuestión de equidad", dijo el ex primer ministro belga. "El acuerdo de retirada debe aplicarse en su totalidad. Punto final", añadió.
Los puntos de la discordia
El level playing filed o campo de juego nivelado es una de las exigencias de la UE en estas negociaciones. Bruselas pide que el futuro acuerdo incluya garantías para asegurar una competencia abierta y justa entre las empresas británicas y comunitarias, de modo que las compañías del Reino Unido no se vean beneficiadas con ventajas de las que no pueden disfrutar las entidades europeas, como el mayor acceso a las ayudas de Estado.
La UE quiere para ello que el Gobierno británico se comprometa a que sus regulaciones en áreas como las ayudas estatales, los estándares sociales, laborales, medioambientales y climáticos o la fiscalidad no se diferencien excesivamente de las comunitarias cuando el Reino Unido tenga acceso al mercado europeo como país tercero.
La pesca es otra de las grandes cuestiones que alejan el consenso. El club comunitario, con España y sobre todo Francia a la cabeza, defiende mantener una situación lo más similar posible a la actual, en la que las flotas comunitarias tengan acceso a aguas británicas con las cuotas pactadas. Sin embargo, Londres apuesta por negociar anualmente estas cuotas con los países del bloque.
Toque de atención por la reforma del CGPJ
La Comisión Europea ha dado un toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez sobre su propuesta para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si bien Bruselas ya instaba a la renovación del órgano de los jueces desde hace dos años, considera que la maniobra que baraja Moncloa, y que implica que deje de necesitarse el voto favorable de tres quintos del Congreso, puede chocar con ciertas garantías del Estado de derecho. El Ejecutivo comunitario pide al Gobierno de Sánchez que consulte a todas las partes implicadas y que pida la evaluación de la Comisión de Venecia, el órgano europeo encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en todas las reformas judiciales.
La posible reforma del CGPJ, sin embargo, no supondría a priori un freno para el desembolso de los fondos europeos, sujetos a debate entre el Parlamento Europeo y el Consejo por, entre otros puntos, su vinculación al cumplimiento con el Estado de derecho, un asunto relacionado a día de hoy únicamente con Polonia y principalmente Hungría.
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