España adelanta a las autonomías parte del dinero europeo porque ve “probable” que el fondo se retrase

La vinculación del dinero con el Estado de derecho sigue enfrentando a Consejo y Eurocámara

La ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero. EFE

El Gobierno de España, consciente de que el desembolso de las ayudas europeas –que aún está debatiéndose en la Eurocámara y en el propio Consejo– puede demorarse todavía durante varios meses, ha decidido adelantar a las comunidades autónomas parte del dinero que recibirá España. En concreto, 10.000 millones de euros para los dos próximos años provenientes del fondo React-UE, tal y como señaló este miércoles en el Congreso la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

La razón, explican fuentes del Gobierno, es que “es más que probable” que algunos puntos de la negociación, como las garantías de ejecución vinculadas a las normas del Estado de Derecho en la UE, sigan bloqueando el presupuesto más elevado de la historia del club en un contexto en el que “las grandes empresas y las pymes no pueden esperar”, recalcan estas fuentes, seguras además de que más socios harán lo mismo, ya que “ni la recuperación económica ni el tejido productivo pueden aguantar más tiempo”. Así, adelantar el dinero “es lo responsable”.

Tras este frente se encuentran el Consejo, con Alemania a la cabeza por su presidencia comunitaria semestral, y el Parlamento Europeo. La gran divergencia está en la vigilancia del Estado de Derecho, que señala a países como Polonia y Hungría, con capacidad directa de vetar el fondo si este se vincula con esta auditoría. Mientras que el Consejo aboga por rebajar los estándares para no inmolar la recuperación, la Eurocámara se niega en rotundo, y exige “no sacrificar” los valores europeos.

El Parlamento, de esta forma, exige que se amplíe el ámbito de aplicación del mecanismo para poder cortar el desembolso de los fondos europeos no solo cuando los requisitos económicos y de reformas adoptados por el Consejo no se cumplan, sino también cuando se vulneren los valores fundamentales de la UE.

Los socios señalados por no respetar valores como la separación de poderes o la no persecución de minorías sexuales, por su parte, amenazan de forma velada con no llevar a sus parlamentos nacionales la ratificación del aumento de los recursos propios, un requisito indispensable para que los socios aprueben oficialmente el fondo y la UE pueda endeudarse para financiar los 750.000 millones de euros que componen el fondo de recuperación.

En medio están los gobiernos europeos, algunos de los cuales, como el español, necesitan el oxígeno del fondo como agua de mayo. Las mismas fuentes del Ejecutivo, sin obviar que el debate sobre el Estado de Derecho es de capital importancia, se posicionan con el punto de vista alemán y piden desbloquear cuanto antes la situación, dando a entender que están de acuerdo con rebajar esa vigilancia hacia Varsovia y Budapest. Estas fuentes, de hecho, reconocen que si bien no es lo más probable, a día de hoy “no podemos garantizar al 100% que el fondo se vaya a aprobar”.

El mecanismo de recuperación no está en la agenda de la cumbre europea que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, aunque desde el Gobierno de España confían en poder “avanzar” en el tema en la medida de lo posible. Sí están en el punto del día, sin embargo, los últimos avances de la negociación del Brexit, que en un principio había marcado el 15 de octubre como fecha límite para tener un atisbo de acuerdo. Pese a que las conversaciones no han llegado ni por asomo a buen puerto a día de hoy, la UE y Reino Unido parecen abrir la puerta a poder continuar en los próximos días e intentar lograr el consenso antes de que termine el año, cuando expira el periodo transitorio adoptado entre Bruselas y Londres y el divorcio económico se consume.

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