El Gobierno aspira a triplicar la inversión pública con las ayudas europeas

Busca elevar la formación bruta de capital del 2% al 6% del PIB en los próximos tres años. Presentará tres decenas de proyectos a la UE para obtener los fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. .

El Gobierno está dispuesto a servirse de las ayudas europeas para relanzar la malograda inversión pública en España como remedio para sacar al país de la crisis del coronavirus. Así figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española presentado este miércoles, en el que sostiene que “las necesidades de inversión pública en España en los próximos tres años se estiman en un 6% del PIB anual, para alinear el país a las ratios de los países más avanzados de la OCDE”, frente al entorno del 2% en el que se había instalado la formación bruta de capital, que marcó mínimos históricos por debajo de ese umbral en 2016.

“El Plan contempla una inversión pública de hasta 140.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, capaces de movilizar importantes recursos privados y aumentar el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2%”, señala el Ejecutivo, que calcula que con una tasa de apalancamiento privado de cuatro euros por cada euro público, las ayudas comunitarias podrían movilizar “hasta 500.000 millones de euros” durante el periodo gracias al uso de instrumentos financieros como fondos público-privados de inversión (“para I+D, startups, o digitalización”, ilustra).

De momento, en todo caso, el plan presentado por el Gobierno se centra en agotar primero los 72.000 millones de euros que prevé obtener en subvenciones, para crear 800.000 empleos y elevar el crecimiento del PIB en 2,5 puntos adicionales, ejecutando íntegramente esta partida entre 2021 y 2023 (el 70% en los dos primeros años). Para calibrar qué parte solicitará de los otros 70.000 millones en créditos que ofrece la UE esperará hasta el límite del plazo, a mediados de 2023.

Mientras tanto, destinará las transferencias comunitarias a iniciativas ligadas a “la reducción del desempleo estructural, el aumento de la inversión productiva, una mayor creación y crecimiento de las empresas, la aceleración de los procesos de reorganización empresarial y desarrollo de redes, la difusión tecnológica, el impulso de la formación del capital humano”, la mejora del modelo productivo y fiscal, o la reducción de barreras de entrada al mercado.

De los 12.000 millones que aspira a recibir del fondo React-EU, ligados a planes de refuerzo de la sanidad y la educación, el Gobierno ha comprometido ya 10.000 para las comunidades autónomas y dejará el resto en manos de Sanidad para la compra de vacunas y la mejora de la atención primaria.

En cuanto a los 59.000 millones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el Ejecutivo ya ha avanzado que, siguiendo el criterio comunitario, destinará el 37% a iniciativas ligadas a las transición ecológica y un 33% a la transformación digital. A partir de ahí, deberá ceñirse a las normas de un fondo que “solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo”. El mecanismo aceptará inversiones en capital humano (educación, formación, salud o protección social, capital fijo (infraestructuras, I+D+i) y capital natural (fuentes de energía renovable natural, protección y restauración del medio ambiente, mitigación o adaptación al cambio climático), que podrán articularse mediante instrumentos financieros, esquemas de ayudas, subsidios u otros mecanismos.

El plan, sobre el que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tendrá la última palabra, será dirigido por uno de sus hombres fuertes en La Moncloa, el director del departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. Su departamento hará seguimiento de la consecución y ejecución de las ayudas y apoyará a la comisión interministerial que gestionará el gasto público, que el Gobierno pretende discutir como regiones y ayuntamientos, y del que se dará cuenta al Parlamento.

Para hacerse con los fondos, el Gobierno enviará un plan de inversiones a Bruselas el próximo 15 de octubre incluyendo 30 de proyectos, subsumidos en una decena de políticas troncales. Estos son los principales:

Ciudades más verdes

En el ámbito de “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”, el Gobierno plantea un plan de choque de implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades; impulsar la fabricación de coches eléctricos; habilitar 100.000 puntos de recarga para ellos; y renovar los transportes públicos. Además, rehabilitará medio millón de viviendas para hacerlas energéticamente eficientes y desplegará techos solares o alumbrado público inteligente. Finalmente, impulsará la digitalización de la cadena agroalimentaria y pesquera.

Infraestructuras

El plan incluye proyectos “modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de infraestructuras clave de transporte”; remodelación de las medioambientales; o programas de reforestación y depuración de aguas. Desde Moncloa aseveran que este apartado incluirá “importantes” recursos destinados a obra pública, pero no los detallan.

Energías limpias

Una parte importante de los proyectos centrados en la consecución de energías renovables, con planes específicos para las islas; en favorecer el uso de biogás o la energía eólica marina y en apoyar a las empresas que las desarrollen. También pasa por mejorar las infraestructuras eléctricas; apostar por el hidrógeno renovable; o por facilitar una descarbonización paulatina.

Administración pública

De puertas adentro, el Ejecutivo aspira a digitalizar la administración pública; reforzar el plan de ciberseguridad de las instituciones; impulsar la rehabilitación energética de sus sedes; y poner en marcha un plan de modernización de integral del sistema de justicia.

Digitalizar las empresas

Otro de los puntales del programa son los planes de digitalización, con especial foco en cuatro sectores: “Salud, automoción, comercio y turismo”, así como en las pymes, a las que se aspira a potenciar e internacionalizar. Del lado del fomento empresarial, destacan también los planes de reindustralización; modernización del turismo (con atención a Baleares, Canarias y las zonas rurales); apoyo a startups y refuerzo de la competitividad de los sectores de construcción, textil, agroindustria y electrónica. Además se desplegará la red 5G y el internet de alta velocidad. El Gobierno destaca que, según la Unión internacional de Telecomunicaciones, “un incremento del 1% en la intensidad de digitalización del país supone un aumento del PIB per cápita de un 0,14%”, y defiende que “la generalización del teletrabajo provocada por la pandemia supone un punto de partida sobre el que apoyar este impulso de la digitalización”.

I+D+i

En el área de ciencia e innovación, destacan los programas relacionados con la inteligencia artificial; el incremento de la inversión en I+D+i; y la renovación del Sistema Nacional de Salud.

Formación profesional

El Gobierno también propondrá a Bruselas crear 200.000 nuevas plazas de formación profesional en cuatro años; modernizar el sistema educativo desde la escuela a la universidad; entregar 250.000 dispositivos con conexión a internet; y ofrecer formación digital al 80% de la población.

Creación de empleo

El Plan de Recuperación anticipa la vinculación del Ingreso Mínimo Vital a políticas de inserción laboral, en colaboración con comunidades y ayuntamientos, como fórmula de experimentación para una reforma integral de las políticas activas de empleo. También plantea diseñar un fondo para la creación de nuevo empleo; fomentar la reducción de la temporalidad y consolidar los ERTE como mecanismo de ajuste temporal en las crisis. Además, plantea inversiones en el sector de cuidados a mayores y dependientes, como actividad al alza en un país seriamente envejecido.

Industria cultural

El Ejecutivo propone “posicionar a España como centro de referencia para la producción audiovisual y el sector del videojuego, mediante la tracción de inversiones y talento”; fomentar el mecenazgo de actividades culturales; y potenciar el turismo deportivo, mejorando las infraestructuras.

Reforma tributaria

Finalmente, el Gobierno presenta una batería de medidas que no requerirán fondos comunitarios, sino que aspiran a reforzar los ingresos públicos españoles cuando se agoten las ayudas. El Plan reconoce que el déficit público se disparará este año por encima del 11% del PIB, elevando la deuda al 118%, lo que achaca en un 40% a las medidas desplegadas por la pandemia, y en un 60% a la caída de la recaudación y el mayor gasto en desempleo. Ante esta coyuntura, Hacienda se compromete con Bruselas a mejorar los ingresos del sistema tributario español, en primer lugar impulsando, de forma inminente, una ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, o con las tasas Google y Tobin, que entrarán en vigor en enero. A partir de ahí, el Gobierno promete tender a converger con la ratio de ingresos sobre PIB de la UE; actuar en tributación medioambiental; revisar tipos de IVA reducido; y seguir las recomendaciones de la Airef para reducir el gasto público. En paralelo, asegura que propondrá al Pacto de Toledo medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, como el retraso de la jubilación o el fomento de los planes de empresa.

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