Vayamos ya hacia una nueva fiscalidad del automóvil

La actual regulación no responde a la realidad social, el desarrollo tecnológico y los objetivos medioambientales, así como a las tendencias del mercado

Vayamos ya hacia una nueva fiscalidad del automóvil

Hace dos años, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo permitió al sector del automóvil usar un valor correlado de los valores de emisiones de dióxido de carbono (CO2) del nuevo ciclo de homologación de emisiones y consumos de los vehículos, el WLTP, con los valores de la anterior homologación, el llamado NEDC. En la práctica, la medida que escondía este galimatías de siglas supuso una prórroga que durará hasta finales de este año. Todos coincidimos en que la aplicación de la nueva homologación, que busca más precisión en la medición de emisiones, hubiera hecho que muchos de los automóviles exentos del pago del impuesto de matriculación en España (cerca del 90%) hubieran sido penalizados con este gravamen, y también que otros que ya lo pagaban tuvieran que afrontar un tramo fiscal mayor. Es decir, un encarecimiento en toda regla que hubiera lastrado el fortalecimiento del mercado de la automoción.

Pues bien, el tiempo pasa muy rápido, y ahora nos encontramos, a falta de solo tres meses para que se acabe ese régimen transitorio, en la misma disyuntiva: la entrada en vigor del WLTP el 1 de enero de 2021 afectará a la fiscalidad de muchos coches matriculados, que incrementarán sus precios, no por la dinámica del mercado, sino porque cambiarán, como ya he explicado, sus tramos impositivos.

Ni que decir tiene que esta situación, aunque prevista, llega en el peor momento posible. Nadie contaba hace dos años con una crisis sanitaria ni con su consecuente crisis económica y de consumo. Nada podría hacer más daño a la recuperación que un encarecimiento repentino de los vehículos que se comercializan en nuestros concesionarios. El impacto negativo sobre las matriculaciones sería inmediato y no solo nos afectaría a nosotros, sino que correría peligro también el empuje que tenemos sobre otros sectores (lo hemos demostrado muchas veces, y estamos en disposición de volverlo a hacer).

¿Qué hacer entonces? El contexto, tan complicado e incierto, es la oportunidad para poner en marcha todas aquellas medidas capaces de dinamizar la economía y afrontar los grandes retos del país. El momento pide dejar de lado los parches y abordar ya una reforma fiscal del automóvil que, al mismo tiempo, resuelva la disyuntiva que al final de este año nos plantea el nuevo ciclo de homologación. Por cierto, esta reforma está en la agenda del Gobierno, dentro del Plan del Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción, que contempla una “reforma integral de la fiscalidad sobre vehículos en coordinación con las Administraciones Territoriales”.

La actual fiscalidad del automóvil no responde a la realidad social, al desarrollo tecnológico de los automóviles o a las nuevas dinámicas del mercado; tampoco está en línea con los objetivos medioambientales que todos buscamos y que desde la Unión Europea nos están exigiendo.

Una nueva fiscalidad permitiría atender esas circunstancias y sería el mejor instrumento para favorecer la introducción de vehículos más eficientes; o sea aceleraríamos la descarbonización de la movilidad, que además sería ordenada y justa, como venimos proponiendo desde los concesionarios. En esta misma línea, supondría un revulsivo para fomentar la renovación de nuestro envejecido parque, uno de los más antiguos de Europa. Finalmente, y no menos importante, incentivaría la demanda y apuntalaría el mercado en este momento tan volátil.

Eso sí, no caben planteamientos que únicamente pasen por incrementar la fiscalidad sobre un sector clave para la economía de nuestro país y la movilidad de los ciudadanos, especialmente si se plantea de manera dispersa por parte de algunos gobiernos autonómicos. Me refiero al impuesto al CO2 que se ha planteado en Cataluña y, más recientemente, en la Comunidad Valenciana. Estas situaciones generarán inseguridad y un agravio comparativo a sus ciudadanos, ya que van a soportar un nuevo gravamen por el simple hecho de poseer un vehículo (incluso a aquellos que últimamente han adquirido uno más eficiente) que no soportarán los habitantes de otras regiones. Por ello, y también para acometer la descarbonización, a la par que se da una certidumbre que los consumidores necesitan más que nunca, es imprescindible que el Gobierno lidere e impulse la nueva fiscalidad, asegurando especialmente la igualdad de toda la ciudadanía, independientemente de la comunidad en que vivan.

Hay tiempo para abordar este cambio. El sector lleva años trabajando seriamente en propuestas realistas que permitirían avanzar con agilidad hacia esa fiscalidad integral del automóvil cuyas líneas maestras y criterios serían estrictamente medioambientales. La propuesta sería vincular la reforma fiscal al uso del vehículo, de tal manera que se pene, bajo el principio de “quien contamina paga”, a los vehículos más contaminantes y se favorezca así un uso racional y eficiente del vehículo privado. Tiene que ser un instrumento para reducir las emisiones del parque, pero también para incentivar que los consumidores renueven su vehículo, pero siempre sin que los colectivos más vulnerables queden excluidos de la movilidad sostenible.

El automóvil pondría todo de su parte para lograrlo, desde el convencimiento de que el cambio sería un revulsivo para la economía, el empleo y el consumo. Y mientras tanto, impidamos este impacto fiscal que, de no hacer nada, llegará en enero 2021 y sigamos trabajando en las líneas ya esbozadas para encontrar ese nuevo marco fiscal sostenible y de futuro para la automoción. Vayamos a por ello porque es el momento.

 Marta Blázquez es vicepresidenta ejecutiva de Faconauto