La patronal madrileña pide que el Fogasa pague el 50% del despido para facilitar el paso del ERTE al ERE
Garamendi exige que Gobierno facilite el coste de los ERTE para negociar su prórroga y Casado pide un contrato bonificado para los despedidos por la pandemia
El presidente de la patronal madrileña (CEIM) Miguel Garrido, ha presentado hoy un "paquete extraordinario de medidas de urgencia" para reanudar reimpulsar la actividad del tejido productivo. Entre las medidas de carácter laboral, ha propuesto "facilitar transito del ERTE al ERE" cuando el pago de indemnizaciones por despido ponga en peligro la viabilidad de la empresa.
Para estos casos, Garrido ha reclamado, durante la clausura de la Asamblea General de CEIM, que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asuma el 50% del coste de las indemnizaciones por despido cuando su coste ponga en riesgo la supervivencia de la compañía.
Junto a ello, el líder empresarial madrileño ha solicitado "la reimplantación del contrato de nueva actividad" de hasta tres años de duración, que fue eliminado en 1997 por su carácter precario, ya que su única causalidad era la incertidumbre de cómo marchará el negocio durante ese tiempo. Precisamente, el presidente del PP, Pablo Casado, que también ha intervenido en esta asamblea empresarial, ha propuesto la creación de una "modalidad de contratación bonificada" para quien haya perdido su empleo por motivos relacionados con el Covid-19.
Dentro de este paquete incluyen también la reclamación de un año más para la amortización de los créditos ICO. En este sentido, Casado también ha anunciado que su grupo parlamentario va a registrar hoy mismo "una solicitud para que los créditos ICO tengan una carencia de pago de un año más y las empresas no tengan que devolverlos cuando aún no se han recuperado las ventas y la facturación".
Finalmente, las medidas de urgencia que han demandado hoy los empresarios madrileños incluyen "anular los privilegios que tiene la Administración en los procesos concursales" y la adopción del modelo de ERTE alemán, en el que la empresa puede reducir la jornada de sus trabajadores y el Estado cubre hasta dos terceras partes del salario y el 100% de las cotizaciones, al tiempo que el empleado se forma durante las horas de su jornada reducida.
En esta asamblea también ha intervenido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para exigir al Gobierno que facilite cual está siendo el coste de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) tanto en prestaciones de desempleo como en exoneración de las cotizaciones. "Falta información de los costes de los ERTE, queremos saber lo que han costado en la parte de los trabajadores y de las exoneraciones a las empresas; es muy difícil sentarse a una mesa a negociar sin información", se ha quejado Garamendi. No obstante, hay que precisar que el Ministerio de Trabajo sí ha cifrado en unos 10.000 millones de euros el coste de las prestaciones desde abril, por lo que solo faltaría conocer la financiación de las exoneraciones empresariales que gestiona la Seguridad Social.
El líder empresarial también apuntó a esta diferencia de criterios con el Gobierno en la negociación de los ERTE: "Queremos que los ERTE vayan a la gente que lo necesite". De esta forma, defendía la concentración de las exoneraciones empresariales en los ERTE de fuerza mayor totales en sectores y empresas que no pueden reanudar su actividad, en lugar de bonificar más a los trabajadores que se incorporan a su actividad desde un ERTE, como ha planteado el Gobierno hasta ahora.
El máximo líder patronal se ha quejado también de que "se nos están abriendo mucho más melones para los que no es el momento". Y se refirió concretamente a la regulación del teletrabajo: "se está queriendo legislar estructuralmente desde una situación coyuntural", ha indicado respecto a la mesa de diálogo social abierta para regular el trabajo a distancia. Cuando pase la pandemia, ha dicho, "no va a haber un 35% de personas teletrabajando; la empresas no lo quieren y los trabajadores tampoco", ha dicho Garamendi, para acto seguido pedir más mesura en esta negociación de esta normativa legal que aún no se ha cerrado.
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