La fusión del banco público amenaza con dividir a los socios de Gobierno
La vicepresidencia de Iglesias ve “preocupante" la operación. Calviño, más cauta, prima la recuperación de parte del rescate
La fusión que estudian llevar a cabo CaixaBank y Bankia, que daría a luz al mayor banco por volumen de activos dentro del territorio español, puede convertirse en un nuevo elemento de fricción entre los socios de coalición del Gobierno. Mientras que la vicepresidencia económica que dirige Nadia Calviño se muestra cauta y aboga por buscar la mejor opción para recuperar el rescate a Bankia, desde la vicepresidencia de Asuntos Sociales, que tiene al frente a Pablo Iglesias, consideran que la operación es “preocupante”.
Así lo manifestó el viernes la mano derecha de Iglesias en el Ministerio, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, que en su cuenta de Twitter arremetía contra los riesgos que comportaría la operación. “De la última crisis salimos con una importante concentración bancaria. Seguir profundizando la oligopolización del sector financiero no es una buena noticia para la competencia del mercado, ni para la propia estabilidad del sector financiero”, alertó, alegando que la Gran Recesión “nos enseñó que tener entidades financieras ‘demasiado grandes para quebrar’ (too big to fail) genera importantes riesgos para la estabilidad del sector: comportamientos de riesgo moral, de captura institucional...”.
Álvarez también subrayó que este tipo de fusiones suelen provocar despidos masivos 0y defendió la necesidad de “desarrollar una banca pública eficiente, como por ejemplo tiene Alemania”. “Bankia puede ser el embrión para ello, y por tanto el Estado no debe abandonar su participación en el capital, reprivatizando la entidad”, concluyó, defendiendo que “el Estado invirtió 24.000 millones en sanear Bankia y por tanto debe proteger a los contribuyentes” en lugar de usarla para “mejorar la rentabilidad de otras entidades”.
Sus manifestaciones contrastan con las realizadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se limitó a subrayar que “el Gobierno tiene una prioridad en relación con Bankia: proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país. Estos son los principios que guiarán cualquier decisión en este ámbito”.
El Estado aún posee el 61,8% de Bankia, a la que insufló 22.400 millones de euros en 2012 de los que apenas se han recuperado 3.300 millones, mientras que su participación bursátil apenas valía el jueves 2.000 millones de euros. De prosperar el plan de fusión, el dilema del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) sería el de evaluar si podría recuperar una mayor cuantía de fondos con Bankia en solitario, o disponible para otras posibles operaciones, o pasando a controlar el 14% del nuevo gigante bancario español, del que podría vender participaciones de pequeño tamaño con mayor facilidad. Eso sí, aunque Bruselas viene prorrogando los plazos, conviene recordar que el Estado está obligado a privatizar Bankia a medio plazo.
Pese a ello, Unidas Podemos ha venido apostando por conservar la titularidad estatal de Bankia para utilizarla como una suerte de banca pública que permita apoyar determinados proyectos, una idea que no casa con el mandato de Bruselas ni con los preceptos, más ortodoxos, de Calviño.
La posible disparidad de puntos de vista entre los socios de Gobierno en cuanto a la operación no sería la primera, siendo quizás la más sonada la división que produjo entre los polos que representan Calviño e Iglesias el debate en torno a la derogación integral de la reforma laboral del PP, que la primera descartó tras prometerla el líder de Podemos.
Por su parte, el principal partido de la oposición, el PP, ve con buenos ojos la operación de fusión entre CaixaBank y Bankia. “Frente a las ensoñaciones marxistas de una parte del Gobierno en relación a la banca pública, en el PP creemos que operaciones como esta son positivas. Necesitamos un sistema financiero fuerte y competitivo”, dijo la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, que manifestó que la operación podría ser positiva, si bien reclamó protección para clientes, depositantes y trabajadores. Rodríguez pidió, además, la comparecencia de Calviño para detallar la letra pequeña de la fusión.
