Especialmente ahora, más empresas con propósito
La opinión pública enjuiciará el papel de las corporaciones en los problemas sociales
Hace unas semanas, Danone se convertía en la primera multinacional francesa en incorporar su propósito social y ambiental a los estatutos sociales de la compañía, dando respuesta a la ley Pacte del año 2019. Entre otros aspectos, esta ley establece que las empresas deben ser administradas y gestionadas considerando el impacto social y ambiental de sus decisiones. Y recoge la posibilidad de que incorporen el propósito a los estatutos sociales.
Con la crisis del Covid-19 parecía que las cuestiones vinculadas con el propósito o con la sostenibilidad iban a pasar a un segundo plano. Y es evidente que las compañías han tenido que poner el foco en sus constantes vitales. Pero la crisis ha evidenciado que las empresas más avanzadas en sostenibilidad son más resistentes.
Además, todo parece indicar que se acercan tiempos de mayor escrutinio para las compañías; consecuencia, entre otros factores, de la crisis económica y del consiguiente aumento de la desigualdad. Es sabido que la desigualdad alimenta el pesimismo, que a su vez nutre el populismo. Combatir la desigualdad y el pesimismo es una tarea crítica para nuestra democracia en la que las empresas deben desempeñar un papel clave. La atención al propósito puede ayudarles a ello.
Según los historiadores, la idea de que las compañías se deben a la maximización del valor para el accionista tiene su origen en el año 1919. En aquel año, un tribunal estadounidense resolvió una disputa entre el fundador de Ford y dos de sus accionistas. El primero quería reinvertir en la compañía los excedentes generados con la vocación de “extender los beneficios del sistema industrial al mayor número de personas para ayudarles a construir sus vidas y sus hogares”. Los accionistas (algo más prosaicos) defendían que los beneficios debían ser distribuidos a los propietarios dado que ese debía ser el propósito de la compañía. Ganaron los accionistas.
Durante las últimas décadas, la idea de que el accionista está por encima de cualquier cosa ha ido perdiendo espacio. Quienes se oponen a ella defienden que las empresas deben ser gestionadas teniendo presente a la totalidad de los grupos de interés.
Ya decía Joan Magretta que la empresa es una institución inherentemente social; lo que diferencia a las compañías de las tribus o los clubes de ajedrez es que estos últimos existen para servir a quienes forman parte de ellas mientras que las empresas existen principalmente para servir a personas ajenas a la organización.
El verano pasado, un siglo después de la sentencia de Ford, 200 primeros ejecutivos de algunas de las principales compañías norteamericanas suscribieron la célebre declaración de la Business Roundtable sobre el propósito de las empresas. El documento pedía abogar por la creación de valor para todos los grupos de interés dado que esta aproximación hace más próspera a la sociedad y hace mejores a las compañías.
También en 2019, la British Academy de humanidades y ciencias sociales hacía públicos unos principios en la misma dirección. Inspirada por el economista Colin Mayer, la institución británica entiende que el propósito de las compañías no es otro que “resolver con rentabilidad los problemas de las personas y del planeta”. Los principios que proponen se refieren, entre otros, a que la importancia del propósito de las empresas quede recogida en la legislación mercantil y a que el consejo de administración tenga la responsabilidad de supervisar su cumplimiento.
Ya en 2020, el Manifiesto de Davos del Foro Económico Mundial consagraba también la idea de que las compañías deben maximizar el valor creado para la sociedad y vincular la retribución de los ejecutivos a esta obligación. No obstante, tal y como recordaba el economista Vicente Salas hace algunos meses, la discusión sobre el propósito empresarial no es nueva sino que viene de, al menos, hace 40 años. También inversores de referencia llevan tiempo insistiendo en la importancia del propósito para las empresas saludables.
Evidentemente, la idea de que las compañías establezcan un propósito que formalice su contribución social y que se aseguren de su cumplimiento no está exenta de dificultades. Por ejemplo, cómo determinar el contenido de ese propósito. O cómo establecer métricas que permitan evaluar su cumplimiento y lo hagan creíble frente a una opinión pública descreída.
Pero no avanzar no está exento de riesgos. La opinión pública enjuiciará con severidad el papel de las empresas como parte de la solución a los problemas sociales o como parte del problema. Y si la autorregulación no funciona, seguramente vendrá la otra.
Ramón Pueyo es socio responsable de sostenibilidad y buen gobierno de KPMG en España