Cuando el lobby sale mal en la foto

Hacer lobby es útil, bueno y necesario, pero como toda actividad pública, debe hacerse bajo una regulación adecuada

En noviembre de 2016 la Asociación Profesional de Relaciones Institucionales (APRI) publicó el primer estudio sobre la visión que las empresas españolas tienen de la actividad del lobby. Los resultados revelan dos conclusiones esenciales: nadie duda de su utilidad, pero todos coinciden en la necesidad de que esté bien regulado.

Dos afirmaciones aplicables a otras muchas actividades, pero que en este caso necesitan de algún desarrollo.

La RAE admite la palabra lobby, en cursiva como voz inglesa que es, y la considera un sinónimo de “grupo de presión”, locución que define como “conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social”. Es una definición insuficiente -y es lógico: no hay que pedirle a la docta institución que sea una experta en cada materia a la que se acerca-, pero un tanto tendenciosa, porque las palabras clave de la definición (“en beneficio de sus propios intereses” e “influye”) sitúa el marco mental del lector poco predispuesto a mirar con buenos ojos una actividad tan egoísta y tan avasalladora.

Y es que lobby, lobista y hacer lobby son términos que en España y en español nunca han hecho fortuna. Marcados por connotaciones negativas, en cuyos orígenes no nos podemos detener ahora, los profesionales del lobby llevamos años esforzándonos en dotar a la palabra de la máxima limpieza, al tiempo que buscamos equivalentes en nuestro idioma que, sin ser sinónimos exactos, se aproximen a su significado y remitan a actividades equivalentes, dotadas en el imaginario colectivo de mucha más raigambre y de perfecta legitimidad: relaciones institucionales, asuntos públicos, y propuestas similares.

Sucede sin embargo que la palabra lobby refleja muy bien la actividad que ejercemos sus profesionales: buscamos el modo de dialogar con los poderes públicos para hacerles ver la conveniencia de adoptar decisiones determinadas, en función, como es natural, del interés concreto de nuestros clientes. ¿Es eso presionar? No más de lo que puedan hacerlo los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales o las propias empresas de la competencia. Más que de presionar, nos gusta hablar de influir. Pretendemos influir aportando al gobernante o al legislador los datos o los materiales que nos parecen pertinentes, con la convicción de que la decisión final la adoptará él (o ella) desde el contraste y la valoración de los distintos puntos de vista.

Hacer lobby, por tanto, es útil, bueno y necesario, por la misma razón por la que lo son el diálogo, la comunicación y el intercambio de conocimiento. Pero, como toda actividad pública, siempre que se haga con la regulación adecuada. En nuestra organización, que agrupa a los profesionales del lobby en España, llevamos más de diez años clamando, con relativo poco éxito, por ella. De manera que, mientras llega, hemos optado por autorregularnos y por fijarnos un código de conducta basado en la tripleta de la transparencia, la ética y la integridad como ejes de nuestro proceder profesional.

¿A qué nos referimos con estas tres palabras? A la necesidad de que nuestra profesión y nuestra actividad se doten de unos estándares de calidad a la altura de otras -ligadas al mundo de la consultoría, por lo general- con las que el lobby guarda muchas similitudes, y a la altura del ejercicio profesional que se desarrolla en los países más avanzados en la materia.

El problema en España es que hacer lobby tiene pocas barreras de entrada: no requiere de un título específico, ni hay un carnet al uso, ni un colegio profesional en que el lobista deba acreditarse, ni nadie empeñado en desenmascarar el intrusismo y las malas prácticas de la profesión. El lobby en España -no así en los países anglosajones, ni en el marco de las instituciones europeas- tiene mala fama porque sus inicios estuvieron asociados a opacidad, a prácticas poco limpias, a puertas giratorias, a toda una serie de actividades ambiguas y nada transparentes. Entre los primeros lobistas que se movieron en España -en la España democrática, naturalmente- había poca profesionalidad, mucho voluntarismo y algún que otro sinvergüenza. Con los años, la profesión ha ido adaptándose a las exigencias y a los estándares internacionales, y hay en estos momentos excelentes profesionales, capaces y preparados, y hay sobre todo una generación de jóvenes, muy jóvenes, que anuncian la consolidación definitiva de nuestra profesión.

De vez en cuando todavía se escuchan cosas raras y se lee algún artículo en el que al término lobby solo le faltan el rabo y los cuernos. Pero son pocos, son cada vez menos, y cuando la regulación del sector llegue, que llegará, y pronto, cuando hablemos de lobistas todos sabremos de qué tipo de profesionales estamos hablando.

Frente a lo que suele ser costumbre, no se trata de pedir a la RAE que cambie nuestra definición porque salgamos feos en la foto: se trata de esforzarnos (lo estamos haciendo ya) para que no le quede otra que cambiarla.

Juan Torres es Director de Asuntos Públicos de Deva. Tesorero de la APRI